Por Ricardo Roa
La primera semana fue sobre todo el miedo al contagio. La segunda, los conflictos por la cuarentena. Y en esta que termina apareció la economía. La angustia de no saber qué pasará con el salario o directamente el temor a perder el empleo.
Este es el registro que tienen psicólogos de la Defensoría del Pueblo porteña. Lo que surge de las consultas que les hace la gente. Y es un cuadro que difícilmente cambie con una cuarentena que ha sido prorrogada y que muy posiblemente vuelva a ser prorrogada.
El presidente dice que no lo correrán con la economía. El problema es que la economía está corriendo a la gente. Y el problema del presidente es que debe encontrarle una salida al problema de la gente. No es sólo acertar con las medidas sino acertar con la gestión. El mismo día en que el Gobierno puso a los intendentes a controlar los precios, pagó mucho más caro que esos precios que él mismo había fijado. Alimentos y productos esenciales en Desarrollo Social y en el PAMI, centros clave de la ayuda a los más vulnerables. Nada menos.
Muchos no creen en los controles de precios. Y muchos más no creen que los intendentes estén capacitados para controlar los precios. ¿Para qué existe, si no, la Secretaría de Comercio? Los intendentes recibieron atribuciones para evaluar si detrás de un precio hay una ganancia razonable. ¿Qué es una ganancia razonable? Lo peor es que les dieron también el poder de clausurar comercios. Y eso se presta a cualquier cosa. Lo sabe todo el mundo.
La medida tiene dudoso efecto económico pero sonoro efecto político. El gobernador Kicillof atiende poco a los intendentes y no los escucha. En realidad, Kicillof es un hablador compulsivo que no escucha a nadie. Y también es un pícaro. Se cansó de denunciar la herencia de Vidal y presentó como propia una herencia de Vidal: la billetera virtual del banco Provincia. Encima lo hizo participar del acto a Alberto Fernández.
Algo parecido a la ministra de Seguridad Frederic, que se dedicó a voltear todo lo que pudo de la herencia que le dejó Patricia Bullrich y se quedó con los sistemas de patrullaje de las redes que Bullrich había comprado en Israel. Frederic dijo: “hacer ciberpatrullaje es estar atento a las tensiones sociales”. ¿Qué delitos está investigando? Con esta vigilancia, Bullrich denunció a tuiteros kirchneristas. El abogado defensor fue Alejandro Rúa, el mismo que defiende a Boudou. Las paralelas se tocan todo el tiempo.
Fernández entra a la cuarta semana de cuarentena gobernando a puro decreto de necesidad y urgencia: en cuatro meses aprobó 30. Nadie sancionó tantos en tan poco tiempo. Se vale de una ley de emergencia que le dio superpoderes para otra cosa: bajar el gasto público. El Congreso no funciona y la Justicia funciona en modo feria, que es no funcionar. Es tan comprensible que concentre poder contra la pandemia como necesario el equilibrio entre la efectividad que exige la crisis y el control que exige la república. No vaya a ser que por curarnos del virus nos enfermemos de autoritarismo.
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