La historia parece haberse invertido en apenas un puñado de meses. La decisión del juez Ariel Lijo de citar a declaración indagatoria a Amado Boudou por el escándalo Ciccone causó, a primera vista, dos fuertes efectos: colocó a Cristina Fernández en las orillas de una crisis política e instituciona l y esterilizó el sabor a victoria con el cual Axel Kicillof y el Gobierno habían trajeado el acuerdo con el Club de París, que le costará ahora a la Argentina 9.700 millones de dólares. En octubre pasado, después de la derrota electoral, la Corte Suprema acudió en auxilio del poder cuando a dos días del domingo negro falló a su favor sobre la ley de medios.
Ese antecedente, claro está, carece de valor en estas horas para el kirchnerismo. Más todavía cuando parece no encontrar el rumbo para ordenar la adecuación de los medios que presentaron sus planes. El verdadero problema consiste, sin dudas, en cómo sobrellevar el peso de la carga política que representa Boudou.
Y, en especial, cómo intentar disociarla de la Presidenta. Aunque se lograra, con una hipotética renuncia o un pedido de licencia del vicepresidente, el escándalo salpicaría de todos formas la figura de la mandataria. Por una razón sencilla: fue ella, contra la opinión de todos, quien lo empinó en el poder. Es ella, además, quien lo viene sosteniendo desde que empezaron a circular las primeras sospechas sobre la responsabilidad de Boudou en el escándalo Ciccone. También convalidó los estropicios iniciales en el Poder Judicial, cuando avaló la separación del juez Daniel Rafecas, el ostracismo del fiscal Carlos Rívolo y el alejamiento del entonces procrador General, Esteban Righi.
La exposición del vicepresidente ante la Justicia encerraría otrospeligros. Solo y acorralado podría realizar, tal vez, revelaciones hasta hoy desconocidas sobre su participación en el plan para levantar la quiebra de Ciccone. Y sobre su compra posterior. Boudou afirmó esta misma semana que todas las determinaciones que adoptó las hizo dentro del espacio político al que pertenece. Habló del kirchnerismo.
¿Un mensaje en la búsqueda de solidaridades? ¿O una advertencia hacia adentro acerca de lo que podría acontecer en el futuro tras su declaración?
Muchos kirchneristas ni siquiera se sienten aludidos.
La mayoría se apartó de Boudou.
El diputado Carlos Kunkel y el vicegobernador de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, parecen apenas excepciones. También hay viejos kirchneristas que aseguran que el mentor de la estatización de Ciccone habría sido Néstor Kirchner.
Pero que tras su muerte, en octubre del 2010, el vicepresidente habría tomado su propio camino, rodeado de amigos opacos.
Lo que constituye una incógnita aún es cuánto de toda esta historia conocería Cristina. Aunque algunas decisiones suyas despertaríansuspicacias. No sólo la defensa cerrada de Boudou. También aquel trámite engorroso con que embretó al Congreso al ordenar laestatización de Ciccone cuando ya estaba intervenida. El kirchnerismo cumplió con la disciplina acostumbrada. Llamó más la atención, en cambio, cierta laxitud con que la oposición abordó el conflicto. Una parte de esa oposición acompañó con su voto al oficialismo. Convalidó, se supone que por negligencia, la estrategia presidencial para esconder un presunto ilícito.
Es probable que Cristina no supiera todo sobre Ciccone. ¿Podría pensarse lo mismo con la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y el fraudulento proyecto de construcción de viviendas llamado “Sueños Compartidos”? Hebe de Bonafini fue la cabeza visible de ambos planes, en alianza con Pablo y Sergio Schoklender. Esos hermanos sufren la investigación de sus bienes por una causa judicial en curso. La Cámara de Casación rechazó una apelación de ambos para que se declare la nulidad de todas las pruebas.
La Universidad de las Madres es propiedad de la Fundación que lleva su mismo nombre. Está en estado de quiebra con una deuda que rondaría los 200 millones de pesos.
De nuevo un trámite similar al de Ciccone: Cristina le pidió al Congreso la estatización de esa facultad. El Senado otorgó esta semana media sanción, también con algunos votos de la oposición.
Muchos menos de los que recogió Ciccone. ¿Podría desconocer la Presidenta todos los episodios financieros extraños ocurridos allí? Hebe suele ser siempre una compañía infaltable para Cristina.
Los procedimientos en los casos de Ciccone y la Universidad de las Madres estarían desnudando la dimensión de la crisis institucionalque colocó en la superficie la citación de Lijo a Boudou. Esa crisis atañe al poder político de turno, porque impacta sobre la Presidenta y su vicepresidente. Pero asomaría además alguna dosis de complacencia o impericia –¿quién lo sabe?– también de parte del Congreso.
La vuelta del escándalo Boudou al primer plano, con la intensidad que le imprimió la determinación del juez Lijo, representa además el regreso dela corrupción como un núcleo duro de la agenda pública y política. Esas oscuridades nunca desaparecieron porque cuando declinó el escándalo Ciccone irrumpió la ruta del dinero clandestino del empresario K, Lázaro Baéz. O el affaire de Carlos Liuzzi, la mano derecha de Carlos Zannini, el secretario Legal y Técnico, que le ordenó al juez federal Norberto Oyarbide que aplazara un allanamiento en una financiera. El kirchnerismo se las fue componiendo siempre tratando dediluir esas investigaciones en los pliegues de la Justicia.
Eso explicaría el afán de Cristina por copar y condicionar el Poder Judicial. Allí pretendería cobijarse el kirchnerismo en la hora de su adiós.
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