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| LOS JUECES DE LA POLEMICA CAMARA FEDERAL |
El fallo de la Sala I de la Cámara Federal que dio por tierra con la denuncia del fiscal Alberto Nisman por encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA, ofrece dos interpretaciones libres:
Los imputados, la presidente Cristina Fernández, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, el piquetero Andrés D’Elía, el activista Fernando Esteche, el ex juez Héctor Yrimia, el agente de inteligencia Allan Bogado y el dirigente de la comunidad islámica Jorge Khalil, quedaron al margen, al menos por ahora, de toda requisitoria judicial.
Todos se mantienen sospechosos de la imputación que pesaba sobre ellos.
Una investigación de la denuncia de Nisman, un seguimiento de cualquiera de las cuarenta y seis medidas de prueba pedidas por el fiscal, que apareció muerto de un balazo en la cabeza cuatro días después de su presentación contra la Presidente y horas antes de ratificarla ante el Congreso, un análisis de las centenares de horas de escuchas telefónicas que acaso hubiera aportado Nisman de no haber muerto y que están en la UFI AMIA, una pesquisa así fuese sucinta de la imputación fiscal, cualquier acción judicial que hubiese arrojado resultado negativo, hubiera quitado de las espaldas de los imputados ese pesado lastre.
La anulación lisa y llana de la denuncia, sin investigarla, echa en cambio un manto de sospecha, fortalece la suspicacia y siembra la desconfianza en torno al Memorándum de Entendimiento con Irán y al eventual traspaso de tecnología nuclear argentina a ese país, que es lo que parece estar en la raíz del giro que dio el Gobierno en la investigación del caso AMIA.
Una paráfrasis de las palabras de la Presidente diría que un gran sector de la sociedad ya no tendrá certezas, pero siempre albergará dudas.
El fallo de los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah estaba cantado. Nunca antes, ni siquiera durante el esplendor de la Justicia menemista, un fallo estuvo tan anticipado, incluso hasta con el detalle sobre cómo votaría cada juez, como el que dio el jueves la Sala I de la Cámara Federal. El juez Farah votó en total disidencia con sus pares sólo porque pudo soportar las intensas presiones de la Casa Rosada que exigía, con llamados telefónicos y visitas corteses de precandidatos presidenciales, un fallo unánime.
Y está de más decirlo, pero es justo recordarlo: aunque no haya sido esa la intención de los jueces, el fallo era lo que el Gobierno esperaba. Calmó inquietudes, serenó ánimos y obró como un bálsamo sobre las heridas abiertas desde enero, cuando Nisman presentó su denuncia. Si esa denuncia era inocua, casi disparatada según se lee en el voto de uno de los jueces, ¿cómo fue que desató tal escándalo, tal temblor, tanta ira, tanto recelo en la Presidente y en el resto del Gobierno, que actuó siempre como si tuviese algo que ocultar?
Hay más preguntas todavía sin respuesta. ¿Cuál será el sector del “Partido Judicial” que denunció la Presidente en su discurso del 1° de marzo, que falló según lo que el Gobierno ansiaba? ¿Cuál esfera de “los jueces que se apartan de la Constitución y pretenden gobernar”, al decir de la Presidente, integran los magistrados de la Sala I de la Cámara Federal?
Aquel discurso en el Congreso, algo plañidero pero estudiado en su supuesto dramatismo, fue parte de una exitosa estrategia publicitaria, que encabezó la propia Presidente, por la que el Gobierno debe felicitarse. Consistió en destruir la figura de Nisman mientras estaba vivo, y sobre todo después de muerto, para borrar los efectos de su denuncia y para que su muerte, ya ligada de modo indeleble a la gestión presidencial, pesara menos a la hora de los balances.
La campaña también fue exitosa en otro punto: logró poner en un plano de igualdad los valores de denuncia, investigación y culpabilidad. Es un disparate jurídico que ignora la presunción de inocencia, pero al Gobierno le dio buenos dividendos esa fórmula que afirma que investigar al poder equivale a condenarlo y que, por lo tanto, el poder no debe ser investigado.
El fallo de la Cámara Federal también es un tiro de gracia para Nisman, aunque en lo técnico rechace la apelación del fiscal Germán Moldes contra el fallo del juez Daniel Rafecas. Que sus colegas Ballestero y Freiler hayan considerado que la larga imputación del fiscal es casi un desatino, que los votos hablen de orfandad probatoria, de antojadiza concatenación de diversos elementos, de engarce caprichoso de conversaciones telefónicas, suena casi a desdén en un fuero que ha investigado hasta denuncias anónimas.
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