El Gobierno busca que la Corte anule la medida cautelar que un juez dictó para detener la adecuación de oficio con que la AFSCA intentaba dividir las empresas de Grupo Clarín.
Según pudo saber este diario de fuentes judiciales, el Estado nacional presentó un pedido de per saltum para que el máximo tribunal tome en sus manos la apelación de Clarín contra el "procedimiento de transferencia de oficio" del Grupo que, después de haber aprobado la propuesta de Clarín para adecuarse a los requerimientos de la ley de medios, intempestivamente la autoridad de aplicación decidió iniciar hace dos meses.
Hace una semana, el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial Federal Horacio Alfonso había dictado una medida cautelar por la que suspendió esa transferencia de oficio durante seis meses.
Alfonso destacó que la decisión del organismo que preside Martín Sabbatella había estado “fuera de márgenes razonables de vinculación y proporcionalidad, tanto en lo referido al criterio sentado con anterioridad por la propia autoridad administrativa, como en orden a la gravedad e incidencia de la extrema consecuencia aplicada”.
Además, el juez sostuvo que prima facie era verosímil el cuestionamiento del Grupo Clarín “en torno de las aparentes deficiencias en el proceso de análisis, deliberación y consiguiente proceso de conformación de la voluntad del ente colegiado”, ya que no hubo debate en el directorio de AFSCA y a los directores se les negó el acceso al expediente.
El juez, que es el mismo que en diciembre de 2012 declaró en primera instancia la constitucionalidad de la ley de medios, resolvió entonces prorrogar por seis meses una “medida precautelar”, que había dictado hace 40 días.
Ambas medidas fueron solicitadas por el Grupo Clarín tras la resolución de AFSCA, que rechazó intempestivamente su adecuación voluntaria el 8 de octubre y ordenó el procedimiento “de oficio”.
Al solicitar la suspensión judicial de la adecuación forzosa, el Grupo Clarín explicó que el gobierno violó el debido proceso, ya que nunca lo notificó con anticipación ni le permitió ejercer su derecho de defensa. De hecho, Sabbatella anunció la medida en conferencia de prensa, cuando esta ni siquiera había sido tratada en el directorio del organismo. Los propios directores por la oposición, Gerardo Milman y Marcelo Stubrin, ni siquiera pudieron analizar el expediente, y en un dictamen posterior la consideraron “nula de nulidad absoluta”.
El titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, confirmó la presentación del per saltum, pidió que la Corte "resuelva antes de fin de año" y atacó al CEO de Clarín, Héctor Magnetto, a quien acusó de tener “el sueño” de “volver a una democracia mutilada en la que sea imposible hacer cumplir leyes que terminan con los privilegios de los más poderosos”.
El argumento para pedir el “per saltum” –que implica saltear otras instancias judiciales- es que el planteo entraña “cuestiones de notoria gravedad institucional”. Según la AFSCA, la cautelar de Alfonso “compromete las instituciones básicas del sistema republicano”.
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