Con el regreso de Cristina, a Cristóbal López, el zar del juego y empresario estrella del kirchnerismo, le volvió el alma al cuerpo. O, mejor dicho, le volvieron a sonreír los negocios con el poder. A fines del 2015 tenía una deuda con la AFIP de unos $ 10.000 millones, cerca de 900 millones de dólares al precio oficial. Una montaña de plata por donde se mire. Y no por evasión sino por defraudar por años al Estado con la empresa Oil: desde el mismo momento en que la creó en 2011, se quedó con el impuesto a los combustibles y con ese dinero que no era suyo, se financió y compró más de un centenar de empresas. Muchísimas: se cuentan unas 170.
Después de eso, las pasó feas. Mandó a Oil a convocatoria con la idea de pagar la deuda con quita y en comodísimas cuotas. Mudó el domicilio de la empresa para llevar el concurso a un juzgado amigo de Comodoro Rivadavia. Pero la AFIP, ya bajo gobierno macrista, se opuso al traslado y al final la Corte decidió declarar nula la apertura del concurso y que todo se tramitara en la Capital.
Sin la protección del poder, López sumó malas noticias. La convocatoria de Oil se convirtió en quiebra y la defraudación al Estado, en cárcel. Intentó vender Oil o sería mejor decir intentó simular la venta de Oil. Pero las movidas fallaron porque falló una condición necesaria: la moratoria de la AFIP.
No bien asumieron Fernández y Cristina, Cristóbal volvió a la carga con la idea fija de conseguir esa moratoria. En enero le pidió a la AFIP un nuevo plan de facilidades de pago pero la respuesta del servicio jurídico de la AFIP fue que la ley impedía concederle ese beneficio: Oil está quebrada y sin operar y López está procesado por defraudar al Estado.
López se la agarró contra la jefa de la AFIP Marcó del Pont, a la que sus medios empezaron a llamar Marcó del Pro. El apriete es historia reciente pero es historia vieja. Ahora el Gobierno está a punto de darle finalmente lo que tanto ha estado buscando: una moratoria a la medida de sus pretensiones.
El proyecto ya tiene media sanción en Diputados y pinta paseo en el Senado. ¿Qué dice? Que pueden entrar a la nueva moratoria para empresas golpeadas por la pandemia, las que tienen deudas por combustibles y las quebradas sin continuidad. Dos cosas que no estaban en la moratoria para pymes de diciembre y que calzan justo con lo que López necesita. Tanto que los beneficios que le dan a López no se los dieron a las pymes.
No hubo fundamentos del oficialismo para defender los privilegios a López. Nadie quiso quedar pegado con una maniobra evidente. En comisión, Marcó del Pont sólo dijo: “Como recaudadora, quiero a todos adentro”. Ahora la llaman Marcó del Fisco. El proyecto ganó por los siete votos que aportaron Schiaretti y Lavagna. Graciela Camaño, Jorge Sarghini y los dos socialistas del bloque se opusieron: presentaron una propuesta alternativa.
La cosecha de López no termina ahí. Con la moratoria y el levantamiento de la quiebra, López podrá limpiar sus cuentas con la AFIP y con otros acreedores y encima pedir los US$ 100 millones depositados en el juzgado por la venta a YPF del puerto y la refinería de Oil.
La frutilla del postre vendrá si logra otro objetivo clave: convertir el delito de defraudación en evasión y zafar así de las sanciones penales. Y por si algo falta: Carlos Beraldi, el abogado de Cristina que Fernández puso para reformar la Corte, también es quien defiende a Cristóbal López.
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