Por Julio Blanck
La auditoría a los juzgados federales de la Capital, aprobada ayer por unanimidad en el Consejo de la Magistratura, supone un fuerte salto cualitativo en la acción orientada a depurar la Justicia de los magistrados que contribuyeron, por complacencia o complicidad, al próspero funcionamiento del sistema de corrupción del kirchnerismo.
La pesquisa abarcará también a la Cámara Federal porteña, a la Cámara de Casación y a los tribunales orales federales. Son todos los lugares de la Justicia por los que deben pasar los funcionarios que resultan acusados.
No se auditará el sentido de los fallos, si estos se hubiesen producido. Lo que se busca es registrar de qué modo los jueces y camaristas actuaron para hacer avanzar efectivamente las causas por corrupción o, como en tantos casos bochornosos, lo que hicieron fue menospreciar las denuncias, anestesiar los expedientes, no molestar a funcionarios y permitir, con su inacción, que el saqueo sistemático del Estado se desplegara sin obstáculos.
A partir de las evidencias que puedan arrojar estas auditorías, el Gobierno se propone avanzar desde el Consejo de la Magistratura para remover a jueces y camaristas que hayan obrado de modo incorrecto. Se estima que en ese camino podría generarse una presión social y política tal que algunos magistrados preferirán una renuncia rápida y todo lo discreta que sea posible. Algo así ya sucedió con el ex juez Norberto Oyarbide.
Las auditorías abarcarán desde 1996 a esta parte, porque desde aquel año –en pleno auge del menemismo– se puso en tela de juicio la conducta de los jueces en casos de corrupción. Varios de los protagonistas de entonces siguen en actividad. Otros se sumaron por abrumador mérito propio durante el kirchnerismo.
Algunos nombres que están en la mira han circulado con alguna imprudencia: los camaristas federales Eduardo Freiler y Jorge Ballestero; los jueces Rodolfo Canicoba Corral, Daniel Rafecas y Sebastián Casanello. Hay magistrados que han empezado a correr ahora tratando de que la máquina de limpieza no los alcance. Hacen un esfuerzo notorio, pero quizás no logren evitarlo. Es un poco tarde.
En los juzgados de Comodoro Py se escucha que los magistrados más veteranos, y con más posibilidad de resultar desollados, ofrecerían entregar a Casanello, un casi recién llegado al que transformarían en chivo expiatorio por su notable morosidad en investigar al empresario Lázaro Báez, socio y testaferro de los Kirchner. Otro comentario circulante es que, aún teniendo pecados del pasado que deberían ser expiados, el juez Claudio Bonadio se convirtió en intocable desde que asumió la tarea de investigar los negocios de la familia Kirchner. Son cosas que se dicen. Como Elisa Carrió dijo ayer que los avances contra Cristina –de los que Bonadio es gestor directo– pretenden proteger a Aníbal Fernández y a Julio De Vido. No se puede conformar a todo el mundo.
Lo más prudente sería no prejuzgar y esperar el resultado de las auditorías, que el Consejo de la Magistratura afrontará con su generoso presupuesto y el abundante cuerpo de auditores del Poder Judicial.
Parece obvio que se incrementará la presión social y política sobre ciertos magistrados, en un momento en que las cadenas de solidaridades volaron por el aire. Los protectores y benefactores de jueces durante el kirchnerismo, como el ex ministro De Vido y el ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray, no están en condiciones de defender a nadie y quizás ni siquiera a sí mismos. Empresarios K ligados al negocio de la obra pública atraviesan idéntica situación.
El gobierno de Mauricio Macri estuvo al tanto de cada paso que se fue dando en este sentido, pero el logro no le pertenece. Las auditorías a los jueces federales son, del principio al fin, una iniciativa de la sociedad civil lanzada desde el Colegio de Abogados que preside Guillermo Lipera.
Una docena y media de ONG se sumaron al proyecto, dándole espesor político. Algunas están entre las más representativas. Como la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) que preside Eduardo Massot y tuvo como emisario en las primeras gestiones ante la Magistratura al ex ministro y camarista Ricardo Gil Lavedra. Otra es el poderoso Colegio Público de Abogados porteño, liderado por Jorge Rizzo quien en la lista para su tercera reelección, hace dos meses, llevó en lugar destacado a Daniel Angelici, presidente de Boca y operador en temas judiciales de interés puntual para Macri.
Un factor que le agregó volumen a la iniciativa fue que las auditorías no tuviesen como exclusivo eje la corrupción, sino también temas sensibles como la inseguridad cotidiana. Un motor del proyecto fue la agrupación Usina de Justicia, que encabeza la filósofa y ensayista Diana Cohen Agrest, cuyo hijo Ezequiel fue asesinado en un robo en el barrio porteño de Caballito, en 2011. Cohen Agrest hizo una defensa potente y conmovedora del proyecto ante las autoridades de la Magistratura encabezadas por su titular, Miguel Piedecases, cuando éstas finalmente aceptaron tratar la iniciativa que ayer tuvo aprobación unánime.
Esa unanimidad marca además el quiebre del poder kirchnerista en la Justicia. El Consejo de la Magistratura tiene 13 integrantes y los cambios en la relación de fuerzas tras la última elección dejaron al kirchnerismo puro con 5 miembros. La cifra es suficiente para bloquear los dos tercios necesarios para enjuiciar a un juez, o para avanzar en designaciones de nuevos magistrados.
De esos cinco votos, tres se sumaron al proyecto de auditorías: el del académico Jorge Candis, el de la jueza Gabriela Vázquez y el del senador nacional Ruperto Godoy. Los otros dos consejeros de Cristina optaron por no votar. Se trata de Héctor Recalde, presidente del bloque de diputados kirchneristas, y de Virgina García, senadora nacional y cuñada de Máximo Kirchner. Eso es lo que les va quedando.
Los tres que votaron a favor habían ingresado en la Magistratura en noviembre de 2014.
El académico Candis, juez laboral en Lanús y docente de Derecho del Trabajo en la Universidad de Lomas de Zamora, fue uno de los fundadores de la agrupación K Justicia Legítima, quien había saludado su nombramiento destacando su “compromiso a favor de un modelo que acompañe un nuevo tiempo histórico”.
La jueza Vázquez, camarista laboral, hizo campaña como independiente pero después, cuando fue titular de la Magistratura, respaldó con su voto cada una de las jugadas judiciales del gobierno kirchnerista. Entre ellas, una sanción al juez Bonadio.
El senador Godoy era conocido como un kirchnerista enfático. Pero había sorprendido hace dos semanas por su desobediencia a Cristina cuando votó por Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como jueces de la Corte Suprema. El nuevo gobernador peronista de San Juan, Sergio Uñac, tuvo mucho que ver con este reenfoque político.
Tras la sesión de ayer en el Consejo de la Magistratura se planteó cierta duda acerca de la intensidad con que se asumirá la tarea de auditoría. Resistencias políticas, algo de espíritu corporativo entre los jueces, menor intensidad de la presión pública pasado este momento inicial, fueron algunos de los factores en consideración.
El senador radical Angel Rozas, integrante del Consejo por el oficialismo, se comprometió a un cumplimiento sólido y sostenido de lo aprobado. Lo mismo hizo el diputado macrista Pablo Tonelli, impulsor del proyecto desde adentro de la Magistratura. El abogado Lipera, inspirador de esta iniciativa, sostuvo que de ahora en adelante “vamos a auditar a los auditores”. También ellos estarán bajo vigilancia.
José Torello, jefe de asesores presidenciales, llegó sobre el final de la sesión en el Consejo. Fue la señal a favor del Gobierno. Lipera prefirió mantener cierta distancia. “Cuando trabajamos con la sociedad detrás al final la política se alinea, tenemos que seguir así” sostuvo.
Pero es innegable que la política va en esa dirección. El mismo Lipera había interiorizado sobre el proyecto a interlocutores habituales como el radical Ernesto Sanz y el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Clusellas. También habló con el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien a su vez interesó y entusiasmó al propio Macri con la iniciativa.
Dato final, pero no menos importante: el nuevo juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, hizo saber su pleno apoyo a la auditoría sobre los jueces federales. En el acto de juramento realizado el miércoles ante Ricardo Lorenzetti, titular del Tribunal, Rosatti renovó su compromiso contra la corrupción. Por ese motivo había terminado eyectado como ministro de Justicia de Néstor Kirchner, hace poco más de una década.
A la hora de la votación en la Magistratura ya se sabía que por orden de Bonadio se estaban allanando en Santa Cruz oficinas de Los Sauces, la empresa hotelera de Cristina y eje de la causa que más puede complicarla, que se inició por una denuncia de Margarita Stolbizer.
Lo que no se sabía es que horas después la Cámara Federal porteña, que preside Martín Irurzun, ordenaría al juez Casanello orientar la investigación del caso Lázaro Báez hacia las autoridades que liberaron los fondos para obras públicas que fueron nido de corrupción. El camino que marcó la Cámara puede pasar antes por el detenido José López y por De Vido, pero tarde o temprano lleva directo hacia Cristina.
Por ahora, el viento que empezó en diciembre cada día sopla más fuerte
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