Por Julio Blanck
Hay cosas que yo no te hubiera hecho, le dijo Daniel Scioli a su viejo amigo Mauricio Macri en un reproche amargo, un par de meses atrás, cuando le pidió hablar porque las causas judiciales se le empezaban a acercar peligrosamente. Imposible saber qué hubiese hecho Scioli de ser presidente. Mauricio, que es Macri, le contestó lo obvio: que no tenía nada que ver con la tarea de los jueces y que en todo caso hiciera como había hecho él, acudiendo al requerimiento de los tribunales cuando fuese necesario.
Ahora es necesario: el fiscal de La Plata Alvaro Garganta citó el viernes a indagatoria a Scioli, en un caso vinculado a la construcción de ocho centros de atención médica de urgencia, los UPA, que el ex gobernador y candidato presidencial había meneado en la campaña de 2015 como símbolo de su gestión. Pequeño problema: al parecer, la empresa constructora también le compró terrenos al emprendimiento inmobiliario de Scioli en Villa La Ñata.
No es el primer expediente de corrupción que involucra a Scioli, ni será el último. Su problema es que desde hace un tiempo Elisa Carrió lo puso en la mira. Quizás su consuelo, escaso, sea que de algún modo Macri le habría hecho saber que él podría hallar suerte variada en la Justicia, pero que los que integraron su entorno más cercano es difícil que tuvieran escapatoria.
Se conoció esta decisión judicial sobre Scioli el mismo día en que la Cámara Federal porteña, con votos de Jorge Ballestero y Eduardo Farah, ordenó dejar libre al empresario Cristóbal López, aunque le confirmó el procesamiento por fraude al Estado, debido a una colosal evasión fiscal de 17.000 millones de pesos. Y el mismo día de esa decisión de escándalo, la Cámara de Casación con las firmas de Gustavo Hornos y Mariano Borinsky revocó la prisión domiciliaria que había beneficiado al emblemático represor Miguel Etchecolatz, ex jefe de la Policía Bonaerense en la dictadura.
Esa simultaneidad sostiene la idea de que los jueces actúan con independencia o de forma anárquica, según se prefiera; en defensa de la ley o de sus estrategias de salvaguarda personal. El Gobierno, por convicción o por impotencia, demasiadas veces apenas consigue enterarse de los hechos poco antes que sucedan.
La Justicia le reserva a Cristina Kirchner y su banda un montón más de malas noticias, para todo este año y el que viene. De juicios orales y eventuales condenas para abajo, van a recorrer todos los capítulos del Código Penal. Pero el Gobierno también tiene razones para preocuparse, aunque sean de menor calibre.
El juez Claudio Bonadio -azote de Cristina- tramita una denuncia por la venta de acciones que manejaba la ANSES. Están imputados el jefe de ese organismo, Emilio Basavilbaso, y el ministro de Finanzas Luis Caputo, sumergido en una tormenta perfecta que pronto lo llevará al Congreso para responder por sus operaciones y cuentas off shore. En Comodoro Py dicen que este expediente contiene elementos que podrían avanzar en una investigación incómoda para el poder.
Por su parte Ariel Lijo hace jueguito desde hace más de seis meses con la causa del Correo Argentino que involucra al Grupo Macri. Mientras, en el Consejo de la Magistratura el diputado oficialista Pablo Tonelli lo tiene con el sueño alterado, moviendo cada tanto la documentación que podría llevarlo al juicio político.
Esta milonga con variaciones tiene como trasfondo la resistencia de buena parte del Poder Judicial a las reformas que impulsa el ministro Germán Garavano con su proyecto Justicia 2020.
Al incordio se suma ahora una inesperada línea de fricción con la Corte Suprema. En el Ministerio de Justicia sospechan de una “conspiración peronista” para demorar los juicios de Cristina. Es por la decisión firmada por Ricardo Lorenzetti, junto a los supremos de conocido origen justicialista Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, que ordenó volver a sortear qué tribunal oral deberá decidir la suerte de la ex Presidente. Quizás haya un exceso de susceptibilidad en los funcionarios, o quizás tengan información que sólo ellos conozcan.
Pero como estamos en tiempos de independencia o de anarquía, Bonadio tramita también una de las varias causas contra Hugo Moyano.Ya ordenó pericias para determinar si los cuantiosos pagos hechos por el sindicato, la obra social y la Federación de Camioneros a empresas propiedad de la esposa de Moyano, Liliana Zulet, y sus hijos, tuvieron la debida contraprestación en bienes o servicios.
A propósito de Moyano, si con la corporación judicial el Gobierno encuentra un problema detrás de cada solución en la que avanza, con la corporación sindical las cosas parecen marcharle bastante mejor.
Mientras alientan sin disimulo la reorganización de la CGT sin Moyano, que amarró su flota junto a los gremios del kirchnerismo duro, la Casa Rosada y el Ministerio de Trabajo van consiguiendo que los gremios del sector privado cierren acuerdos paritarios con aumentos del 15% y cláusula de revisión, aceptando entrar en el corralito de la previsión inflacionaria en la que pocos creen.
En las oficinas del ministro Triaca aseguran que sindicatos que representan a más de un tercio del sector privado ya llegaron a esos acuerdos. En la lista tienen al más numeroso del país, el de empleados de comercio; también a la UTA de los choferes de micros y colectivos, los influyentes Obras Sanitarias y Luz y Fuerza, y los gremios de aceiteros, tintoreros, pintores y remiseros. Esta semana firmaría la Construcción, segunda organización más populosa con 450.000 afiliados. Así, se entusiasma Triaca, la mitad de los trabajadores privados habrán entrado en las pautas deseadas por el Gobierno.
En el sector estatal la discusión más dura es con los docentes. Otra vez la batalla crucial se plantea en la Provincia. Los alumnos están en las aulas y todavía no hay amenaza de paro del ultra K Roberto Baradel, que soportó una durísima derrota con la huelga del año pasado. Ahora la gobernadora María Eugenia Vidal y su jefe de Gabinete, Federico Salvai, apuestan a una negociación de bajo perfil que pueda dar frutos dentro de tres o cuatro semanas.
Se acumularon estos avatares en una semana en la que se conoció la inflación de febrero, un temible 2,4% empujado por los aumentos en las tarifas y el dólar, que aumenta el interrogante sobre la viabilidad del 15% fijado como meta formal y oficial.
El dato se hizo público el miércoles, en simultáneo con la concurrencia del Jefe de Gabinete para su informe ante la Cámara de Diputados. Profesando el credo obligatorio del optimismo, Marcos Peña aseguró que la inflación “seguirá bajando”, que estamos en una etapa de “crecimiento sostenido” y que el gradualismo es un camino irrenunciable.
Esa presentación de Peña ofreció elementos que alumbran el camino de los próximos días. Porque el bloque kirchnerista, a diferencia de ocasiones anteriores, ordenó su propia agenda y en lugar de una oposición cerrada y tumultuosa presentó unaofensiva organizada sobre la marcha de la economía y, en especial, contra el ministro Caputo por las andanzas off shore previas a su nombramiento en el Gobierno
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