Por Julio Blanck
El jueves 7 de abril el juez federal Norberto Oyarbide, con la misma falta de escrúpulos que le dio triste fama, hizo su última jugada para seguir siendo juez: le ofreció al Gobierno acelerar causas dormidas y en poco tiempo avanzar a fondo sobre Cristina Kirchner y de Julio De Vido. Mencionó un expediente donde se verificarían transferencias de dinero de la Presidencia hacia el entonces jefe del Ejército y patrón de la inteligencia oficial, teniente general César Milani. Y señaló que él podría reclamar para sí la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman, porque ahora pasó a la Justicia federal y él era el juez federal de turno aquel fatídico día de enero de 2015.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, rechazó la bochornosa oferta y urgió a Oyarbide a que le entregara de una vez su renuncia, que para eso lo había citado ese día en las oficinas del quinto piso del Ministerio, en la calle Sarmiento 329.
La historia fue confirmada a Clarín por un influyente hombre público que tiene llegada directa al presidente Mauricio Macri y por un experto en temas de seguridad y justicia que fue funcionario y ahora está en la oposición. También corroboró los hechos una fuente cercana al propio Ministerio de Justicia.
Presintiendo que Oyarbide intentaría una maniobra final para continuar en el cargo que ocupó durante 21 años, Garavano se aseguró de tener testigos de ese encuentro. Se hizo acompañar por su viceministro, Santiago Otamendi. Y se preocupó porque la prensa los fotografiara antes de comenzar la reunión.
Oyarbide habría dicho al ministro, reteniendo por un instante el texto impreso de su renuncia, que era “una lástima” que tuviese que apurar su retiro porque había “algunas causas interesantes que involucran a la Doctora y al arquitecto De Vido” en las que podrían tomarse pronto algunas decisiones resonantes. Sus interlocutoeres entendieron que se refería incluso a la detención de la ex Presidenta y de quien durante los doce años de poder kirchnerista manejó los fondos de las obras públicas, fenomenal usina de la corrupción que se está destapando en los tribunales.
El ministro, que tenía instrucciones precisas de Macri, le reclamó al juez el texto de la renuncia sin siquiera hacer comentarios sobre la oferta. Una semana después, el Presidente la aceptó formalmente y Oyarbide dejó de ser juez. Garavano declaró entonces que “nosotros queremos tener una Justicia mejor y dimos un gran paso en esa dirección”.
Al Gobierno, ya lo dijo Garavano, le preocupa la posible sobreactuación de jueces que durmieron una bien lubricada siesta durante los años kirchneristas y ahora corren presurosos a sacar patente de independientes. La oferta de Oyarbide es la forma más grotesca que esas sobreactuaciones han tomado hasta el momento.
La contracara de la espectacularidad premeditada de la Justicia es la victimización política que le permite a los investigados. Una actuación dramática de Cristina declarándose perseguida, sin pasos judiciales previos y concretos que la alcancen a ella o a su entorno directo (Lázaro Báez, su hijo Máximo, De Vido) es el escenario que a toda costa quiere evitar el Gobierno.
Por cierto, la ansiedad de un sector social demanda ver ya a Cristina detenida. Pero eso, si alguna vez sucede, no será pronto. Al Gobierno no le desagrada el paso a paso judicial. Evalúa que ninguna conmoción es conveniente antes de que Macri haya conseguido contener la inflación, poner en marcha la economía y recuperar el empleo. Se ha dicho en estas páginas: Cristina debería preocuparse por su libertad ambulatoria el día que Macri consolide su gestión.
Al renunciar, después de una sugerencia directa que le habría sido transmitida por el presidente de Boca, Daniel Angelici, muy cercano a Macri, Oyarbide se puso a salvo de un eventual juicio político en el Consejo de la Magistratura. Allí, el oficialismo no tenía –ni tiene– mayoría suficiente para asegurar su destitución. Elisa Carrió y un sector del radicalismo insistían en agotar esa instancia para exponer y condenar públicamente las conductas del juez. Eso no ocurrió porque Macri decidió otro camino. Oyarbide está hoy expuesto al alcance de la Justicia como cualquier ciudadano.
La lluvia ácida no se detuvo. Cuando sucedió aquella reunión entre Garavano y Oyarbide faltaban seis días para que Cristina se presentara a declarar ante el juez Claudio Bonadio por la causa del dólar futuro, por la que fue procesada justo un mes después. El pasado jueves 12 de mayo, un día antes de que Bonadio la procesara, ella fue acusada de enriquecimiento ilícito y coimas por el fiscal Carlos Rívolo en la causa Los Sauces, que investiga maniobras con propiedades de la familia Kirchner.
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