Por Hector Gambini
La carta robada es uno de los relatos más célebres de Edgar Allan Poe. Un ministro le ha robado a la Reina una carta que al parecer la compromete ante el Rey, y la Policía ha revisado infructuosamente cada rincón oculto de la casa del ministro para recuperarla. Lo hará, finalmente, el detective Dupin: la carta robada está sobre la chimenea, en el sitio más visible de la vivienda. Los policías no la encontraban porque buscaban en los más insólitos recovecos ocultos lo que estaba precisamente allí, a la vista de todos.
La carta de Cristina Kirchner no muestra nada extraordinario a la vista de todos. Estaba allí antes de ser escrita: ella enumera tres "certezas" -así las llama- sobre la actualidad política. En la primera, asegura que los empresarios y los medios no aceptan que el peronismo volvió al gobierno, y que eso "es una de las dificultades más grandes para encauzar definitivamente a la Argentina". Es decir, la culpa no es del gobierno sino de quienes, según ella, no lo aceptan.
En la segunda, afirma que "el que decide es el Presidente. Puede gustarte o no lo que decida, pero el que decide es él". Cristina decide revelarnos que decide Alberto. Como diría Máximo: y sanseacabó. Si fuera así, ¿por qué habría que aclararlo? ¿Alguien se imagina a Víctor Martínez aclarando que el que decidía era Alfonsín; o a Scioli vice de Kirchner diciendo que el que decidía era Néstor? Tercera certeza, a propósito del dólar: "La Argentina es ese extraño lugar en donde mueren todas las teorías".
Alberto Fernández reaccionó diciendo que él sentía que la carta era "un respaldo" -si el que decide es él, ¿para qué necesita un respaldo público de su vice?-, y que "definitivamente apoyó al gobierno". Pero, entonces, ¿no integran el mismo gobierno? Y analizó el contenido como quien interpreta un texto bíblico.
Después utilizó el pequeñísimo espacio político que le quedó el martes para un gesto personal. Fue a homenajear a Néstor Kirchner caminando junto a Vilma Ibarra y Sergio Massa, dos de los zamarreados por Cristina en la Segunda Certeza. Las profundas ojeras del rostro agotado del Presidente llamaron la atención en los primeros planos de la TV.
Ni Cristina ni Máximo fueron al homenaje en el CCK. Máximo se fotografió en Villa Fiorito ante un mural donde pintaron a Néstor y Cristina de espaldas a la multitud y a su heredero, él mismo, de frente al pueblo.
En el aniversario de la muerte de Kirchner, Alberto fue a mirar hacia atrás. Máximo, hacia adelante.
Pero mientras Cristina meneaba la carta cuyo contenido ya estaba a la vista de todos, sus alfiles en el Congreso seguían avanzando, imperturbables y sigilosos, sobre las rutas trazadas de antemano por su jefa política.
Al mismo tiempo que leíamos, en su Segunda Certeza, que a Cristina le resulta "inaceptable" que se diga que sólo quiere solucionar sus problemas judiciales, una comisión bicameral avanzaba con la ofensiva al procurador Eduardo Casal.
Allí -en simultáneo a la carta, el mismo lunes-, el diputado de La Cámpora Rodolfo Tailhade presionaba para obtener mayoría kirchnerista en un tribunal interno de la procuración que le permita al menos suspender al actual jefe de los fiscales, y enseguida le pedía "los legajos" de todos los arrepentidos que hayan declarado en todas las causas de corrupción.
Eso incluye la información completa y minuciosa de todos los arrepentidos que declararon contra Cristina en todas las causas en su contra.
El puesto de procurador general es clave en el sistema acusatorio: en un futuro que decidirá otra comisión del Senado, el jefe de los fiscales podrá impulsar o frenar causas con mayor poder que el que ahora tienen los jueces.
Esa otra comisión que decidirá -quizá cuando haya un procurador afín al gobierno- si el sistema acusatorio empieza a regir en el fuero porteño (donde están las causas contra Cristina) es presidida por Anabel Fernández Sagasti, la senadora preferida de Cristina que impulsó la fallida expropiación de Vicentín.
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