El zar del juego, el empresario Cristóbal López, está involucrado en la investigación por lavado de dinero que lleva adelante la Justicia en la causa de los hoteles de la familia presidencial. Claudio Bonadio habría encontrado operaciones trianguladas, que utilizan cuentas de compañías de López para liquidar supuestos ingresos ficticios en Hotesur.
Se trataría de la primera conexión comprobada de operaciones que involucran negocios de Lázaro Báez y Cristóbal López con la familia Kirchner.
Báez y López tienen estrecha relación con la Presidenta y multiplicaron sus negocios en la década kirchnerista. Pero este hallazgo los uniría en una investigación por supuesta corrupción.
Es que la facturación –pendiente de otras pruebas– habría confirmado dos cosas: que Báez pagó a los Kirchner por contratos fantasmas de habitaciones que nunca usó y que, después, hubo transferencias de fondos utilizando cuentas del holding del zar del juego.
La información se mantiene en absoluto secreto y en período de mayores pruebas documentales. Bonadio se tomaría todo marzo para esa tarea clave, y recién en abril adoptaría determinaciones procesales.
La noticia cayó como un balde de agua helada en la Casa Rosada y fue el comentario central esta semana en varios encuentros de hombres de negocios. Hubo interconsultas entre miembros del Grupo de los 6.
En el G-6 dicen que el avance de esta investigación y el hallazgo de la triangulación es lo que preocupa realmente a Cristina y la enfurece con la Justicia.
Clarín anticipó que el Gobierno ordenó al titular de la DGI, Angel Rubén Toninelli, realizar operaciones para “emprolijar” y hacer presentables la documentación de Hotesur. Recibió la directiva política de Carlos Zannini y dispuso ubicar a su hijo Fernando para operar en el entorno de Báez. Se trataría de hechos incompatibles con la función de Toninelli en la AFIP. Pero con ese objetivo y el aval de Ricardo Echegaray, el titular de la DGI provocó hace unas semanas la salida del jefe de la Dirección Regional Metropolitana. Se trata de la estratégica repartición fiscal donde está radicado parte del expediente de Hotesur.
El Gobierno quiere tener un absoluto control de la Región Metropolitana porque desde ahí puede “ordenar” cambiar y frenar expedientes que va a requerir la Justicia.
El contador Exequiel Lebed era el titular de la Dirección Metropolitana y fue presionado por Toninelli para acompañar con su firma un informe sobre una investigación interna que por el uso de facturas apócrifas involucra a Hotesur. El documento es para favorecer la situación de la compañía presidencial. Lebed accedió a firmar el expediente exigido por la Casa Rosada, a pesar de que su repartición no participó en su elaboración. Después, Lebed solicitó vacaciones adelantadas y licencia médica y al final concretó su renuncia.
El escándalo en la AFIP se trató ayer en una reunión secreta. Había caciques de la UIA y de la Asociación Empresaria Argentina.
Fue luego de que se conocieran los cambios en el gabinete. Para los empresarios la movida de Cristina se explica por lo siguiente:
– El Gobierno sintió el impacto político del 18F y los desaciertos que cometió tras la muerte del fiscal Nisman.
– Cristina resolvió gobernar hasta final de mandato con el aparato de inteligencia de César Milani y en soledad con La Cámpora.
– La Casa Rosada va a radicalizar su estrategia de confrontación política.
– El Gobierno sintió el impacto político del 18F y los desaciertos que cometió tras la muerte del fiscal Nisman.
– Cristina resolvió gobernar hasta final de mandato con el aparato de inteligencia de César Milani y en soledad con La Cámpora.
– La Casa Rosada va a radicalizar su estrategia de confrontación política.
Héctor Méndez, de la UIA, sostiene que Cristina también quiere dejarle al próximo presidente un campo minado en la economía.
El terma circuló el martes, en el encuentro de la comisión directiva ampliada de la UIA, donde se desbarató un intento del Gobierno de dividir la central fabril. Quedaron rechazadas las posiciones adictas a la Casa Rosada de Juan Lascurain y la UIA ratificó por unanimidad un documento muy crítico al acuerdo con China. Ignacio de Mendiguren expuso esas advertencias en el debate de la Cámara de Diputados. Con el apoyo del movimiento industrial dijo: “La Presidenta está entregando el futuro del desarrollo argentino.” Las concesiones de Cristina a China obedecen a urgencias de Axel Kicillof. El ministro no tiene todos los dólares para cerrar el año.
Otra vez le jugó una mala pasada la impericia internacional del equipo económico: ayer se cayó la colocación de Bonar por 2.000 millones de dólares.
El juez Thomas Griesa pidió información de la transacción al Deutsche Bank y al JP Morgan, y la cúpula de esos bancos decidió bajarse de la emisión.
El grave traspié obedece a serios errores del viceministro Emanuel Alvarez Agis y del secretario de Finanzas, Pablo López. Influyó el crónico y pésimo asesoramiento del estudio Clery & Gotlieb.
Carentes de profesionalismo, los funcionarios pasaron de un extremo a otro. En diciembre, Kicillof quiso hacer una colocación sin hablar con nadie en el mercado. Fue un fracaso. Ahora, por miedo a otra frustración, hablaron con todos y anticiparon tanto la jugada que alertaron al fondo buitre Elliot y obligaron a actuar al juez Griesa. El error le permitió a Paul Singer bloquear la operación. Elliot amenazó a fondos que tenían decidido participar de la emisión de Argentina.
Pero también los funcionarios mostraron falta de timing. Intentaron lanzar la emisión a días de una audiencia clave en los juzgados de New York.
Será el próximo martes. Griesa espera a la Argentina y hay consenso entre los banqueros: si esa audiencia sale mal, se va a complicar al extremo el panorama financiero del país.
Copyright Clarín, 2015.
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