Otra vez parece abrirse un abismo entre la interpretación que Cristina Fernández y Héctor Timerman hicieron del acuerdo firmado con Irán por el atentado en la AMIA y lo que sería posible desprender de la propia declaración. La Presidenta habló, por ejemplo, de un hecho histórico. El canciller aseguró que, por primera vez en 18 años, se lograrían avances en la causa. Nada de eso estaría garantizado por el memorandum de entendimiento de nueve puntos firmado en Adis Adeba, Etiopía.
Cristina había anunciado en septiembre pasado en las Naciones Unidas que negociarían con Irán dónde podría ser juzgado el atentado. Refirió también a la oferta realizada por la Argentina a Teherán para que un tercer país se encargara de ese juzgamiento. Algo sucedió en el camino: no existe tal tercer país ni se menciona en la declaración ningún juzgamieNTO
Los países acordaron, en cambio, la conformación de una Comisión de la Verdad compuesta por juristas internacionales (a designar) para analizar la documentación que ambas naciones poseen sobre aquella tragedia de julio de 1994, que dejó 85 muertos.
Esa aceptación significa, a priori, dos cosas. Que la investigación realizada por la Justicia, a solicitud de Néstor Kirchner, que incriminó a jerarcas del régimen iraní, ha sido puesta en tela de juicio. Y que ese objetivo retroceso tendrá sin dudas incidencia en el desenvolvimiento de la Comisión de la Verdad.
El Gobierno se encargó de subrayar el éxito diplomático que representa la admisión de Irán para que aquellos supuestos responsables por el atentado puedan ser interrogados por la Comisión y las autoridades judiciales argentinas. Teherán condicionó dicha admisión a que se realicen únicamente en suelo iraní. No se trata de una exigencia menor en un régimen que, de modo eficaz y sistemático, bloqueó todas las demandas argentinas sobre el atentado, incluso en foros internacionales. Presumir que de aquel interrogatorio pudiera alumbrar alguna verdad revelada por la AMIA, sonaría a esta altura a inocentada.
Mucho se habló desde que se iniciaron las negociaciones secretas -que el Gobierno intentó ocultar- sobre las múltiples claudicaciones de jurisdicción y soberanía que encerraría el nuevo camino tomado. Ninguna ha quedado desmentida por la declaración de Adis Adeba.
Se abre ahora un proceso que carece de delimitación en el tiempo. Y que tampoco garantiza a futuro la impartición de justicia, reclamada por los familiares de las víctimas de la AMIA y la sociedad en su conjunto.
Queda muy clara, mas allá de los resultados de la Comisión, la voluntad de Cristina de conciliar, antes que tensar, las relaciones con Irán. Se advierte en un plano general, político y comercial. El acuerdo por la AMIA podría ser, quizás, un escape.
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