Por Guillermo Villarreal
Para los jueces de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores, que este martes confirmaron el procesamiento con prisión preventiva de los ocho rugbiers de Zárate, el crimen de Fernando Báez Sosa (18) "fue, simplemente, una cacería humana con un solo objetivo: la víctima". Y los imputados fueron definidos como "personas frías y calculadoras". Los camaristas, que fallaron sin disidencias, además confirmaron a la fiscal Verónica Zamboni al frente de la causa al rechazar la recusación planteada por el abogado defensor, Hugo Tomei. "La resolución del magistrado de origen -el juez de Garantías David Mancinelli- se ajusta a derecho y que no concurre motivo alguno para hacer lugar a la recusación", dijeron.
En la resolución de 33 páginas a la que tuvo acceso Clarín, el primer voto correspondió al juez Luis Felipe Defelitto -adhirieron sus pares Fernando Sotelo y Susana Darling Yaltone-, y rechazaron cada una de las nulidades solicitadas por la defensa de los rugbiers a partir de las que se basaba para pedir su libertad.
"No se vislumbra perjuicio alguno", sostuvieron los camaristas para responder sobre la falta de firma en un acta, una de las nulidades solicitadas, y concluyeron que las declaraciones que se les tomaron a los diez jóvenes fueron "recepcionadas conforme a derecho, sin violación a garantía constitucional alguna, son válidas".
Tomei había denunciado falsedad ideológica contenida en las actas de las declaraciones, en las que actuó la defensora oficial. Decía que para la fiscalía era "imposible en uno, dos, tres cuatro o cinco minutos" comunicar derechos, informar debidamente los hechos, la prueba y otras cuestiones del proceso; también que había actas sin firmar.
"Cabe preguntarse -explicó Defelitto-, cuál es la ventaja que podía obtener en la investigación el hecho de informarles deliberadamente mal a los imputados el hecho enrostrado (por el cual, por otra parte, se les dictó la prisión preventiva) para, a renglón seguido, aconsejarles que no declaren (negativa que no puede ser alegada en su contra y que los habilita a declarar cuantas veces quieran". Consideró que el del defensor "es un relato conspirativo sin asidero alguno".
Los camaristas entienden que el agravio en cuanto a la calificación que pesa contra los rugbiers (homicidio doblemente agravado por premeditación y alevosía) "no ha sido debidamente fundado" y critica que la defensa "ni siquiera ha mencionado según su criterio cuál sería la calificación legal que correspondería al evento investigado".
La investigación se basa en un crimen que conmocionó al país, la madrugada del 18 de enero pasado a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell.
Fernando Báez Sosa fue asesinado a golpes por la patota de rugbiers, que lo ejecutaron pateándole la cabeza cuando estaba en el suelo, inconsciente. Luego unos se fueron a dormir, otros a desayunar.
Defelitto, al sostener la prisión preventiva para los ocho, los definió: "A mi entender, esa falta de nerviosismo, de normal actitud, nos demuestra todo lo contrario: personas frías y calculadoras".
"Nada me impide sostener, como argumento, que pensaban que iban a quedar impunes, que nadie los reconocería, etc. Recordemos que algunos de ellos, instantes después, son interceptados por personal de infantería y al haber expresado que no habían participado en pelea alguna, siguieron tranquilamente su camino. No había nada que temer".
Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (19), Blas Cinalli (18), Enzo Comelli (20), Ayrton Viollaz (20), Luciano Pertossi (18), Matías Benicelli (20) y Lucas Pertossi (21) permanecen detenidos en la Alcaidía La Plata 3, en Melchor Romero, donde están alojados en cuatro celdas de a dos en el mismo Pabellón 6, en el que no tienen contacto directo con los demás detenidos.
El trámite por el arresto domiciliario para ellos se inició en febrero, pero la cuarentena por el coronavirus demoró los informes que el juez Mancinelli, el mismo que dictó las prisiones preventivas y les agravó la calificación con la "alevosía", solicitó a fin de resolver si corresponde o no otorgarles el beneficio de seguir el proceso desde sus casas.
De momento, teniendo en cuenta la pena en expectativa (prisión perpetua), el trámite no parece viable.
Hay otros dos rugbiers acusados que fueron excarcelados el 10 de febrero, aunque siguen imputados en la causa: Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (20).
Igual que los abogados de los papás de Fernando, del equipo de Fernando Burlando, y el fiscal general, Diego Escoda, al hablar de los peligros procesales los jueces de Dolores detectaron en los imputados "conductas tendientes a obstaculizar la investigación".
Como el hecho de haber metido a un tercero que nada tenía que ver con el caso, el remero Pablo Ventura -sobreseído definitivamente-, que estuvo detenido cuatro días cuando ni siquiera había estado en Villa Gesell. Los jueces entienden que su mención respondió a "un claro intento por desviar la investigación".
"No puede dejar de señalarse -concluyeron- la cantidad de intervinientes contra una sola persona, la brutalidad de la golpiza ejercida contra la víctima, el motivo fútil que llevó al accionar de los imputados a darle muerte, el desprecio total por la vida ajena. Fue, simplemente, una cacería humana con un solo objetivo: la víctima".
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