Cristina Fernández tropieza siempre con el mismo obstáculo. No repara debidamente en los problemas, no analiza tampoco la posibilidad de errores propios. Parece quedar encandilada rápido por una propensión histórica del pensamiento kirchnerista: la de anteponer las hipótesis conspirativas para explicar aquellos problemas. La regla se cumple también en el conflicto con los fondos buitre.
La Presidente ha pasado por alto, por ejemplo, que ese pleito lleva más de una década. También, que atravesó tres instancias judiciales desfavorables sin que su Gobierno ensayara alguna ingeniería política, diplomática y financiera alternativa que lo ayudara a alejarse del escenario más difícil: la amenaza de un nuevo default. La responsabilidad por ese vacío podría recorrer, de mayor a menor, la pirámide íntegra del poder. Axel Kicillof acompañó pero casi nunca se atrevió a confrontar los puntos de evaluación sesgados que suele realizar la mandataria. El ministro de Economía tampoco tuvo en cuenta ciertos consejos que acercaron entendidos en el tema, como el ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen. La embajadora en Washington, Cecilia Naón, atravesó pocas veces el desk de recepción del Departamento de Estado. Prefirió andar por el Congreso estadounidense, acompañada por sus colegas de Venezuela, Bolivia y Ecuador, vituperando al capitalismo salvaje delante de legisladores republicanos y demócratas.
El estudio de abogados que defiende los intereses del Estado argentino hizo, varias veces, apreciaciones inexactas sobre el desarrollo del conflicto y se ajustó sin un desliz a las órdenes de la Casa Rosada. Nadie se acordó de Thomas Griesa, hombre veterano y amante del buen jazz, hasta que fue convertido en el único verdugo de esta historia.
Griesa es la pieza clave para cualquier posibilidad de escape de última hora a un default. El juez, en la audiencia del martes con la defensa argentina, remarcó que todo se podría haber empezado a conversar hace por lo menos dos años.
“Ahora no queda mucha tiempo. Es hoy”, comentó textual. También dijo que el default sería lo peor. “No quiero que eso ocurra”, señaló. Aun aceptando que su fallo resultó controversial e imprudente (hasta The New York Times y The Financial Timeslo objetaron), se encargó de no cerrar todas las puertas. No ordenó la ejecución de la sentencia, luego de la venia que concedió la Corte Suprema de los EE.UU. Optó por instar una mediación. El significado de esa maniobra pareció transparente para los bandos en pugna: la Argentina, más temprano o más tarde, tendrá que cumplir con el pago a los fondos buitre; estos deberían aceptar que no cobrarán de la manera que tenían pensado.
Cristina supone que Griesa responde sólo a los designios de los holdouts. Y que esos usureros, cuya cabeza más notable es el multimillonario Paul Singer, de Elliot Management Corporation, ejercerían además una capacidad de lobby y condicionamiento en importantes sectores del Parlamento estadounidense, en especial con los republicanos. Razón no le falta, incluso ante cuestiones de verdad paradojales para la mirada rígida del kirchnerismo. Aquel buitre ultraconservador ejerció una influencia metálica para que senadores de su partido aceptaran votar hace un par de años la legalización del matrimonio homosexual en el distrito de Nueva York. Su hijo, médico, había hecho pública esa condición y se había casado en 2009 en Boston.
Pero los radares de la Presidenta no se detuvieron sólo en Griesa y en Singer. Habrían envuelto en su campo de acción también a los demócratas. De allí las críticas que fueron disparadas desde la Casa Rosada sobre la administración de Barack Obama. Ese convencimiento de Cristina se habría consolidado luego de un episodio que pareció tener una resonancia limitada: el paso por Buenos Aires de dos lobbystas que pretendieron activar negociaciones en nombre de los holdouts. Intentaron entrevistarse incluso con Kicillof. Y no pudieron.
Ellos son Nancy Soderberg y Robert Shapiro.
Ambos pertenecen al Partido Demócrata. La mujer fue embajadora en la ONU y candidata a senadora por el Estado de La Florida. Desarrolló distintas misiones importantes durante el gobierno de Bill Clinton. Una de las más destacadas tuvo que ver con el proceso de paz en Irlanda del Norte. Shapiro fue subsecretario de Comercio y Asuntos Económicos también de Clinton. Y su principal asesor en esas áreas durante la campaña de 1992. Además, trabajó con el ex vicepresidente Al Gore y el actual secretario de Estado, John Kerry.
Soderberg y Shapiro poseen una fluida relación con Hillary Clinton, la ex secretaria de Estado de Obama y futura postulante presidencial de los demócratas. Los dos, a pedido de ella, colaboraron también con los juicios argentinos pendientes en el CIADI que afectaron a empresas e inversores estadounidenses. Cuando esa información llegó al despacho de Cristina, habría comenzado a cerrarse su círculo sobre la gran conspiración que estaría oculta detrás del pleito con los fondos buitre. No se trataría sólo de la maldad de Singer y del establishment republicano. Participarían también los demócratas. El sistema más poderoso, quizá, del capitalismo salvaje.
¿Por qué razón habría de ser así? ¿Por qué la Argentina, después de un largo crecimiento, estaría atrapada en ese presunta tormenta?
¿Si así fuera, de verdad, por qué el Gobierno no adoptó antes otras previsiones?
La Presidenta confió en público que el problema no serían los US$ 1.300 millones que ahora están en litigio con los buitres por el fallo de Griesa. Sería la hipotética intención de aquel capitalismo salvaje de empujar a nuestro país a otro default para hacer caer toda la reestructuración de la deuda del 2005 y 2010 que incluyó al 93% de los acreedores. ¿Para qué semejante estropicio? Para sentar un precedente mundial y dar un escarmiento al Gobierno, según la óptica presidencial, por los canjes realizados con un 75% de quita. Por lo visto, una idea desmesurada. Sobre la dimensión del boicot que imagina y sobre los números de la reestructuración de la deuda –necesaria en su época– casi una década después.
Cristina no estaría sola con su convicción. Kicillof la acompaña. Ambos relataron esa enmadejada teoría en la cita del martes con otros cinco funcionarios, antes de que empezara el tramo final de las negociaciones hasta ahora sin resultados en Nueva York. Alguno de aquellos asistentes quedó sorprendido con la tesis conspirativa. El conflicto con los fondos buitre pasó a convertirse en eje del discurso político kirchnerista. Poseería, en el fondo, un barniz de épica del cual carecen la recesión económica, los conflictos laborales o los casos de corrupción que se ventilan y se extienden.
Retraería de paso a la oposición lanzada a la campaña, temerosa de quedar emparentada en algún punto con los buitres.
Cristina afirmó que la Argentina no entrará en default porque paga. Y que los mercados deberán buscar otra denominación para calificar ese cuadro del incordio planteado por los buitres. La cuestión no sería cómo llamarlo sino las consecuencias, internas y externas, que tendría la reiteración de esa crisis. Kicillof tranquilizó que el próximo miércoles, cuando podría decretarse el default, no pasará nada. Jorge Capitanich garantizó que la vida sigue igual. Es verdad: pero podría no ser la misma.
El jefe de Gabinete debió despachar sin respuestas a las centrales obreras oficialistas (de Antonio Caló y Hugo Yasky) que reclaman una baja en el impuesto a las Ganancias. Les dijo que esa imposibilidad obedecía a la incertidumbre que causa la pelea con los buitres. El mismo pedido están realizando Hugo Moyano, de la CGT opositora, y Pablo Micheli, de la CTA. Urden un paro nacional para el mes que viene. Fuentes bancarias revelaron que en los últimos tiempos casi 400 mil cuentas salariales fueron canceladas. ¿Pérdida de empleo o renovado vuelco al trabajo informal? Cualquiera de las instancias reflejaría un claro retroceso económico y social. En la industria automotriz ya no existen sólo suspensiones: empezaron los despidos.
El problema se agudizaría también por los indicadores externos. Cristina canceló las sentencias en el CIADI, compensó a Repsol por la expropiación de YPF y acordó con el Club de París para acceder al financiamiento externo. Pero el pleito irresuelto con los buitresesteriliza esa posibilidad. El saldo comercial ha estado en el primer semestre un 28% por debajo del mismo período del 2013. Las exportaciones cayeron un 10%.
Ello representa un menor ingreso de dólares.
El superávit comercial sigue anclado, sobre todo, en las ventas del agro, pero en ese rubro también sonarían alarmas. El precio internacional de la soja –el oro argentino– viene en descenso.
La Presidenta estaría dispuesta a asumir esos riesgos si Griesa no le ofrece una protección jurídica que preserve a la Argentina de los reclamos de los bonistas que entraron en los canjes. Sólo así negociaría con los buitres. Hipotecaría la chance de alguna recuperación económica en el segundo semestre y oscurecería el horizonte de los candidatos K que pretenden sucederla. No le importaría demasiado.
Se le podría adjudicar a Cristina una dosis de audacia. También deinconsciencia: esos procesos de quiebre, como un default, se saben cómo comienzan. Se ignora, en cambio, cómo siguen y de qué modo finalizan.
Copyright Clarín 2014
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