Por Pablo de Leon
Alberto Ángel Fernández craneó, a poco de asumir como Presidente de la Nación, una reforma de la Justicia federal. Lo hizo en el mismo diciembre de 2019, para ordenar el funcionamiento de ese poder al que criticaba diciendo que “lo que pasa ahí es un estropicio”.Su idea inicial era que avanzara en las sesiones extraordinarias del verano del Congreso de la Nación, cuando su administración generó acciones como la Ley de Emergencia. Pero la discusión sobre los cambios en la Justicia se demoraron. Primero, porque el kirchnerismo quiso terciar en esa reforma y luego, por la llegada de la pandemia en marzo.
Para el cambio en la Justicia, el Dr. Fernández se puso a trabajar el tema personalmente en su computadora. Aupado en que asegura conocer como pocos los temas de Justicia (sigue con sus clases como profesor de Derecho Penal en la UBA), consultó el tema básicamente con tres personas: primero, con Marcela Losardo, su ministra de Justicia y con quien compartió estudio jurídico desde que ambos salieron de la facultad. Luego, con Gustavo Béliz, una de las pocas personas que influencian en la opinión del Presidente, y a quien escucha sobre diversos asuntos de Estado, desde los del poder judicial o el asunto de los servicios de inteligencia, como la relación con los medios, los empresarios o la Iglesia.
A ellos se suma Vilma Lidia Ibarra, la poderosa secretaria Legal y Técnica, cuya palabra es determinante a la hora de definir proyectos del Ejecutivo y la mano que controla, con detalle, todo lo que firma el Presidente. Ibarra ha tenido voz y voto en el proyecto que finalmente llegará al Congreso de la Nación, con seguridad el próximo viernes.
La reforma que ya concluyen esta semana -con celo extremo- Fernández, Losardo, Ibarra y Béliz es la que adelantó Clarín en diciembre último. Pretende acelerar la aplicación del sistema penal acusatorio, en el cual quienes investigan son los fiscales, aprobado desde hace años pero con una implementación gradual. Además, el presidente busca sumar más jueces federales, licuando así el poder de la docena actual de magistrados que se ocupan, centralmente, de las causas de corrupción y narcotráfico.
Esta reforma determinará, casi con seguridad, que queden 46 jueces federales en los tribunales porteños, que resultan de la suma de los actuales (12) más los que hoy se desempeñan en el fuero penal económico (11). Esa suma de 23 juzgados se duplicarán, para llegar a la cifra de 46 magistrados.
No se unirán al fuero, finalmente, los juzgados nacionales porteños, como postulaba Gustavo Béliz, quien perdió terreno pues proponía un plan más ambicioso en números: planeaba llegar a 85 juzgados federales.
Con esta reforma se apunta a trazar un nuevo mapa en Comodoro Py, el mote que recibieron los tribunales federales debido al nombre de la calle del barrio de Retiro donde está emplazada esa mole edilicia. Resta saber qué opinará la oposición de esta iniciativa, cuya letra es desconocida para los alfiles judiciales de Juntos por el Cambio,
El presidente Fernández trabajó en este proyecto final de reforma judicial el último fin de semana, para terminar de definir los fundamentos. En esta iniciativa judicial no entraría la discusión sobre una eventual ampliación de la Corte Suprema de Justicia.
En ese tema sí talla la opinión de Cristina Fernández de Kirchner, quien quiere un tribunal supremo con mayor cantidad de integrantes. La actual conformación, con 5 jueces, es la ideal para el Presidente. ¿Cómo se resolverá esa diferencia? Con la conformación de un consejo consultivo integrado por juristas, a quienes el jefe de Estado convocará para que le den su parecer sobre posibles reformas en el ámbito de la Justicia.
Para eso, ya se lo vio en Olivos a Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta en las causas sobre corrupción. Beraldi es la voz que Cristina autorizó para estas discusiones. Que el nombre del doctor Beraldi pueda ser integrante de este Consejo sería muy polémico, pues es el representante legal de CFK, quien tiene ante la Justicia federal múltiples causas de corrupción, tal vez las más escandalosas de un dirigente político en democracia.
Otro nombre de peso que apareció para opinar de estos asuntos es la León Carlos Arslanian, ex socio histórico de Beraldi y actual abogado de Ricardo Echegaray. Esta es una voz relevante para el peronismo y quien ocupó cargos importantes: se destacó por haber integrado el tribunal que en 1985 condenó a los militares que gobernaron durante la dictadura militar en el llamado Juicio a las Juntas. Fue ministro de Justicia de la Nación con Carlos Menem y ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
Como contó Clarín, en la Corte creen que la ampliación del Máximo Tribunal sólo tiene como objetivo aliviar la situación judicial de la ex presidenta.
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