Por Ricardo Roa
No es novedad que cada año Estados Unidos fije posición sobre la situación de los derechos humanos fuera de su país. La novedad conocida es que quien ahora fija posición es Joe Biden. Pero hay una más que se hace conocer: Biden ha empezado a transmitir la señal de que los derechos humanos son para su gobierno cuestión clave. Y le añade más: que también lo es el funcionamiento de la justicia.
Entre las cosas que nos toca de esa posición es que machaca sobre la corrupción en la Argentina. Lo acaba de hacer en el documento que firma el secretario de Estado Antony Blinken. Califica a nuestro sistema judicial de ineficaz y politizado y habla sin vueltas de funcionarios que participaron de prácticas corruptas con impunidad. Es, en lenguaje diplomático, señal clarísima de lo que quiere remarcar. Y que enlaza derechos humanos y funcionamiento de la justicia, y por añadidura, funcionamiento democrático.
A diferencia de Hillary Clinton, que llegó por la interna demócrata al Departamento de Estado con Obama, Blinken viene del mundo académico y es un especialista en relaciones exteriores y seguridad. Pero no es un tecnócrata. Es del riñón de Biden: fue su consejero en sus ocho años de vicepresidente. Esta misma semana, en Alaska, sorprendió al responsable internacional del Politburó chino y al canciller con un planteo sobre violaciones a derechos humanos.
La observación norteamericana a la Argentina no cae en un momento cualquiera. Y como con el kirchnerismo conviene tomarse todo en serio, cae justo cuando llueven operaciones de los servicios de inteligencia o que huelen a servicios de inteligencia inventando conspiraciones del macrismo con fiscales, jueces y periodistas para perseguir a Cristina.
Justo ahí el diputado Tailhade sale a insultar periodistas y mostrar sin disimulo hacia dónde apunta el Gobierno. Pidió las declaraciones patrimoniales de una veintena de fiscales que investigaron la corrupción. Busca presionarlos y a la vez demostrar que Cristina ha sido víctima de lawfare: la justicia que no la es sino para perseguir a opositores. Algo de lo que el propio Tailhade sabe y mucho: fue jefe de Contrainteligencia de la AFI con Parrilli y Mena, hoy dos de Justicia. Todos miembros de la mesa judicial del cristinismo, más el ex radical Moreau y otros más silenciosos como Beraldi, abogado a la vez de Cristina y de Cristóbal López. Las paralelas se juntan, y no tan en el infinito porque se las ve.
Biden fija posiciones en derechos humanos y también en el tablero económico: lanzó un plan de 2,25 billones de dólares en ocho años para crecer, generar millones de empleos, modernizar la infraestructura y recuperar la industria. Esto es: entre cinco y seis veces nuestro PBI. Citó a Lincoln y Eisenhower, dos republicanos, para colar en el Congreso un paquete de impuestos a compañías que se han mudado buscando mano de obra barata, sobre todo en China. Nada ni parecido a esto hay en nuestro tablero. Lo nuestro es contar pobres, empresas que se van o cierran, años de recesión y un bajón interminable de las inversiones.
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