En los tribunales hay una sorda y consistente rebelión de fiscales. Basados en interpretaciones estrictas del Derecho, pero que no dejan de ser interpretaciones, uno tras otro surgen como en oleada dictámenes que incomodan al Gobierno. La destinataria y perjudicada directa por esas acciones de los fiscales es su propia jefa, la procuradora general Alejandra Gils Carbó.
En Gils Carbó, mal que a ella le pese, se resumen hoy el recelo y el rencor de fiscales, pero también de jueces y camaristas, frente a la reforma judicial que impulsó la Presidenta. Se ve a la jefa de la Procuración como la encarnación práctica de esa embestida terminal. Y sus subordinados reaccionan en consecuencia, dejando expuesta su impotencia para controlarlos. Una carencia letal, a los ojos de Cristina.
El intento de avasallar y vaciar al Poder Judicial tuvo la inesperada propiedad de amalgamar en la Justicia a quienes mantienen diferencias personales y doctrinarias, a muchos que simpatizaron con el kirchnerismo y supieron escribir dictámenes y fallos a favor del Gobierno y sus funcionarios.
Un ejemplo típico es la reapertura de una causa contra la misma Gils Carbó, por la designación irregular de fiscales. Lo dictaminó Germán Moldes, fiscal de la Cámara Federal porteña. Y lo decidieron los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero. El caso había sido cerrado más rápido que volando por el juez Sebastián Casanello, un joven brillante al que ya lo denunciaron por entorpecer la investigación sobre Lázaro Báez.
En su fallo la Cámara le dio un intenso lavado de cabeza a Casanello, de esos que en la Justicia se ejecutan con letra ácida para deleite de la platea.
La causa contra Gils Carbó fue iniciada por otro fiscal, Guillermo Marijuán, el mismo que ya sufrió tres amenazas, incluyendo una a través de sus hijas, desde que comenzó a desandar los pasos de Báez y los bolsos con plata.
Volvemos a Moldes y seguimos con Lázaro. Ayer, el fiscal de la Cámara Federal dictaminó a favor de que no se pierda y se hunda en los tribunales de Santa Cruz, sino que quede en la Capital, la causa por las bóvedas en una de las chacras patagónicas del afortunado empresario tan amigo de los Kirchner; las mismas que Báez se apuró a desmantelar al ser denunciadas.
Un dato para no irse de boca: Moldes es un hombre de larga y ajetreada trayectoria en Tribunales, que llegó a fiscal de Cámara a mediados de los años 90. Ni él ni los camaristas antes mencionados han sido nunca tenidos como refractarios a las inquietudes del poder. Pero quizás al cambiar las circunstancias también las personas cambien, circunstancialmente.
Otro caso: Federico Delgado es el fiscal federal que el miércoles pidióabrir una causa contra Cristina y Guillermo Moreno, además de otros funcionarios. Es por la manipulación de las cifras del INDEC, según la denuncia hecha por los diputados opositores Ricardo Gil Lavedra, Alfonso Prat Gay y Victoria Donda.
Es el mismo fiscal Delgado que había dictaminado, en agosto pasado, a favor de desestimar la denuncia del macrismo sobre uso abusivo de la publicidad oficial. Fue cuando el Gobierno usó los espacios de Fútbol para Todos para zapatear sobre Macri a propósito del traspaso de los subtes. La causa fue cerrada. Pero la apelación impulsada por el ministro porteño Guillermo Montenegro y el jefe de la Legislatura, Cristian Ritondo, tuvo éxito. Los camaristas Farah y Freiler ordenaron reabrir el caso y el viernes pasado el juez Claudio Bonadio ordenó allanar las oficinas del publicista Héctor Braga Menéndez, donde se habían confeccionado las piezas emitidas en Fútbol para Todos. Como se ve, todo puede cambiar.
Otro caso fuerte lo protagonizó el fiscal Gerardo Di Masi, quien directamente imputó a su jefa Gils Carbó, al juez Casanello y a los fiscales Carlos Gonella y Omar Orsi, puestos por la procuradora al frente de una oficina antilavado. A todos ellos Di Masi reclamó investigarlos por presunto encubrimiento de Lázaro Báez en la causa de lavado de dinero. El origen de este expediente es la denuncia hecha por Elisa Carrió cuando se supo que la causa por las bóvedas podía recalar convenientemente en Santa Cruz.
Algunos quizás recuerden en qué soledad sonó la voz de Carrió el año pasado, cuando advirtió que detrás de los pergaminos académicos indudables de Gils Carbó se montaba la fase más aguda del intento de Cristina por poner definitivamente bajo control a la Justicia.
Está claro que todas estas decisiones de los fiscales cuentan con el aliento, no siempre bien disimulado, de jueces y camaristas. Quizá despierten algún gesto de satisfacción en oficinas de la Corte. Puede decirse que la absoluta mayoría de la Justicia se siente en pie de guerra –de una guerra que ellos no declararon– contra la reforma judicial. La iniciativa reformista ahora debe transitar esos pasillos densos y arduos, después de disfrutar un paseo cómodo por el Congreso.
El centenar de presentaciones contra la ley que desnaturaliza desde su origen el Consejo de la Magistratura es la primera y decisiva batalla que están librando magistrados, fiscales y abogados. La Corte Suprema ya avisó que habrá una resolución rápida, que no es lo mismo que una solución apresurada.
La reforma judicial sumada al escándalo de Lázaro Báez produce una mezcla de alto poder explosivo. Pero no sólo en la Argentina está llamando la atención este caso. En estas páginas ya se informó que la DEA, agencia antidrogas norteamericana, había puesto su atención en los movimientos del Madero Center, edificio donde funcionaba la financiera conocida como “La Rosadita”; en los viajes del avión matrícula LV-ZSZ propiedad de Lázaro Báez, donde se habrían trasladado bolsos con plata; y en la rumbosa vida que solía darse, acá y en Miami, el “valijero” Leonardo Fariña, quien el lunes deberá prestar declaración indagatoria y quizás termine procesado.
Ahora, otro organismo del gobierno de los EE.UU. puso bajo observación a Miguel Angel Pires, un intermediario futbolístico a quien, en el programa de Jorge Lanata, se señaló como el encargado decomprar jugadores para Racing por cuenta y orden de Kirchner. Como se sabe, el ex presidente transmitió a su hijo Máximo la sana pasión por el club de Avellaneda. Pires es además amigo personal de Martín Báez, el hijo de Lázaro.
La Oficina Nacional de Control de Drogas, que reporta directamente a la Casa Blanca, habría colocado a Pires en una lista especial de individuos cuyos pasos se siguen con detalle. Así lo afirmaron a Clarínfuentes directamente vinculadas al caso.
Como Pires, también es habitué de Miami el financista Ernesto Clarens. Tiene allí negocios y propiedades. Se lo vincula a Báez, pero otras fuentes insisten en marcar su proximidad a Julio De Vido.
Para las autoridades de los EE.UU. lavado de dinero y narcotráfico son casi la misma palabra. Da la impresión de que, acá, algunos pronto se van a dar cuenta.
Igual, la ansiedad no ayuda cuando se enjuicia a los hombres y mujeres del poder. Un sobreviviente, que camina con un pie en la Justicia y otro en la política, lo explica así: “Los tiempos de prescripción de un delito siempre son más largos que el tiempo que dura un mandato”.
Quizás sólo sea cuestión de esperar.
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