Por Ricardo Roa
El Gobierno tiene dos torres de control para todo, por lo que no es nada raro que los funcionarios choquen. Por suerte no se trata de aviones. Aunque ya la Torre Alberto se subordina a lo que dice la Torre Cristina, los choques son cada vez más fuertes y frecuentes.
Acaba de pasar con Carlos Raimundi, el representante argentino en la OEA. Raimundi es un embajador político y los embajadores políticos son del presidente. Pero no en este caso: Raimundi es de Cristina. Antes había sido del Frepaso y antes de Lilita Carrió y antes radical, pollo de Fredy Storani. Allí fue un crítico de Alfonsín desde la izquierda, hasta que pegó el portazo porque lo dejaron afuera de una lista de candidatos a diputado.
En la última reunión del Consejo Permanente de la OEA, agendada para tratar el drama del pueblo venezolano, Raimundi defendió a Maduro. Román Lejtman cuenta en Infobae que el canciller Felipe Solá le había ordenado condenar las violaciones a los derechos humanos. ¿Y qué hizo Raimundi? Una a lo Raimundi: dijo que hay una apreciación sesgada sobre Venezuela. Sin decirlo, sesgadamente dijo Solá.
Carlos Raimundi, representante argentino en la OEA.
Se le fue tanto la mano que el presidente Fernández tuvo que llamarlo y desde la Cancillería tuvieron que desautorizarlo, todo lo que tolera el doble comando. En un gobierno normal si un embajador hace lo que hizo Raimundi y desobedece una orden que en política exterior es lo menos profesional que existe, lo más probable es que lo corran de inmediato. No se los echa para no agrandar la cosa, pero la sanción queda clara para todo el mundo. Pero Fernández y Solá ahora no pueden tocar a los funcionarios puestos por Cristina. Hace tres meses, era otro cantar: Solá frizó la designación como embajadora en Rusia de la exazafata Alicia Castro, promovida por Cristina. Había cruzado por twitter al canciller precisamente por Venezuela. Hoy no hubiera podido.
En medio de la votación de la OEA se estaban jugando otros partidos. Un sector de la izquierda europea le ofreció a Maduro una salida: elecciones con apoyo internacional. Maduro entregó presos políticos y explotando la pelea interna de la oposición, logró que Capriles aceptara participar. La mayoría de los jefes opositores están presos o proscriptos. Los comicios son clave para que Maduro pueda simular que hay democracia.
Pero apareció un bombazo: una nueva actualización del estremecedor informe de 2018/19 de Bachelet sobre muertos y torturados, que añade a las más de 7.000 víctimas otras 2.000 desde enero. Decir Bachelet es decir la ex presidente socialista hija de un general que murió en la cárcel de Pinochet. La denuncia rompió el pacto con Capriles y dejó patinando al progresismo que busca descalificar cualquier cosa que le pegue al chavismo y termina por justificar la tortura.
También quedó patinando Raimundi y de seguido, desdibujado el papel de Solá y Fernández. Por si hace falta decirlo: en Venezuela no hay democracia. No existe división de poderes ni prensa libre ni la posibilidad de que el Gobierno pierda una elección. El presidente de la Corte Suprema, Maikel Moreno, es un ex guardaespaldas que fue arrestado bajo sospecha de matar a un adolescente. Metió en la cárcel a alcaldes de la oposición, anuló los poderes del Congreso y destituyó a la fiscal general, que huyó del país. Hay una dictadura militar, con miles de presos políticos y millones de exiliados, como las que conocimos aunque de color diferente. Maduro persiste por la fuerza y el apoyo del batallón de cubanos desplegado en Venezuela. Con ellos controla el aparato del Estado y sobre todo el aparato militar. Eso es inocultable y no hay malabarismo ni sarasa diplomática que valgan.
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