Por Adrián Freijo
– Las teorías libertarias del gobierno nada tienen que ver con la mirada que el ex presidente tenía sobre las cárceles y los delincuentes. La verdad de los hechos.
A poco de asumir su primera presidencia Juan Domingo Perón llevó adelante la más profunda reforma carcelaria que el país haya visto en toda su historia. Comenzando por el cierre del penal de Ushuaia, paradigma de la vergüenza en materia de castigo y que fuera reabierto por la Revolución Libertadora para confinamiento de ex dirigentes del gobierno depuesto en 1955 y luego por el presidente constitucional Arturo Frondizi para meter presos a militantes de la resistencia juzgados por consejos de guerra especiales durante el Plan Conintes, y continuando con un vasto plan de humanización en las condiciones de encierro que tuvo en Roberto Pettinato, director de la Dirección General de Institutos Penales, el mentor y paradigma de aquella filosofía llevada a la practica.
Aquel proceso de mejoramiento en las condiciones del sistema penitenciario fue producto de poner en hechos concretos una política de democratización del bienestar que no fue novedosa, sino que ya estaba instalada en amplios sectores de la opinión pública, de la élite intelectual y de las misma dirigencia política argentina.
Paralelamente se redactó un nuevo reglamento carcelario que se instauró a partir del decreto 35.758, de noviembre de 1947, que reglamentó a la ley 11.833, de Organización Carcelaria y Régimen Penal, y se dispuso un extendido plan de construcción de establecimientos penitenciarios a lo largo y lo ancho de la Argentina. El proyecto incluía la construcción de colonias carcelarias en la Capital Federal y en las provincias; distribuyendo la planificación edilicia en tres categorías, determinadas sobre la base de la cantidad de población y la peligrosidad de los internos.
Como complemento de este cambio de paradigma, el propio presidente intervino en la redacción de un nuevo plan de estudio para los empleados penitenciarios. El 23 de diciembre de 1952 Perón, al hablar ante los egresados de la Escuela Penitenciaria afirmaba que “en la República Argentina, desde 1946, se ha venido propugnando una reforma del sistema carcelario. Esa reforma ha ido hacia la humanización del sistema; vale decir que nosotros consideramos que en esta actividad es donde quizá sea más necesaria la humanización».
Sin embargo, ni en esos primeros años ni en los posteriores, se encuentra una sola alusión ni un solo paso en dirección a la liberación de los delincuentes.
Y mucho menos por problemas de salud: el propio Pettinato promovió como Director General de Institutos Penales una iniciativa en virtud de la cual se procedería a la instalación de un sanatorio penitenciario de montaña en Cosquín, como primer eslabón de una cadena de nosocomios especialmente destinados a la atención de la población carcelaria y que según lo resuelto por el Primer Plan Quinquenal debería contar con 14 establecimientos similares en otros lugares del país.
Ya en su retorno tras el largo exilio Perón no disimuló su furia por la desprolija liberación de presos realizada por el gobierno de Héctor J. Cámpora el 25 de mayo de 1973. Anticipó su regreso y forzó al débil presidente a presentar su renuncia, apenas 49 días después de haber asumido. Un claro ejemplo de lo que era el pensamiento del líder justicialista acerca de esa compulsión por abrir las cárceles que parece ganar el espíritu de algunos que pretenden disfrazar de ideología su complicidad con los delincuentes.
En sus propias palabras Perón definió que «la teoría criminológica resalta la importancia de la clasificación del delincuente con el propósito de determinar su tratamiento. Y más allá de las diversas propuestas, en algo se había alcanzado cierto consenso: los criminales deben dividirse en categorías á los efectos de aplicarles la pena que conviene más al grupo a que ellos pertenecen” (10 de mayo de 1951, ante la Segunda Promoción de la Escuela penitenciaria Nacional).
Una vez más…ni una palabra acerca de libertades anticipadas, conmutaciones o algo que tenga que ver con el adelantamiento del cumplimiento de la pena.
Y en su proyecto de reforma del Código Penal de la República Argentina el gobierno encabezado por Perón sostiene en el escrito de elevación que «la noción de peligrosidad, patrimonio conceptual de la doctrina positivista, será la utilizada en este instrumento jurídico» y el artículo 54 vedaba la promoción al grado “D” – libertad condicional a prueba- a los internos que hubiesen sido clasificados como de elevado índice de peligrosidad por el Instituto de Clasificación.
Todo demasiado claro y contundente, a la luz de los hechos, los conceptos y la historia del propio peronismo, como para no sospechar que Alberto Fernández, la Cámpora y todos los cultores de la libertad indiscriminada de delincuentes ignoran o desprecian lo que el propio fundador de la doctrina que dicen defender sostenía respecto al delito y sus protagonistas.
Una cosa es la humanización del encierro penitenciario y otra muy distinta es llenar las calles de asesinos, violadores, narcotraficantes y…corruptos de toda laya.
Ha sido tan extendida la indignación de la ciudadanía y tan sonoras las protestas que el proyecto ha despertado en la sociedad argentina que, en esta ocasión, no parece exagerado tomar aquellas irónicas palabras de Perón y su posición frente al cumplimiento de las penas aquí recordada para afirmar que antes esto…«peronistas somos todos». Menos, claro está, los que dicen serlo…
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