por Miguel A. Brevetta Rodriguez
La Cámara Contencioso Administrativo Federal –Sala V, aunque en disidencia - aprovechó el auto en tratamiento para para exponer a cerca de la necesidad de reforma de la Ley 21.839 que determina la regulación de los honorarios correspondientes a los abogados y procuradores por su actividad judicial y al mismo tiempo, destacar cierto menosprecio, a la dignidad de los que ejercen esta profesión.
La norma en cuestión estipula prototipos para determinar el monto de los honorarios, debiéndose tener presente: “sin perjuicio de otras que se adecuaren mejor a las circunstancias particulares de los asuntos o procesos: a) el monto del asunto o proceso, si fuese susceptible de apreciación pecuniaria; b) la naturaleza o complejidad del asunto o proceso; c) el resultado que se hubiere obtenido entre la gestión profesional y la probabilidad de efectiva satisfacción de la pretensión reclamada en el juicio por el vencido; d) el mérito de la labor profesional, apreciada por la calidad, eficacia y extensión del trabajo; e) la actuación profesional con respecto a la aplicación del principio de celeridad procesal, y f) la trascendencia jurídica, moral y económica que tuviere el asunto o proceso para casos futuros, para el cliente y para la situación económica de las partes”.
El juzgador informa –previo a un posterior análisis- de lo dispuesto por el art. 7, de la ley aludida, según resulte lo que corresponde a la parte victoriosa, en primera instancia, el honorario será fijado entre el 11% y el 20% del monto del proceso, siempre que resulten son ganadores. Mientras que los honorarios de los abogados de la parte vencida serán fijados entre el 7% y el 17% del monto del proceso.
Advierte el fallo que: “los honorarios de los abogados no podrán ser regulados en sumas inferiores a $ 500 en los procesos de conocimiento y a $ 300 en los procesos de ejecución y que el art. 9 fija los honorarios de los procuradores entre un 30% y un 40% de lo que correspondiere a los abogados”.-
Sobre qué se regula?
Tiene presente, que el honorario se relaciona con el monto del proceso que resulta de la suma de la sentencia o transacción. Pero cabe preguntarnos si los intereses son parte de los honorarios y si a estos se suma la depreciación monetaria producto de los vaivenes inflacionarios a los que nos tiene acostumbrados el ritmo económico de las Nación.
A ello responde con esta jurisprudencia: (CSJN in re: “Autolatina Argentina S.A. (TF 11.358-I) c/ Dirección General Impositiva” y Plenario de este Fuero in re: “Pitchon Gabriel c/ Estado de Israel y otros s/ Juicio de Conocimiento”, expte nº 2.725/93 de fecha 12/7/2007), “…los intereses no forman parte del monto base a considerar para la regulación de honorarios. A ello cabe agregar que tampoco se considera para la regulación la depreciación monetaria, a pesar de lo que dispone el artículo 22 de la ley arancelaria” (al no existir indexación por norma legal expresa).
Es por ello que no escapa al criterio del árbitro, la injusta suerte reservada a la regulación de honorarios: “que en nuestro fuero es en general muy posterior a la sentencia y a veces al cobro mismo de la condena, se regulan honorarios respecto de sumas determinadas a valores nominales que han quedado desactualizadas por el transcurso del proceso que ha durado varios años. A ello se agrega que tampoco integran a los fines de la regulación de honorarios los intereses que han corrido durante el transcurso del proceso.”
Es verdad que en la rutina tribunalicia, la mayoría de los jueces no falla de conformidad a la realidad económico social en donde se desarrollan los negocios jurídicos en juzgamiento y es por ello que aquí se reconoce en relación al honorario: “que al tiempo de regularse se está tomando una suma que puede resultar írrita desde que el transcurso del tiempo y la no inclusión de los intereses la han desactualizado en forma alarmante”.
Profesión y dignidad
Afianza su criterio novedoso y reparador cuando asevera que: “los abogados y procuradores son agentes en la prestación del servicio de justicia y, como lo afirma el propio Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, merecen el mismo respeto que los magistrados” quizá por ello insiste en ratificar lo que acontece con la realidad, pues: “si el tribunal regulase el mínimo de la escala, implicaría sin lugar a dudas por parte del Poder Judicial de la Nación un desconocimiento de la realidad económica que en la actual jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no puede ser obviada por ningún juez en sus pronunciamientos”.
No se puede desconocer a la hora de justipreciar la labor del abogado: “respecto de los mínimos fijados por el art. 8, desde que la suma de $ 500 ha sido determinada en el año 1995, sin que desde aquella fecha hasta la actualidad se encuentre actualizada por la depreciación que obviamente nuestra moneda ha sufrido en más de 17 años.
Como debe ser, los jueces “hablan por sus sentencias” y en este fallo el juzgador pone en su mira crítica, la ley que regula los honorarios y exhorta a que se tenga en cuenta antes del fallo, la dignidad de los abogados y de los auxiliares de la justicia, como así el valor objetivo de lo que se debe percibir por la labor realizada, por ello pide: “ un respeto mínimo a quienes colaboran con el Poder Judicial en evitar los conflictos sociales y hacer justicia entre los ciudadanos, implica tomar en consideración los valores monetarios en juego al tiempo de la regulación de honorarios”.
También se lamenta, por lo que debiera ser y no lo es, ya que: “los intereses no pueden ser considerados, como así tampoco se tiene en cuenta la actualización monetaria, resulta evidente que la justicia debe encontrarse en la no aplicación del mínimo de la escala (11%) sino en un porcentaje mayor; el que deberá considerarse también con el resto de las pautas fijadas por el artículo 6 de la ley arancelaria.
Sin lugar a dudas, se trata de un fallo superador, que se adecua al acontecer diario en conocimiento pleno con lo que sucede en los ámbitos de tribunales -del mostrador para adentro- al entender que: “regular el mínimo de la escala en estas circunstancias, resulta contrario a derecho, por cuanto se desconoce la realidad económica y se desacredita la profesión de abogado y la de procurador, sin las cuales el servicio de justicia no podría funcionar.
Nunca más vigente la palabra bíblica: “Dale al Cesar lo que es del Cesar…
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