MADRID (El País). En Argentina nada es lo que parece. Y mucho menos tratándose de personajes hasta ahora oscuros que, de la noche a la mañana, se convierten desde una celda en poseedores del poder del delator. Este ha sido el caso de Lázaro Báez. Humilde cajero de banco en sus orígenes, poco más de una década de kirchnerismo lo convirtió en un empresario de la construcción que ha acumulado bienes por al menos 745 millones de pesos (53 millones de dólares), según una estimación preliminar del Tribunal Nacional de Tasación. Desde hace poco menos de 2 meses, Báez está preso acusado de lavado de dinero y los esfuerzos de su familia por liberarlo pueden ser la llave que la justicia necesita para encarcelar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Los negocios con la obra pública en la provincia patagónica de Santa Cruz primero y en la Nación después permitieron a Báez amasar una enorme fortuna. La relación con el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) le abrió las puertas a unos 800 millones de dólares en contratos con el Estado. Su detención ha puesto al descubierto, allanamientos judiciales mediante, que una década de buenos negocios le permitieron acumular al menos 122 propiedades en Santa Cruz, 26 en Chubut y 8 en Tierra del Fuego, todas provincias de la Patagonia argentina, la tierra de los Kirchner. El variado menú de gustos inmobiliarios de Báez incluyó grandes mansiones, hoteles, comercios, clubes de fútbol, edificios de departamentos u oficinas y unas 290.000 hectáreas en campos, equivalentes a 4,8 veces la superficie de Madrid o 1,2 veces el territorio de Luxemburgo. Como los allanamientos continúan, el número de bienes sin duda aumentará. El juez Sebastián Casanello investiga ahora si Báez compró esos inmuebles para lavar el dinero que logró con obras públicas del gobierno kirchnerista a través de su empresa Austral Construcciones. La causa ha llegado a la prensa con el nombre de ruta del dinero K.
Báez tiene información valiosa y lo sabe. Hasta ahora se ha mantenido en silencio, pero su familia ha tomado la decisión de utilizar ese capital para lograr lo antes posible que lo liberen. Al frente de la estrategia se colocó el hijo menor del empresario, Leandro Báez. El mayor de la familia, Martín, también está procesado por los mismos motivos que el padre. Y la esposa de Báez durante 30 años, Norma Calismonte, finalizó los trámites de divorcio el 15 de abril pasado. Fue Leandro quién abandonó entonces el bajo perfil que mantuvo durante las últimas semanas y ha optado por una estrategia que, al menos en público, no contó con la anuencia del jefe de la familia. A través de sus abogados, el joven presentó un pedido de recusación contra el juez Casanello, al que acusó de dirigir la investigación contra los Báez para desligar de cualquier culpa a Cristina Kirchner y a su hijo Máximo.
Leandro, quién no está imputado en la causa, se pregunta en el escrito por qué Kirchner no ha sido aún investigada. Y responde a la pregunta denunciando que Casanello y los Kirchner mantuvieron una relación que incluso mereció una visita del magistrado a la residencia presidencial en Olivos. Lázaro (N. de la R: quiso decir "Leandro") denuncia además que la expresidenta debería ser investigada cuanto antes porque tuvo un “rol protagónico” en la causa, como se desprende de la declaración de un testigo protegido, Leonardo Fariña. “Muchas de las pruebas del expediente, incluida la declaración del Sr. Fariña (utilizadas por el Sr. Juez para los allanamientos y procesamientos de Martín y Lázaro Báez) hacen clara alusión a un rol protagónico por la ex presidente de la Nación, Sr. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”, escribió Leandro. Como prueba de la presunta parcialidad de Casanello, Leandro menciona declaraciones del magistrado a la prensa en las que expresa “concretamente que Kirchner no estaba involucrada en el expediente y que tampoco iba a ser citada como testigo”.
La estrategia de Leandro puede incluir la decisión de Lázaro Báez de declarar como arrepentido, según la prensa argentina. En un escrito que ha presentado el lunes día 30 antes el juez Casanello, Báez ha alimentado la hipótesis de que su familia no merece el trato recibido en los tribunales. "La causa debe girar su objeto hacia lo que parecería justificar (...) el escarnio procesal al cual se viene sometiendo a la familia Báez: una presunción de enriquecimiento a través de supuestos e inexistentes sobreprecios en los contratos de obra pública", escribió el empresario. Al mismo tiempo pidió que la investigación apunte contra los funcionarios kirchnerista que firmaron los contratos que lo beneficiarios. Ha seguido así la línea de su hijo.
La embestida no ha pasado inadvertida para Cristina Kichner, que ha roto semanas de silencio para defenderse. En un largo texto que publicó en su web oficial y en las redes sociales, la expresidenta negó esa supuesta “reunión secreta” con el juez Casanello en Olivos y reactivó la idea de que enfrenta una campaña de desprestigio “como la que llegó a Juan Domingo Perón al exilio en 1955”. “Soy objeto de la más feroz campaña de persecución política mediática y judicial, de la que se tenga memoria en las últimas décadas. Solo comparable a la que sufrieron otros Presidentes, comprometidos con el bienestar del pueblo y los intereses de la Nación", dijo Kirchner. Buena parte de los problemas judiciales de los Kirchner pasan por la familia Báez. Si él habla, las cosas pueden complicarse mucho, y los Kirchner han empezado ya la estrategia de distanciamiento, como si nunca hubieran tenido nada que ver un empresario que debe su éxito a la cercanía con la familia presidencial.
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