Por Joaquin Morales sola
Nunca nadie desmintió que el general César Milani se haya convertido en el verdadero jefe del espionaje kirch-nerista. Sin embargo, un fiscal federal de Tucumán, Carlos Brito, frenó ese pavoneo con la peor noticia que podía recibir el hombre fuerte de los militares argentinos. Pidió su citación a declaración indagatoria por la presunta participación en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Esa clase de citaciones precede, en general, al procesamiento de los imputados.
El caso Milani deja sin respaldo moral a un discurso clave de la Presidenta, el de los derechos humanos, y es emblemático de los límites con los que comenzó a tropezar Cristina Kirchner.
Si hubiera un escaso sentido de coherencia en la acción presidencial, el jefe del Ejército debería dejar de serlo cuanto antes. La Presidenta comenzó a tomar distancia de su militar preferido cuando lo mandó al siempre locuaz Aníbal Fernández a decir que lo echaría si lo procesaran. No es suficiente. Muchos ex militares están presos por la responsabilidad de comando que tuvieron durante los años del régimen castrense. Es decir, ellos no cometieron crímenes, pero son responsables de los que sí cometieron sus subordinados. Milani era el jefe directo del soldado Alberto Ledo, quien, según el fiscal Brito, fue secuestrado y luego asesinado en Tucumán. ¿Pudo sucederle a Ledo el secuestro y el crimen sin que Milani se enterara? Imposible.
La única defensa política que ensayó el Gobierno sobre Milani es que en aquellos años era muy joven. Entre Milani y el marino Alfredo Astiz hay una diferencia de sólo tres años. Según se estableció en varios juicios a militares, la dictadura enviaba a oficiales muy jóvenes a hacer tareas de inteligencia y, en muchos casos, a perpetrar los crímenes. Milani y Astiz eran oficiales de inteligencia, lo mismo que el ex mayor Ernesto Barreiro, preso en Córdoba desde hace varios años. "Si yo estoy preso, Milani debe estar preso", dijo hace poco Barreiro, quien ofreció indicar lugares donde fueron enterrados presos asesinados.
Milani, como en su momento Amado Boudou, obligó a la Presidenta a forzar más allá de lo explicable todas las instituciones constitucionales. Las dos cámaras del Congreso votaron la expropiación de Ciccone al solo efecto de esconder las correrías del vicepresidente y sus testaferros. El Senado, por su parte, aprobó con la mayoría cristinista el ascenso de Milani a teniente general, el grado más alto del Ejército. Esos senadores se resistieron, mascullaron algunas broncas y hasta consiguieron alguna dilación. Pero al final aprobaron el ascenso de Milani.
Aníbal Fernández, que entonces era senador, acaba de decir que ellos no tenían ningún informe con dudas verosímiles sobre el pasado de Milani. No es cierto. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que en términos generales apoya las políticas del Gobierno, envió al Senado un informe con muchas dudas sobre Milani y pidió que no se le concediese el ascenso. Antes de este último informe, algunos senadores oficialistas, y otros voceros del Gobierno, habían argumentado que apoyaron los anteriores ascensos de Milani porque el CELS no los había objetado. Es extraño: tuvieron en cuenta al CELS cuando no dijo nada, pero ni siquiera leyeron sus conclusiones, según Aníbal Fernández, cuando esa organización se pronunció contra Milani. Los dos argumentos son inservibles, porque ninguna ONG puede tener información más valiosa que el propio Estado. No vieron lo que debían ver. Sólo sucedió eso.
Aníbal Fernández anticipó que la Presidenta hará con Milani lo mismo que hizo con el almirante Godoy y con el general Bendini, a quienes echó como jefes de la Armada y del Ejército cuando fueron procesados. Es una manipulación perversa de los datos de la historia. Ni Godoy ni Bendini se fueron acusados por crímenes de lesa humanidad. El almirante Jorge Godoy, el jefe de los marinos más leal a Kirchner, pidió el retiro cuando fue procesado en un caso de seguimiento a dirigentes políticos y sociales en la base Almirante Zar, en Trelew, entre 2004 y 2006. Dicen que fue precisamente Milani quien denunció a Godoy y sus subordinados ante el Gobierno cuando aquél era jefe de inteligencia del Ejército.
La violación de la ley se hizo muy lejos del lugar donde tenía su despacho Godoy y éste relevó en el acto a toda la conducción de la inteligencia naval. Con todo, el juez Daniel Rafecas le aplicó el principio de responsabilidad de comando. Otro caso raro: Godoy se fue porque subordinados suyos espiaban a civiles en el lejano sur del país, pero Milani es cada vez más poderosos como jefe de los que espían a civiles en cualquier lugar.
La presencia del jefe del Ejército como jerarca de facto del servicio de inteligencia oficial viola tres leyes: la de seguridad nacional, la de inteligencia nacional y la de defensa nacional. Todas esas leyes prohíben explícitamente a los militares hacer inteligencia interior entre sectores políticos y sociales.
El general Roberto Bendini se retiró de la conducción del Ejército cuando fue procesado por presuntos hechos de corrupción en el manejo de fondos de la Brigada Motorizada XI, con asiento en Río Gallegos, que él comandaba. Los supuestos delitos se habrían cometido entre 2002 y 2003, poco antes de que Bendini fuera nombrado jefe del Ejército por Néstor Kirchner. No hay, como se ve, nada que compare los supuestos delitos de Godoy y Bendini con los de Milani, acusado del secuestro y asesinato de un soldado bajo sus órdenes en tiempos de la dictadura.
El otro sector del Estado que sufrió una fuerte presión del Gobierno para salvar a Milani fue la Justicia. Milani tiene tres causas abiertas. Una en La Rioja, por torturas agravadas durante el gobierno militar; otra en Tucumán, por la desaparición del soldado Ledo, y otra por enriquecimiento ilícito. Una cuarta causa podría abrirse por la desaparición del hijo de Nora Cortiñas, histórica y coherente dirigente de Madres de Plaza de Mayo, que se alejó de Bonafini hace 30 años.
La causa de La Rioja investiga si Milani secuestró y torturó a Ramón Alfredo Olivera y a su padre, Pedro. El primer fiscal riojano, Darío Illánez, pidió licencia primero y luego abandonó la causa tras denunciar amenazas. Huyó de la investigación y de la capital de La Rioja. El fiscal que lo sustituyó, Horacio Salman, enredó su misión y se colocó en defensor de Milani: aseguró en un escrito presentado ante el juez federal de La Rioja que Ramón Olivera había confundido a Milani y que éste no participó de las torturas a él y a su padre.
Dicen que Alejandra Gils Carbó inspiró ese escrito de Salman. Dicen también que el juez estaba preparado para llamar a declaración indagatoria a Milani si el fiscal se lo pedía. Dicen, por último, que el juez riojano exclamó luego de leer a Salman: "El requerimiento de la fiscalía es un desastre. No se investigaron los hechos".
Ramón Olivera vive. El soldado Alberto Ledo no apareció nunca más. El dictamen del fiscal tucumano Brito es demoledor: Milani dio por desertor a Ledo sin haber hecho ninguna investigación previa. ¿Adónde desertó? ¿Por qué? ¿Qué dijeron sus compañeros? ¿Dónde quedaron sus cosas? Nada. Firmó un acta de deserción como si se tratara de una autorización para un día de franco. El juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, que cuenta con buen concepto entre los jueces de la Corte Suprema de Justicia, debe decidir ahora si Milani comenzó a vivir el ingrato instante en que la gloria se convierte en caída.
La Presidenta presionó también sobre las organizaciones de derechos humanos hasta convertirlas en extensiones de sus caprichos. Una cosa es que apoyen sus políticas (lo cual es ya cuestionable), pero otra es que se abracen a un general que violó las leyes viejas y también las nuevas. Hay muchas más razones para procesar a Milani por espionaje interno que las que pesan sobre el almirante Godoy.
Milani forma parte de un tiempo en el que las arbitrariedades no se explicaban. Ese tiempo se termina, irremediablemente. Nuevas encuestas consignan una caída de la imagen de la Presidenta de entre 4 y 10 puntos en el último mes. Milani es una carga demasiado pesada para tanta fragilidad.
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