Por Lucia Salinas
Después de la escandalosa audiencia en la que se cruzaron con gritos e insultos, Leila Gianni -subsecretaria Legal del ministerio de Capital Humano- y Juan Grabois, en el marco de la causa donde se discutía la orden judicial de distribuir 5.000 toneladas de alimentos a comedores y merenderos antes de su vencimiento, el representante del Ministerio Público Fiscal de la Cámara Federal porteña, convalidó el criterio del juez Sebastián Casanello y echó por tierra el principal argumento del gobierno.
La Cámara Federal debe resolver si Capital Humano tiene razón -o no- sobre los argumentos planteados en contra de la decisión del juez Sebastián Casanello cuando ordenó la inmediata distribución de alimentos que estaban próximos a vencerse. El fiscal de dicha instancia, José Luis Agüero Iturbe, se pronunció sobre el caso y dijo que el ministerio de Sandra Pettovello se equivoca al decir que son "políticas de gobierno no justiciable".
La discusión llegó ante la Sala II de la Cámara Federal de apelaciones después de que Capital Humano se opusiera a la medida judicial que la semana pasada estipuló un plazo de 72 horas -que vencieron el viernes-, para que se presente un plan de inmediata distribución de los alimentos almacenados en un galpón perteneciente al ministerio.
No sólo la Subsecretaría Legal se opuso a dar cumplimiento a lo resuelto por Casanello, sino que lo acusó de "entrometerse", "violar la división de poderes", señaló que la distribución de alimentos corresponde a una "una cuestión política no justiciable" y que la orden que impartió el juzgado "atenta contra las competencias del Ministerio".
Pero el fiscal Agüero Iturbe rechazó esos argumentos. "En este caso no se está invadiendo ninguna esfera de reserva que importe quebrantar la división de poderes, derivación lógica del inveterado principio constitucional referido a la forma republicana de gobierno", expresó el representante del Ministerio Público Fiscal.
Agüero Iturbe indicó que acusar al magistrado de violar la división de poderes con su resolución, es ir "más lejos de lo que en realidad acontece" y se refirió al argumento central de la apelación: "Bajo el mote de cuestión política no justiciable se trasluce una discrepancia de criterio con la decisión del caso".
En primer término el fiscal ante la Cámara consideró que la expresión vertida en la apelación es demasiado amplia y entendió que Casanello "no se está atribuyendo facultades" propias del Ministerio de Capital Humano. "No se alza el juez en contra del sistema normativo. Es inexistente la invocación de competencias y en consecuencia de este agravio", sostuvo al rechazar lor argumentos del ministerio que dirige Pettovello.
En la resolución que apeló Capital Humano, el juez había pedido que en el plazo de tres días se presentase un esquema de distribución de unas 5.000 toneladas de alimentos. La decisión -continuó señalando el fiscal ahora- "sólo se limita a requerir información y pedir que se elabore un plan de entrega conforme a los parámetros que establezca el Ministerio, para la entrega de alimentos que ha declarado tener".
Con ese criterio manifestado, el representante del Ministerio Público Fiscal, dijo que esa acción no permite sostener la queja respecto a que el juez "haya delineado una política pública, aún cuando dicha política podría ser sometida a consideración judicial". El doctor Casanello -continuó expresando el fiscal- "con su proceder, se mantuvo dentro de las facultades jurisdiccionales".
"Sostener que la distribución de alimentos es una cuestión sometida a criterios de oportunidad, mérito y conveniencia también es debatible", profundizó Agüero Iturbe. "Sin embargo lo que aquí pone en tela de juicio la recurrente es que la distribución o no de alimentos y el tiempo para hacerlo es de resorte exclusivo de esa cartera ministerial. De nuevo, en la medida cautelar, y en lo que aquí aparece como cuestionable, se dispuso que la distribución de alimentos cuya tenencia fue reconocida se formule conforme a un plan que debe instrumentar el gobierno".
Este martes comenzó la distribución de los alimentos que estaban próximos a vencerse, como más de 300 kilos de leche. El plan de entrega demandará dos semanas.
En tanto, resta conocer el criterio que adoptará la Sala II de la Cámara, integrada por los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, sobre el accionar del magistrado.
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