En la primera semana de diciembre de 2012, cuando la presidenta Cristina Kirchner y todos sus colaboradores y adulones se aprestaban a festejar en las calles de Buenos Aires la liquidación, mediante una decisión judicial, del Grupo Clarín —crítico del kirchnerismo después de un matrimonio que duró cinco años hasta que se cortó en 2008—, Argentina parecía encaminarse definitivamente a padecer un sistema autoritario similar al chavismo. Pero, a diferencia del régimen despótico que rige en Venezuela, lo haría sin "meterle mano" a la Justicia. Esa era, hasta ahora, la gran diferencia entre Argentina y Venezuela: en Argentina, la Justicia aún no ha sido totalmente copada por el kirchnerismo, mientras que en Venezuela todo el poder está en el puño de los que mandan desde el Ejecutivo. Ayer, Chávez; hoy, el fraudulento Maduro.
Pues bien: la presidenta Kirchner está decidida a asimilarse a Venezuela en todo lo posible y, como la Corte Suprema de Justicia y otros tribunales de menor rango fallaron —en uso de su independencia constitucional— contra los anhelos de la "monarquía" argentina en el "caso Clarín", entonces los cañones de la Casa Rosada apuntaron contra los jueces, su independencia y, sobre todo, contra el sagrado principio republicano que prevé la separación de los poderes. "Va por todo", como repite ella a cada rato, parafraseando a su difunto marido.
La sexagenaria jefa del gobierno argentino es bien "terca" en su deseo de conservar el poder a como dé lugar y también es "peor" que Néstor Kirchner, porque al menos daba la impresión de que éste podía respetar algunos límites. Ella no. Por eso, la tan comentada caricaturización que hizo el presidente José Mujica es esencialmente correcta aunque viajen cartas y cantinelas de disculpas desde Montevideo a Buenos Aires, mucho más por el tono grosero de sus palabras que por el fondo del asunto.
La semana pasada, Cristina Kirchner envió al Congreso proyectos de ley inconstitucionales cuyo efecto sería aniquilar definitivamente la independencia de los jueces y transformar a Argentina en una "dictadura legal". Cuando los líderes mesiánicos y autoritarios quieren controlar la libertad de expresión, entonces empiezan a hablar de "democratizar" la comunicación. No es eso, por cierto, lo que buscan: solo quieren controlar los mensajes. Lo mismo ocurre en este caso: el gobierno pergeñó este ataque final contra las instituciones republicanas en Argentina con la mentira de que quiere promover su "democratización"; otra vez, lo único que pretende es controlar a los jueces.
Se trata de seis proyectos, todos invasivos de las atribuciones del Poder Judicial, pero tres de ellos decisivos para matar su independencia y las garantías individuales. Uno convierte al Consejo de la Magistratura en un mero apéndice del gobierno y habilitará al Poder Ejecutivo a elegir y sacar a los jueces. Igual que en Venezuela. Otro crea nuevas Cámaras de Casación, lo cual retrasará los procesos judiciales y restringirá el papel de la molesta Corte Suprema de Justicia. Y un tercero limita el régimen de las "medidas cautelares" contra el Estado, para que sea mucho más complicado para ciudadanos o instituciones salvaguardar sus derechos ante los desbordes del poder público.
El domingo 14, el periodista Joaquín Morales Solá tituló su habitual columna de "La Nación" sin rodeos: "Golpe de Estado al Poder Judicial". Morales Solá escribió que la viuda de Néstor Kirchner "ya no tiene retorno posible" porque "ha elegido un camino de radicalización solo comparable con los procesos revolucionarios de Venezuela y Ecuador". El periodista narró lo que uno de los autores de los textos legales enviados al Congreso, Carlos Zannini (asesor principal y confidente de la presidenta), le comentó hace poco a un interlocutor: "hemos hecho mucho, pero nos falta un poco para terminar el gran cambio". El "gran cambio", explicó Morales Solá, es "terminar con los jueces".
La amenaza que se cierne sobre la democracia, las libertades y las garantías individuales en Argentina es, probablemente, la más grave y la más audaz impulsada por el kirchnerismo desde que se instaló en el poder en el año 2003. "Cristina decidió terminar con la Corte Suprema de Justicia, tan fastidiosa siempre, como cabeza de un poder del Estado. Si su proyecto triunfara, a la Corte no le quedará ni la facultad de comprar los papeles para escribir sus sentencias. Todo el poder que tiene ahora de contralor de jueces y empleados y de la administración del dinero del presupuesto judicial irá a parar al nuevo Consejo de la Magistratura, diseñado para colocar a la Justicia bajo el control del poder político, sea este cristinista o de cualquier otro signo. Una república sin división de poderes es solo una caricatura de república. Si todo terminara así, es probable que la historia de los últimos treinta años registre a dos presidentes célebres: Raúl Alfonsín, que construyó la democracia, y Cristina Kirchner, que la habrá destruido", concluyó Morales Solá.
Las voces de alarma suenan por todas partes. El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia advirtió el martes 10 que la proyectada "reforma" del Poder Judicial obedece únicamente al "interés actual del poder político", "politiza aún más" al Consejo de la Magistratura, vulnerando la Constitución, somete "indudablemente" a los jueces que sean designados como quiere el kirchnerismo "a las presiones de la política", prolonga los ya lentos procesos judiciales, limita las "medidas cautelares", que durante décadas han hecho "efectivo el derecho de defensa" de cualquier persona o institución, y "restringe los derechos de los ciudadanos frente al Estado, en lugar de aumentarlos".
Hasta Horacio Verbitsky, el periodista que ha estado casi incondicionalmente al lado de los Kirchner desde el 2003, advirtió en el diario oficialista "Página 12" contra la limitación de las "medidas cautelares", por ser una iniciativa contraria a la Constitución y a la Convención Americana de Derechos Humanos.
El artículo 29 de la Constitución argentina prohíbe expresamente al Congreso "conceder al Ejecutivo Nacional facultades extraordinarias" o "la suma del poder público", porque eso conlleva "una nulidad insanable". La Constitución también advierte que quienes violen este postulado básico quedarán sujetos "a la responsabilidad y pena" reservadas a "los infames traidores a la patria".
Si todo esto es tan claro, aun para los ojos del más lego, ¿por qué insiste la presidenta argentina en liquidar al sistema republicano y quedarse con todo el poder? Después de todo, ella tiene solo dos años más de gobierno por delante y ni un día más. Porque ya fue reelecta y la Constitución prohíbe la "re-reelección". La única explicación posible es que quiera seguir por un tercer período, hasta el 2019. Y luego por un cuarto. Y crear una suerte de reinado. Para lo cual precisa eliminar todo obstáculo que le impida violentar la clara norma constitucional. La principal valla que le queda por demoler es el Poder Judicial.
Y, también cabe preguntarse, ¿por qué esa vocación por mantenerse en el poder todo el tiempo que sea posible? Hay dictadores o proto-dictadores, como Chávez, que se enloquecen de poder y no pueden vivir sin mandar sobre los demás, construyendo todos los días un sistema totalitario donde el déspota y su entorno se corrompen absolutamente y los ciudadanos van perdiendo sus libertades, hasta que un día no tienen ninguna. Cristina Kirchner padece también la enfermedad del poder. Pero la magnitud de la corrupción de su gobierno —ante la cual quedan como un juego de niños los actos de latrocinio de antecesores como Carlos Menem— permite suponer que quiere quedarse para siempre en la Casa Rosada no tanto por un alocado proyecto político de poder, sino por la mucho más pedestre razón de que tiene miedo. Tiene miedo de que la metan en la cárcel.
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