Por Eduardo Van Der Kooy
Un asalto en el domicilio del candidato del Frente Renovador, Sergio Massa, ha quedado como el broche triste, pobre y escandalosode la campaña electoral para las primarias del domingo. Acorde, al menos por la mediocridad, con lo que fue su desarrollo. Difícilmente algún episodio de política genuina pueda desviar antes del cierre la polémica en torno a un hecho delictivo sobre el que vuelan todavía mas sospechas y conjeturas que otra cosa.
Esa realidad demostraría, entre varias cosas, el grado de indigencia del sistema democrático a 30 años de su reconquista y a una década de la gran crisis. Dejaría al desnudo, también, la contradicción entre el largo relato kirchnerista y los hechos. En especial, la ausencia casi absoluta de mejoras partidarias e institucionales que Cristina Fernández había prometido como objetivo principal, cuando llegó al poder por primera vez en el 2007. Su ciclo, al contrario, parece signado por la degradación.
Valdría repasar algunos de sus títulos preferidos.
La ley de medios, declamada como instrumento para pluralizar la palabra, derivó en la concentración periodística K más formidable de la democracia. Superior, incluso, a la que dispuso la dictadura con su fórmula del terror.
La ley de las Primarias Abiertas, Obligatorias y Simultáneas fue ofertada con un libreto similar. Salvo la elección que propone un conglomerado de postulantes de UNEN en Capital, las demás, para los cargos nacionales, no ofrecen competencia ni respetan el derecho ciudadano contemplado en la norma. Mucho menos en las listas cristinistas, diseñadas y ordenadas por la Presidenta. Sobre la reforma judicial no haría falta abundar demasiado. Frustrada la posibilidad de someter al voto popular la designación de jueces y académicos para la nueva Magistratura, el Gobierno ha continuado valiéndose de los magistrados adictos y de la holgada mayoría parlamentaria para insistir con la colonización del Poder Judicial.
El asalto en la casa del intendente de Tigre, en un barrio privado, desplazaría en los últimos días de campaña una agenda incómoda para el Gobierno. Esa percepción, de ninguna manera, implica culpar de antemano a supuestas oscuridades del poder por el episodio. Tal vez recrudezca la discusión por la inseguridad, que hasta Martín Insaurralde, el candidato K, filtró tímidamente en su mensaje proselitista. Pero es mejor eso para Cristina que continuar con la corrupción en el primer plano de las pujas entre el oficialismo y la oposición.
De hecho, el Gobierno hizo esfuerzos en las últimas semanas para bloquear peligros en aquel campo. Gracias a la Sala I de la Cámara Federal en lo Correccional y Criminal sacó del foco público a Ricardo Jaime. El ex secretario de Transporte estuvo seis días prófugo, a raíz de un dictado de prisión de Claudio Bonadio, aunque logró la exención de prisión de parte de aquellos jueces. Los mismos que resolvieron volver a fojas cero la investigación del escándalo de Sueños Compartidos que involucra a los hermanos Schoklender (Sergio y Pablo) y a Hebe de Bonafini. Además, apartaron de la causa al juez Noberto Oyarbide. Esa cuestión habría entrado, por mucho tiempo, en una vía muerta. Dato llamativo: ninguno de esos pleitos fue aún apelado a nivel de Cámara de Casación.
El problema del alza de los precios permaneció en el primer tramo de la campaña tapado por las denuncias de corrupción. Ni los candidatos cristinistas niegan ya la inflación. En el mejor de los casos, intentan evadirla de las preguntas o las discusiones. Cristina, Guillermo Moreno y el resto de los cerebros económicos han demostrado que carecen de soluciones para el asunto.
En medio de esas palideces se coló el episodio que involucró a Massa y a su familia. Todo lo que rodeó al asalto en la casa del intendente resultó extraño y vidrioso. Desde las imágenes que se vieron –un prefecto actuando en un barrio cerrado con el conocimiento y la tranquilidad casi de un propietario del lugar– hasta las reacciones del secretario de Seguridad, Sergio Berni, del senador Aníbal Fernández y del propio ministro de Buenos Aires, Ricardo Casal. Haciendo escala, por supuesto, en el vehículo periodístico que le dio estado público.
Sin entrar en los pliegues del episodio, donde la política se suele diluir en sumideros, se podría convenir algo: el relato de la víctima, el intendente de Tigre, asomaría mas creíble que el de los funcionarios cristinistas. No tanto, tal vez, por sus fundamentos. Más bien, por su condición de debutante en las grandes campañas y lides electorales. Su fuerte ha estado siempre en la gestión y en una fórmula mediática atípica –ligada en especial a eventos deportivos y culturales– para irradiar su nivel su popularidad. Eludió hasta ahora las refriegas políticas directas. A los cristinistas les pesan sus antecedentes, en general abundantes en sobreactuaciones y falsedades.
Berni es, en ese sentido, un ícono de este tiempo. Asoma siempre frente a las cámaras de televisión cuando ocurre algún acontecimiento callejero resonante. De hecho, apareció ayer en la tragedia de Rosario.
Pero resulta difícil rescatar logros concretos de su administración. Es el secretario de Seguridad, con mayor densidad que el propio ministro, Arturo Puricelli. También opacó la figura de Nilda Garré.
Pero la inseguridad sigue siendo una preocupación creciente en la sociedad.
El secretario fue el primero que atropelló contra Massa por el mentado asalto. Cuestionó ciertos procedimientos policiales y judiciales. También la presencia de Prefectura como custodia permanente del barrio cerrado que habita el intendente de Tigre. Nunca se detuvo a pensar que Prefectura y Gendamería –también la Policía Federal–pertenecen a su órbita.
Es, al fin, secretario de Seguridad de la Nación. Algo que no parece terminar de comprender.
Varios de los muchos sucesos sospechosos y mugrientos que tuvieron como actor al Gobierno pasaron en épocas de campaña.
Y en vísperas de legislativas. En el 2005 se denunció que el candidato a diputado por el ARI, Enrique Olivera, tenía dos cuentas en el exterior. La mentira fue demostrada por la Justicia dos años después. En el 2009, a instancias de Néstor Kirchner, se abrió una investigación contra Francisco De Narváez por tres llamados telefónicos que un hombre de su custodia habría hecho a Mario Segovia, un hombre involucrado en el tráfico de efedrina. Esa causa cayó un año después por falta de pruebas. Hace meses otro juez procesó a tres agentes de la AFIP por haber violado durante la campaña el secreto fiscal del mismo De Narváez.
Con esos contratiempos en sus espaldas, el peronista disidente derrotó en el 2009 a los Kirchner, a Scioli y al propio Massa, que fueron como candidatos testimoniales. Acertó, entonces, con su mensaje y su estrategia. Pero pudo ayudarlo además el tenaz hostigamiento a que lo sometió el Gobierno.
¿Podría ocurrir ahora lo mismo con Massa?
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