Por Ricardo Kirschbaum
El candidato Alberto Fernández intenta aparecer ambiguo respecto del caso Santoro, en manos del juez Ramos Padilla, pero no lo logra. Acaba de decir que una cosa es hacer periodismo y otra bien distinta es mandar mensajes extorsivos. Con lo cual deja abierta esa posibilidad, que es la que cree el juez, cercano al kirchnerismo.
En cambio, no fue para nada ambiguo respecto de los casos que involucran a su candidata a vice, Cristina Kirchner. Sin ninguna ambigüedad y nombrando a jueces federales por su nombre y apellido, calificó de “barrabasadas” lo que escribieron en las causas contra su actual compañera de fórmula.
Por esas declaraciones involucrando a varios jueces de las numerosas causas contra la ex presidente, un abogado denunció a Fernández por coacción, que rápidamente el fiscal federal Franco Picardi desestimó por inexistencia de delito. Por supuesto, además de las consideraciones jurídicas, se aludió a la libertad de expresión.
Fernández parece estar seguro de que el juez Ramos Padilla investiga al periodista de Clarín por supuesta extorsión, no por su labor periodística. Esa seguridad, según se infiere de lo que le dijo al diario La Voz del Interior, de Córdoba, parte de lo que ha leído del procesamiento que como como abogado le gusta leer.
Habrá leído entonces también que el juez Ramos Padilla le pidió a la Comisión bonaerense de la Memoria que analice las notas y el trabajo periodístico de Santoro y determine si son o no extorsión. Resulta así un peritaje sin contraperitaje y puede estar constituyendo más que una cuestión de peritos, un tribunal especial que examine el trabajo del periodismo, algo que se debe rechazar con energía. ¿Por qué se eligió la Comisión de la Memoria y no otro organismo que puede estar más ligado a la actividad concreta? Tratándose de un caso excepcional, como es que un ente determine el carácter de un artículo periodístico, Ramos Padilla, aun en su polémica decisión que seguramente terminará en la Corte Suprema, podría haber sido más precavido de contaminar más el caso con la política. Pero lo hizo.
En otro aspecto, el candidato Fernández es contundente. Dijo al periodista: “Si su pregunta es si yo creo que debe haber un control periodístico del Estado, la respuesta es no”. Y luego: “Pero una cosa es hacer periodismo y otra es fingir que uno hace periodismo cuando en verdad lo que está haciendo es mandando mensajes extorsivos”. Y aclaró: “Las notas eran el mecanismo de extorsión. Había metamensajes para los extorsionados”. No lo dice el juez, lo dijo Alberto F.
La libertad de prensa consiste en poder opinar que una cosa es hacer justicia y otra fingir que se la hace cuando en verdad se busca otro objetivo. El caso en manos del juez Ramos Padilla apunta a Santoro, pero sobre todo contra el fiscal Stornelli y el juez Bonadio, que llevan adelante la causa crítica del gobierno K: los cuadernos de la corrupción.
La pregunta es ¿por qué el juez se centró en Santoro y no en otros periodistas que abrevaron de la misma fuente, el abogado trucho D’Alessio? ¿Por qué sólo Santoro? La respuesta posible: Santoro trabaja en Clarín. Ramos Padilla hizo una selección y sienta un precedente peligroso para la libertad de expresión.
El mensaje es muy claro y puede aplicarse por extensión a cualquier otra investigación periodística que se publique ahora o en el futuro.
Esa es la peligrosa deriva de este caso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario