Por Hector Gambini
La primera sentencia brutal es que se invierte la carga de la prueba: todos tenemos coronavirus, excepto que se demuestre lo contrario. La segunda es que la guerra es contra un enemigo invisible que acecha desde la banalidad de un estornudo casual y se propaga a velocidad supersónica, haciendo estragos en sistemas de salud del primer mundo.
La tercera es que el virus se prepara para estallar en la Argentina a principios de mayo y que para eso faltan 40 dias. Cuarenta días son un suspiro para equipar al conurbano profundo de más centros de atención efectivos, respiradores, médicos y enfermeros listos para una epidemia que la Argentina no conoce desde 1871, cuando la fiebre amarilla mató al 8 por ciento de los porteños.
Pero a su vez son una eternidad para el changarín que ya hace más de dos semanas que no vende alfajores, encendedores, revistas de crucigramas ni pilas en los trenes, ni en los semáforos, ni en ningún lado. Para esa porción enorme de la economía informal que pelea el peso día a día, la batalla empezó muy cuesta abajo.
Esa economía microscópica pega fuerte en el conurbano, donde los intendentes empezaron a repartir alimentos aún antes del anuncio del Gobierno de asistir con 10.000 pesos a los cuentapropistas. En Ituzaingó hay bolsas con productos de almacén pensados para que le duren 15 días a una familia tipo. Algunas familias ya empezaron a pedir dos.
A ese clima se suman algunos intendentes que "sellaron" sus partidos, como Ezeiza. Uno de los cierres es sobre la Ruta 52 de Canning, que es Ezeiza de una mano y Esteban Echeverría de la otra.
Y entonces pusieron vallas a lo largo de la ruta, de modo que los vecinos autorizados salen hacia la Capital por una suerte de Canning Oriental (Esteban Echeverría) y regresan por Canning Occidental (Ezeiza).
Detrás de las vallas quedaron almacenes y farmacias que abastecían a la primera línea del Este, y viceversa. La paradoja es que, para evitar la circulación, ahora hay que circular el triple: dar una larga vuelta hasta una rotonda donde del lado de Ezeiza (Canning del Oeste) suelen improvisar un Checkpoint Charlie criollo (aquel célebre puesto de control en el muro de Berlín) donde empleados municipales toman la fiebre.
El límite entre la responsabilidad y la sobreactuación queda tan difuso como la legalidad del procedimiento, que la Provincia salió a criticar. Lo mismo para San Vicente y los más populosos Lomas de Zamora y Almirante Brown, que fueron con medidas similares.
El gobierno tiene otro ruido que atender en el conurbano mucho antes de que se cumplan los 40 días de previsión hacia el pico del virus, y son las marcadas diferencias salariales entre el personal de salud de la ciudad de Buenos Aires o entre partidos del mismo GBA.
Un médico cobra un sueldo en Capital, otro en San Isidro y otro muy distinto en José C. Paz. Esos importes llegan en casos extremos al doble -o la mitad, según se mire- pero en promedio es una desigualdad que ronda el 40 por ciento. El tema le fue planteado al Presidente Fernández en Olivos.
Mientras el Ejército reparte alimentos en La Matanza y Quilmes y monta un hospital de campaña en Campo de Mayo con capacidad para atender a 100 personas cada 15 minutos, Berni prepara a la Policía Bonaerense para otro escenario: ya hay diez puestos de comando en zonas estratégicas del GBA con 200 policías de élite cada uno, listos para actuar rápido si la situación en algunos barrios aislados muta hacia el desborde social.
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