Por Gonzalo Abascal
Tiene que ver con el sentido común, más allá de pertenencias políticas o argumentos legales. La presencia de Carlos Beraldi, abogado defensor de Cristina Kirchner en causas por corrupción, en el Consejo que analiza el funcionamiento de la Justicia, es una grosería que no necesita de ningún sofisticado análisis técnico para advertirlo. Parece una provocación y es una provocación, condenada de modo unánime salvo por quienes militan la inocencia de la vicepresidenta, y habría que preguntarse por qué no generó una reacción ciudadana más contundente. La respuesta posible es que una cuestión plena de tecnicismos no atrae la atención de la mayoría. Pero también permite pensar si el repetido corrimiento de los límites en la acción de diferentes gobiernos no debilitó el parámetro de lo que es aceptable y lo que no. Quizás el tímido cacerolazo del sábado sea una esperanzadora señal en contrario.
El propio Alberto Fernández habrá experimentado cierto disimulado bochorno, y ese sentimiento lo decidió a ubicar a Beraldi en una estratégica última fila en la presentación en el Salón Blanco. Más cerca suyo prefirió sentar a la incontrovertible Inés Weinberg de Roca, de sobrados méritos jurídicos pero convocada para construir una idea de pluralidad difícil de tomar por cierta. La ausencia de Cristina Kirchner completó una escena cargada de simbolismos. Si la lejanía física de la vicepresidenta intentó autenticar el acto, la presencia de su abogado desmoronó cualquier posibilidad .
Carlos Beraldi es un penalista de reconocida trayectoria. Se sabe que llegó a la vicepresidenta por su vínculo con Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner y sobrina de Cristina, a quien defendió en la causa Hotesur, que investiga lavado de dinero en los hoteles de la familia Kirchner en El Calafate.
Pero Beraldi también asumió la defensa de Cristobal López, empresario K procesado por evadir 8.000 millones de pesos de impuestos a la transferencia de combustibles, y Fabián De Sousa, socio de Cristobal López y dueño de C5N, procesado en la misma causa.
La conclusión es inevitable y va más allá de sus méritos profesionales y de las razones que puedan esgrimir desde el Gobierno. Teniendo en cuenta estos antecedentes en casos sensibles, nadie puede creer que era el hombre indicado para convocar. Lejos de sonrojarse, él dijo: “Yo no tenía duda de que me podrían cuestionar, pero no con un argumento serio ni con una razón de peso concreta. Integro un consejo consultivo que emitirá un dictamen no vinculante sobre cuestiones de las que he venido trabajando durante 30 años”.
Si lo que determine el Consejo no es vinculante, ¿para qué lo convocó el Presidente? ¿Se limitará a una propuesta de buenas intenciones sin ningún efecto concreto? La explicación parece un sofisma propio de quien está acostumbrado a formularlos.
La mirada final sobre su designación ofrece una alternativa. Si acaso el presidente advirtió pero no pudo evitar la provocación mayúscula de convocarlo, si la desesperación judicial de Cristina Kirchner la empujó a una decisión tan visiblemente sospechosa, fue el propio Beraldi quien tuvo la posibilidad de distinguirse con un gesto ético. Le alcanzaba con agradecer la invitación y rechazarla. Si de verdad estaba interesado en hacer un aporte no sólo a la Justicia sino a la República, nada hubiera sido más potente. Habría elevado su prestigio como abogado y construido uno mayor como ciudadano.
Lástima, arruinó los dos.
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