La expropiación del 51% de las acciones de YPF a Repsol se trata "lisa y llanamente" de "una confiscación", que viola la Constitución argentina. Así de contundente lo expresa el diario 'La Nación' en un editorial donde desgrana todos los errores que ha cometido la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner en esta operación.
"La expropiación está aceptada por el derecho público en todas las democracias modernas", recuerda el periódico porteño, sin embargo, "para no ser una confiscación [...] quien es expropiado tiene derecho a recibir una indemnización equivalente al valor económico del objeto expropiado. La Constitución Nacional es muy clara al respecto, en su artículo 17: 'La propiedad es inviolable y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada'".
Este artículo de la Carta Magna convierte la decisión anunciada por la presidenta en ilegal. Y esta medida, según el diario, "no debería ni siquiera ser defendida por aquellos que están a favor de que YPF sea propiedad del Estado argentino". Además, se recuerda que la expropiación debería haber sido aprobada con anterioridad en el Congreso puesto que "la intervención de la empresa, realizada con antelación al tratamiento parlamentario, es un brutal atropello a los derechos de los accionistas de YPF".
Sobre la posible indemnización, el Gobierno argentino pretende retrasarla todo lo posible y pagar lo menos posible, como presumía hace dos días el viceministro de Economía, Axel Kicillof.
Un castigo
Tampoco se cree el periódico argentino aquella afirmación con la que Kicillof aseguró que no actuaban "contra Repsol ni contra capitales españoles". 'La Nación' se pregunta: "¿Por qué se apropia el Estado de acciones de Repsol y no del grupo Peterseno de los otros accionistas de YPF? ¿Bajo que principio jurídico se asienta esta flagrante e inconstitucional discriminación? Hubiera resultado lógico que, habiendo decidido obtener el 51%, el Estado expropiara a todos los accionistas de manera proporcional. ¿Se habrá pensado en el Poder Ejecutivo quizá que las consecuencias judiciales serían menos serias?"
El diario no sabe si se ha castigado a Repsol por ser español, en cuyo caso sería discriminación, o por su mala gestión, en cuyo caso se "estaría usurpando un derecho que corresponde a los accionistas de Repsol e YPF".
Al final, el texto de opinión acaba diciendo: "En resumen, la forma en que la Presidenta decidió confiscar las acciones de Repsol en YPF ha dañado seriamente la imagen del país, ha reforzado la noción de que quienes nos gobiernan no respetan la ley, ha complicado los esfuerzos diplomáticos para conseguir apoyo internacional a nuestro legítimo reclamo por las Malvinas y ha aumentado significativamente el costo de financiamiento para cualquier proyecto de inversión en la Argentina. Nada hay para aplaudir"
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