La justicia argentina no es justa. Tampoco independiente. Los casos de corrupción que salpican al Gobierno se ralentizan o adaptan para beneficio del afectado. El más reciente es el del vicepresidente Amado Boudou, investigado en un escándalo de adjudicación de impresión de papel moneda a una empresa en quiebra a la que está vinculado. El juez y el fiscal que le investigaban fueron remplazados por otros afines al oficialismo. Este es el resumen de las demandas de varios miles de personas y de la oposición argentina. Lo expresaron con un abrazo simbólico al Palacio de Tribunales de Buenos Aires y una manifestación en el Cabildo, a pocos metros de la Casa Rosada.
Las consignas de los manifestantes eran variadas: «Boudou es un ladrón», «Se va a acabar la dictadura de los K» o «Juicio a Oyarbide» eran de las más repetidas. Oyarbide es el Juez Federal, de oscuro pasado, que nunca encontró anomalías en el meteórico enriquecimiento de Cristina y Néstor Kirchner desde mayo del 2003, año en el que el difunto presidente llegó a la Casa Rosada con su esposa y sucesora.
«Repudiamos una operación de impunidad que consiste en quitar a todos los que investigan al vicepresidente», denunció Federico Pinedo, diputado de Pro (Propuesta Republicana). Los participantes suscribieron un manifiesto en el que demandan, «una Justicia que actúe con celeridad para que las injusticias no quedan impunes y los delincuentes no entren por una puerta y salgan por la otra…Sin una justicia independiente no hay democracia ni futuro». En otro párrafo insisten, «no podemos quedarnos con los brazos cruzados mientras el Gobierno nacional apadrina un sector de la justicia que se ha vuelto adicta, imparcial y funcional al poder político».
Del Pro destacaban entre los manifestantes, Federico Pinedo, Gabriela Michetti, Jorge Triaca y Paula Bertol. Junto a ellos, estaban los diputados Eduardo Amadeo (Frente Peronista), Patricia Bullrich (Unión por Todos), Carlos Favario (Demócrata Progresista), Omar De Marchi (Demócrata de Mendoza) y los radicales Juan Casañas y Jorge Chemes. Por su parte, el portavoz de la UCR (Unión Cívica Radical) en el Congreso de Diputados, Ricardo Gil Lavedra, declaró que su partido compartía el reclamo aunque cuestionó que el acto se hubiera convocado el día en que se conoció el avance de una causa contra Mauricio Macri (Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y del Pro) de la que se ocupa, con entusiasmo aleatrorio, también el juez Oyarbide.
En el Cabildo, en otro acto, dirigentes socialistas se abrazaron ayer a pancartas con demandas similares y una particular: «No a la reforma para la reelección». El kirchnerismo sondea la posibilidad de una reforma que le permitiría a Cristina Fernández presentarse por tercera vez consecutiva a las elecciones. «Falta transparencia en la gestión pública. Tenemos una justicia que está en deuda con la sociedad… No podemos tener un vicepresidente bajo sospecha», declaró Hermes Binner, socialista y ex candidato presidencial. Margarita Stolbizer, disidente de la Unión Cívica Radical (UCR socialdemócrata) declaró, «hay que garantizar la independencia del Poder judicial. Queremos que cumplan la Constitución, no que la cambien opara perpetuarse en el poder».
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