Por Hector Gambini
No es sólo Matías Santana -el mapuche de los binoculares-, un chico de 20 años que hizo lo que le dijeron. Ni Lucas Pilquiman, el revelado Testigo E que negaban hasta los que lo crearon y ahora también podría terminar procesado. Ni siquiera es un tema que se agota en el grupo de adultos de mayor edad que integran la nómina de ocho personas denunciadas ahora por falso testimonio en el caso Maldonado, incluidas la madre de Pilquiman y la pareja del indefinible Jones Huala. La cuestión es haber armado un relato cometiendo delitos para sostener una hipótesis con un objetivo político. A cualquier costo. Incluso el de mandar al frente a pibes de 20 años, por más militantes que sean.
La suma de miserias se ocultó detrás de un pedido de investigación de desaparición forzada que al principio del caso Maldonado parecía razonable después de la narración de testigos directos que contaban cómo al artesano lo habían golpeado gendarmes, lo habían cargado en una camioneta y se lo habían llevado con rumbo incierto, con el visto bueno y la aprobación general de todos sus superiores.
Santana sostuvo eso ante un juez que nunca le dio demasiado crédito y lo mantuvo hasta la mismísima aparición del cuerpo de Maldonado en medio del río Chubut, donde las pericias unánimes de todas las partes determinaron que se ahogó. "El cuerpo fue plantado", insistió entonces Santana. Y habló de "responsables políticos" y "medios hegemónicos" para machacar de nuevo: "Yo sé que es verdad, yo vi a Santiago, vi cómo lo golpearon".
Vio lo que nunca ocurrió y lo contó con una precisión que sólo se consigue con un relato armado. Entraron en él un caballo, unos binoculares (era imposible hacer verosímil su visión desde 300 metros sin ellos) y luego, por supuesto, el extravío de esos binoculares cuando se los pidieron para hacerles pericias.
Santana declaró ante la Procuvin antes que hacerlo ante el juez. La Procuvin es una fiscalía que respondía a la procuradora Gils Carbó, quien respondía al kircherismo duro. Pilquiman, el Testigo E, también declaró primero afuera del expediente: lo hizo ante abogados kirchneristas que armaban una presentación directa para la CIDH, un organismo internacional. Había que mostrarle al mundo que la represión institucional había vuelto a la Argentina aún antes que mostrárselo al juez del caso. O, mejor, directamente sin pasar por él.
El Testigo E apareció en el expediente principal recién después de que Clarín revelara la existencia y los detalles de su relato, pensado exclusivamente para el impacto internacional. La verdad no importaba.
Todo se hizo insostenible tras las revelaciones de la autopsia y las pericias y por eso el actual pedido para procesar por falso testimonio a los falsos testigos es una consecuencia jurídica natural. Llega justo después de que los organismos internacionales dieran el caso por cerrado, ante la evidencia de la maniobra y su cotejo con las pruebas reales.
Queda, sin embargo, una cuestión pendiente y aberrante. La responsabilidad política de quienes armaron testigos falsos para mantener un estado de incertidumbre social justo antes de las elecciones de octubre, aún a costa del sufrimiento de una familia que estiraba su agonía cotidiana esperando saber algo de Santiago y que creyó lo que esos operadores le dijeron. Un espanto éticosobre ellos y sobre la buena fe de los miles de argentinos que se preguntaron, durante tantos días, legítima y necesariamente, dónde estaba Santiago Maldonado
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