EL JUEZ LIJO A CONTRAMANO DE OYARBIDE

EL JUEZ FEDERAL ARIEL LIJO

El juez federal Ariel Lijo encontró una manera elegante de evitar que el fiscal Carlos Rívolo siguiera acumulando pruebas para demostrar que Amado Boudou se había interesado en ayudara a un grupo de conocidos a quedarse con la empresa Ciccone que imprime billetes por orden del Estado Nacional.

Lijo no apartó a Rívolo del Caso Ciccone como quería la defensa jurídico-política que ejercen desde el Gobierno para respaldar a Boudou en la Justicia, sino que sumó la causa judicial en la que se investiga el modo en que conocidos del vicepresidente se quedaron con la imprenta, a otra aún mayor que es la que se abrió para conocer la evolución patrimonial del ex ministro de Economía y sus testaferros.

El Caso Ciccone queda dentro de la causa por enriquecimiento ilícito que tiene Lijo junto al fiscal Jorge Di Lello quien imputó al vice y su círculo de negocios y pidió que se realicen decenas de medidas de prueba a las que ayer el dio curso. Lijo ordenó –entre otras cosas– el levantamiento del secreto fiscal y bancario del vicepresidente de la Nación y su entorno. (ver “Igual ...” ).

Rívolo tenía delegado el Caso Ciccone y era quien investigaba con control del juez. Como esa causa se suma a la de enriquecimiento ilícito, será Lijo y no Di Lello quien tenga a su cargo la instrucción de la nueva causa unificada.

La decisión de Lijo permite deducir que para el juez la maniobra investigada sobre Boudou y Ciccone tiene relación con la pesquisa sobre enriquecimiento ilícito del vice ya que varios de los imputados en las dos causas son los mismos .

Rívolo había obtenido pruebas que demuestran la negada relación entre Boudou y Alejandro Vandenbroele, quien encabeza el misterioso fondo de inversión The Old Fund que opera Ciccone desde 2010. Boudou tiene un departamento en Juana Manso 740 piso 25 en Puerto Madero. Está teóricamente alquilado a Fabián Carosso Donatiello, un argentino que vive en España. El contrato nunca fue aportado a la causa judicial. Vandenbroele pagaba las expensas, tenía la línea telefónica, el servicio de cable y de Internet a su nombre. Y era el contacto de la administración del edificio por si había problemas en el departamento. Rívolo avanzó muchísimo para probar la inocultable relación entre Vandenbroele, The Old Fun y Boudou. Por eso, la defensa del vice, ejercida por el estudio del ex número dos de la SIDE durante la Alianza – ahora devenido kirchnerista- Darío Richarte, pidió el apartamiento del fiscal. Lo acusaron de pérdida de parcialidad y de haber filtrado el allanamiento a ese departamento a la prensa. Ninguna de esas cuestiones fueron analizadas por Lijo.

Con la decisión de Lijo el Gobierno consiguió lo que se había propuesto cuando el caso avanzó con mucha velocidad: apartar al fiscal Rívolo.

Pero los términos en que Rívolo se va del caso son menos violentosque los que hicieron que el juez Daniel Rafecas fuera apartado por la Sala I de la Cámara Federal que consideró que el magistrado había perdido la imparcialidad. La tercera víctima del embate del Gobierno para defender a Boudou –los otros son Rívolo y Rafecas– es Esteban Righi, que renunció luego de que el vice lo acusara de intentar ejercer tráfico de influencias a través del estudio de abogados de su familia.

Lijo tomó otras decisiones que mantienen lo actuado por Rívolo como investigador de la causa. Ante el pedido de Diego Pirota defensor de José María Núñez Carmona-amigo de Boudou- de anular el allanamiento al departamento de Puerto Madero, Lijo le dijo que no . Es decir que las pruebas halladas en el procedimiento son válidasAllí se encontraron, por ejemplo, los mails intercambiados por Vandenbroele con la administración del edificio por si había algún inconveniente en la propiedad de Boudou. Consultado ayer por ClarínRívolo admitió que le habría gustado quedarse a cargo de la investigación por negociaciones incompatibles y lavado de dinero por la que está imputado Boudou aunque consideró “razonable” la decisión de Lijo y que sirve para “preservar la prueba” acumulada en el expediente. Lijo, además , criticó con dureza a Pirota debido al modo en que se había manifestado en la audiencia de recusación de Rívolo: le pidió que no agraviara a las otras partes involucradas en el expediente. La investigación sobre Boudou se frenó. Ahora les toca a Lijo y a Di Lello investigar si el vice se enriqueció, si sus amigos lavaron dinero y por qué se interesó en la suerte de Ciccone.

EN UN AÑO EL PATRIMONIO DEL VICE AUMENTO UN 70%

Junto con el desplazamiento del fiscal Rívolo, el juez federal Ariel Lijo ordenó una serie de medidas de prueba para investigar al vicepresidente Amado Boudou y a su entorno por supuesto enriquecimiento ilícito. La medida alcanza también a los socios de Boudou, Carlos López y José María Núñez Carmona y a su supuesto testaferro Alejandro Vandenbroele. Otros de los abarcados por la orden son la actual mujer del vice Agustina Kämpfer y su ex esposa Sandra Viviana Rizzo.

Se trata de pruebas que tardarán meses en concretarse y luego, seguramente, se pedirá un peritaje contable para determinar si Boudou puede justificar con ingresos legales el aumento de su patrimonio. Es decir, puso en marcha una investigación que tardará, por lo menos, un año.

El delito de enriquecimiento ilícito es temido por los funcionarios porque es el único en el que el imputado tienen que demostrar el origen lícito de la plata con la que aumentó sus bienes y no el fiscal probar la maniobra. Hasta ahora la única ex alta funcionaria condenada por este delito fue la ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray.

El patrimonio de Boudou saltó del 2009 al 2.010 de 887.561 pesos a 1.466.030 pesos, según su declaración jurada de bienes del año pasado. Fue un aumento de casi el 70 por ciento aunque el vicepresidente dijo que era menos porque los 145.600 que inscribió en el rubro dólares de su declaración jurada eran, en realidad, pesos.

Para determinar si Boudou puede justificar ese salto patrimonial, Lijo pidió a la AFIP las declaraciones juradas de IVA, ganancias, bienes personales de todos los imputados .

Además, ordenó a los registros nacionales del Inmueble, del Automotor, de Buques y de Aeronaves que le informen sobre todos los bienes que tuvo o tiene el vice y su entorno. Lo mismo pero sobre empresas a las que pertenece a la Inspección General de Justicia (IGJ), al Registro Público de Comercio de la provincia de Buenos Aires y a los registros provinciales. También requirió todos los antecedentes de las empresas Braver Cheeck, Embarcaciones Argentinas, Inversiones Inmobiliarias Aspen, The Old Fund S.A., Ruta Sur Rentals, Sulfargen, Nuevo Federal, La Isleña, Habitat Natural, Danlon, Compañía de Valores Sudamericana S.A. (continuadora de Ciccone) y London Supply S.A.

Al Banco Central de la República Argentina, Lijo le pidió los registros de todas las cuentas bancarias u otros productos financieros de los imputados. Y a Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) que informe la fecha en qué fehacientemente Amado Boudou comenzó a percibir sueldo de la administración pública, nacional o provincial. Antes de llegar a la ANSES en el 2006, Boudou fue secretario de Hacienda del partido de la Costa de la provincia de Buenos Aires.

En su batería de medidas de prueba, Lijo también solicitó a la Oficina Anticorrupción copia de las declaraciones juradas, incluyendo el anexo reservado, que Amado Boudou hubiese presentado dentro de los 30 días de la asunción de su cargo y anualmente durante el desempeño de la función pública a la que hubiere sido designado.

En tribunales a Lijo le dan el beneficio de la duda y no creen que luego de pedir tantas pruebas termine cerrando la causa.