Al día siguiente de que la Presidenta acusara a algunos medios de ser “la cadena nacional del miedo y el desánimo”, el Gobierno avanzó para quedarse con Canal 13 y otros medios del Grupo Clarín , incumpliendo un fallo de la Corte Suprema de Justicia , que suspendió la aplicación del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Lo hizo mediante el envío de una “ cédula de notificación ” y una carta informativa , que llegaron esta semana a Canal 13 (Artear) y a otros medios del Grupo, buscando iniciar el proceso de aplicación de dicho artículo, pese a que está suspendido por la Justicia . En esas notas, se pretende que en 10 días hábiles se entreguen varios informes sobre la cantidad y características de sus accionistas, los servicios que prestan, el grupo al que pertenecen Canal 13, Radio Mitre, Cablevisión y sus señales audiovisuales como TN, entre otros datos, para “determinar la situación actual”, ya que estaría en “presunta infracción” a la ley de medios.
La “notificación” fue enviada por el coordinador general de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Fernando Pérez -dirigente de La Cámpora-, titular de la comisión para la adecuación a la ley de medios, que está cuestionada por haberse creado sin intervención de la oposición .
En otra nota, el presidente de AFSCA, Santiago Aragón –renunció como diputado kirchnerista para asumir al frente del organismo oficial– y el director Ignacio Saavedra –dirigente de La Cámpora–, explican que el objetivo de esta avanzada contra Clarín es “determinar la situación actual”, ya que “no habiendo presentado una propuesta de adecuación voluntaria”, estaría “en presunta infracción a la normativa contenida en la Ley”. Infracción que el Gobierno sabe que no existe por la medida judicial vigente.
Ambas notas se enviaron al Grupo Clarín , pese a la suspensión judicial que como mínimo rige hasta el 7 de diciembre. La Corte Suprema instó a que la causa de fondo se resuelva cuanto antes. En la misma, la justicia federal debe pronunciarse respecto de la inconstitucionalidad de algunos de los aspectos más polémicos de la ley, como el artículo 161, que desconoce las licencias vigentes y obliga a desprenderse de ellas en un año, violando derechos adquiridos; o el artículo 45, que tiene varios puntos arbitrarios que vulneran la sustentabilidad de los medios, condicionan la libertad de expresión y resultan discriminatorios .
Más allá del vencimiento de la cautelar, si la Justicia resolviera en la causa de fondo que dichos artículos (45 y 161) son inconstitucionales, no se podrían aplicar al Grupo. Si para diciembre no hubiera un pronunciamiento de fondo, la propia Corte abrió la posibilidad de que se amplíe la cautelar de mantenerse las dilaciones del Estado, que demoraron casi un año la causa de fondo. En cualquier caso, el plazo de un año del 161 nunca podría comenzar a contarse antes de diciembre.
Por eso, es claramente ilegal el accionar de las autoridades de AFSCA, que desconociendo el fallo de la Corte pretenden aplicar al Grupo Clarínla “constatación de oficio”, un procedimiento vinculado a la desinversión, establecido en una resolución que reglamenta el artículo 161 y que por lo tanto no puede aplicarse a Clarín .
El máximo tribunal había planteado hace dos meses que AFSCA “ no se ha mostrado demasiado apresurada en el proceso de implementación de la norma en cuestión y ha prorrogado los plazos y suspendido las licitaciones, lo cual contradice en gran medida la afectación que dice sufrir como consecuencia de la decisión” del GrupoClarín .
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