CRISTINA ENARDECIDA, CASANELLO TEMEROSO

Por Eduardi Van der Kooy

Cristina Fernández está enardecida porque su situación judicial se complica. Sebastián Casanello temblequea porque ignora si continuará a cargo de la investigación de la ruta del dinero K, que tiene entre rejas a Lázaro Báez. Si ocurre el apartamiento por alguna anomalía, su carrera ascendente en la Justicia podría troncharse. Había recibido la promesa que sería promovido a juez de Cámara.

La ex presidenta y el joven magistrado, en algún punto, comparten el mismo sufrimiento. La Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Lázaro. Pero por segunda vez le advirtió al juez que no deje de auscultar la pirámide del dinero sucio. Esa figura encierra dos nombres estelares: los de Cristina y Julio De Vido, el diputado y ex ministro de Planificación.

El mandato de Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah desataría el nudo de la estrategia de la ex presidenta que, con premeditación o no, encaja con los pasos dados por Casanello. Es decir, circunscribir el delito en torno a Báez. Reducirlo a un caso de lavado. La decisión de aquel trío conspiraría con tal propósito. Apuntaría a desenmarañar el origen del dinero. Asoman los contratos del Estado para la realización de obras públicas. Los sobreprecios. Esta es otra derivación del escándalo de los bolsos de José López, el ex secretario del ramo durante doce años de kirchnerismo.

Dificílmente Casanello pueda gambetear el dictado de la Cámara. Ni siquiera incurrir en dilaciones. Su situación sería en ese ámbito comprometida. No sólo por la administración que hizo de la causa de la ruta del dinero K que posee desde el 2013. Y activó recién en marzo de este año luego de la difusión de los videos de La Rosadita. Está en el medio la ofensiva de Báez y su familia contra el juez a quien acusan de parcialidad.

Es cierto que la palabra de Báez produce sensaciones encontradas. Sería la de un hombre que se siente acorralado. Que durante años transitó los caminos del delito. Pero Irurzun, Cattani y Farah contarían con otros elementos de valor para hacer lo que hicieron. Permitieron a Lázaro declarar dos veces ante ellos, una por escrito y otra de manera personal, sobre la presunta reunión de Casanello con Cristina en Olivos. El eje de la recusación que plantean los Báez. Además, ordenaron una investigación urgente y especial acerca de la denuncia antes de resolver la suerte del magistrado. La revelación del empresario patagónico podría robustecerse por acumulación de antecedentes que atesoran los hombres de la Sala II.

En primer lugar estaría el conocido trayecto de Casanello para convertirse en juez. Se inscribió en el Concurso 140, considerado el más irregular de la era K, destinado a cubrir cuatro vacantes en juzgados federales de primera instancia. Entre los jurados de ese concurso estuvo Farah, ahora uno de sus objetores. Casanello quedó en el último lugar de la lista que el Consejo de la Magistratura remitió al Poder Ejecutivo. Sin embargo, Cristina lo eligió para colocarlo a cargo del juzgado 7.

Las sospechas sobre Casanello se incubarían por diversos canales. No únicamente por la cuestión de Báez. También aparece Ricardo Echegaray, el desplazado auditor general de la Nación (AGN) procesado por Claudio Bonadio. Echegaray habría recurrido a Oscar Parrilli, el ex titular de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) para frenar un posible procesamiento de Casanello en la ruta del dinero K. El juez le tomó declaración indagatoria. Hasta ahora no hizo otra cosa.

La llegada hasta Casanello habría forzado una triangulación. Parrilli se conectó con su ex compañero de andanzas, Juan Martín Mena, a quien la ex presidenta designó como segundo de la AFI para poner orden en un Poder Judicial que en el crepúsculo del tiempo kirchnerista, tras la disolución de la SIDE, había comenzado a desmadrarse. Mena comprometió una gestión con su amigo Julián Alvarez, virtual ex ministro de Justicia. Casanello fue siempre considerado hombre de su cercanía.

Nadie logró corroborar cómo culminó esa historia. Aunque esa misma historia poseería ramificaciones, para nada ligadas al kirchnerismo. Sí a Mauricio Macri. Mena sería, a partir de informaciones objetivas, el fogonero de la denuncia de Darío Martínez por el escándalo de los Panamá Papers que incomoda al Presidente y acaba de provocar la imputación de Néstor Grindetti, el intendente macrista de Lanús. Aquel ex segundo de la AFI estaría detrás de un dato que considera clave: un supuesto viaje conjunto a Panamá de Macri y Grindetti, en tiempos del Gobierno porteño. El Presidente era entonces alcalde; el hoy alcalde era su ministro de Hacienda.

Muchos hilvanes se van descubriendo y permiten desnudar la trama. Martínez es un diputado de Neuquén que asumió recién en marzo en reemplazo de Nanci Parrilli, la hermana de Oscar, el ex titular de la AFI. Este construyó el puente del flamante legislador con Mena. En los últimos días el camporista le habría reclamado a Martínez mayor actividad sobre los Panamá Papers. Al parecer, según sus dichos, por solicitud del propio Casanello. De hecho, el juez ordenó la semana pasada un peritaje comparativo de las declaraciones juradas de Macri entre 2013 y 2015.

Cattani, Irurzun y Farah, ante este panorama, estarían delante de un asunto peliagudo por resolver. La dilucidación de la reunión con Cristina en Olivos será determinante para el destino del juez bajo fuego. Aunque no alcanzaría para borrar ciertas conductas sinuosas. Los magistrados de la Sala II tienen presente la reciente bendición que Casanello recibió de Francisco en el Vaticano. Pero no podría representar una valla insalvable. Con lógica idéntica, ni los jueces Cesar Melazo y Sandra Arroyo Salgado hubieran podido pedir en las últimas horas la detención del barrabrava prófugo Marcelo Mallo, ligado al doble crimen del 2009 en Unicenter. El ex titular de Hinchadas Unidas Argentinas había estado con su Santidad no bien asumió el papado. Casanello tendría conciencia de su fragilidad. Por ese motivo, en un hecho inusual, convocó a una rueda de prensa en la cual informó sobre el éxito de la investigación del circuito del dinero K corporizado en Báez.

El macrismo y un sector de la oposición no poseen una mirada homogénea sobre Casanello. El Gobierno carece de llegada a ese juez y a otros tantos. La diputada Margarita Stolbizer considera inconveniente su separación porque la causa del lavado del dinero está eruptiva. Fiscalizada de cerca por la Cámara Federal. La legisladora Graciela Ocaña estaría parada en la vereda de enfrente, próxima quizás a Elisa Carrió: la caída del juez no modificaría lo actuado en la causa ni afectaría al fiscal, Guillermo Marijuan, que imputó a Cristina y a De Vido.

Carrió, con opinión dividida del macrismo, sería propensa a profundizar señales del poder hacia la Justicia, como para espantar las posibles demoras. Una de esas señales sería el avance sobre Alejandra Gils Carbó. En ese plano contaría con la solidaridad del Frente Renovador de Sergio Massa. La diputada Graciela Camaño quedó a cargo de la Comisión Bicameral que auditará la actuación de la procuradora general de la Nación. Sobre todo, la nominación de fiscales ad hoc para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero. Un verdadero fiasco. Carrió empuja directamente su enjuiciamiento político. El macrismo progresa simultáneamente en el Congreso con el proyecto del ministro Germán Garavano para limitar las facultades de Gils Carbó y acortar su turno. Una maniobra de pinzas.

La procuradora sería una de las escasas garantías en el sistema institucional de poder que le va quedando a Cristina. No le bastó para detener la ola de allanamientos de Bonadio en Santa Cruz. El juez le rodeó la manzana. Hasta las oficinas de Máximo. La ex presidenta, en su desesperación, resiste a golpes de teléfono. El timón de la AGN permanece vacante por dos motivos. La apelación de Echegaray a su desplazamiento judicial, instruido por Cristina. Los titubeos de José Luis Gioja, el titular del PJ, para firmar la convalidación como sustituto del ex auditor Oscar Lamberto. Los peronistas de Diputados y el Senado dieron su conformidad. Emilio Monzó y Gabriela Michetti están a la espera para oficializarlo. Pero el dirigente pejotista de San Juan preferiría estirar la cuestión hasta después del receso invernal, a la espera quizás de que la presión desde El Calafate amaine.

El kirchnerismo y el peronismo, mientras tanto, atraviesan el peor momento de su calvario desde que dejaron el poder. La influencia de Cristina, aún menguada, tiene que ver. Los ultra K se disgregan en Diputados ante cada postura intransigente de la ex presidenta. La conducción del PJ está tiesa porque ni Gioja ni Daniel Scioli responden. La única acción política vivaz corresponde a Miguel Angel Pichetto, el jefe de los senadores del PJ. Pero es insuficiente.

Gioja había convocado para el miércoles pasado a un plenario partidario para formalizar en el Congreso la escisión del FpV. El encuentro se derritió entre llamados de Cristina y una prevención de los gobernadores: no desearían que una ruptura mal calibrada desmalece el sendero a Cambiemos para su labor parlamentaria. Habrá negociaciones en el receso. Difícilmente haya marcha atrás.

Muchos peronistas no promueven esa separación sólo por diferencias políticas o ideológicas con los K. Buscan además el modo de comenzar su reinserción social, alterada para ellos por la crispación popular ante la colosal mancha de corrupción que se devela.