Por Eduardo Van Der Kooy
No tuvo fortuna Cristina Fernández cuando eligió este momento para salir de su aislamiento y volver a mostrarse, después de mucho tiempo, por el mundo. Debió escuchar de boca de Francisco referencias recurrentes a la necesidad de la inclusión social. Según el pensamiento del Papa, esa deuda tiene una vinculación directa con la inseguridad, el narcotráfico y el desamparo de millones de jóvenes. La Presidenta no pudo hacer alharaca, entonces, sobre los presuntos beneficios del modelo económico que forman parte de su relato doméstico.
A su imagen la mancillan asuntos bien oscuros de la administración del poder. Muestra a Amado Boudou con un cerco judicial por el escándalo Ciccone. Va cobrando dimensión el tráfico de influencias en el Poder Judicial de otro de sus laderos clave: Carlos Zannini, el secretario Legal y Técnico. Por el momento, sólo aparece indemne Máximo Kirchner. Pero su hijo, que también cosecha pequeñas cuitas con la Justicia, no es funcionario.
El sistema de poder presidencial estaría jaqueado por sospechas de corrupción.
Con esas cartas de presentación, Cristina salió de gira por el Vaticano y París.
Hace tiempo que la Presidenta presume que algo podrá ocurrir con su vicepresidente.
“Así como lo puso, lo va a tener que sacar”, comentó el fin de semana un hombre cercano a la causa del escándalo Ciccone. El juez Ariel Lijo amontona pruebas en contra de Boudou. La familia Ciccone, a través de una solicitada, cargó con extrema dureza contra el guitarrista y ex militante de la UCeDe. Lo responsabilizó de haberse querido apropiar de la empresa que, entre varias tareas, se dedicó a imprimir billetes moneda nacional. La endeble situación jurídica y política de Boudou indujo a la Presidenta a imponer al radical K, Gerardo Zamora, como presidente provisional del Senado. El primero en la línea sucesoria después del cuestionado vice. El senador y ex gobernador de Santiago del Estero es un rehén político y económico del cristinismo.
Las balas han comenzado a silbar desde la semana pasada muy cerca de Zannini. ¿Por qué motivo? Su mano derecha en la Secretaría Legal y Técnica, Carlos Liuzzi, quedó embretado por una declaración de Norberto Oyarbide. El juez contó, muy suelto de cuerpo, que en diciembre resolvió suspender un allanamiento en una financiera por una solicitud telefónica de Liuzzi.
Ese funcionario le advirtió que la Policía estaba pidiendo coimas, en nombre del magistrado, para poner fin al operativo. Oyarbide aseguró que la advertencia le mereció confianza.
Esa confianza empezaría a explicarse después de que el fiscal Patricio Evers solicitó ayer que vuelva a considerarse una investigación archivada por Oyarbide por supuesto enriquecimiento ilícito del mentado Liuzzi. Aseguran que su patrimonio personal habría crecido 38 veces entre 2003 y 2011. Haría falta indagar, además, si aumentó también entre 2011 y 2013. Aquel llamado de Liuzzi a Oyarbide, por lo visto, estuvo lejos de constituir un hecho circunstancial.
Cristina, como hizo en su época con Boudou, también ordenó un respaldo público e irrestricto para Zannini.
Corrió por cuenta del secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli. Dijo que el número dos del Gobierno, en los hechos, cuenta con toda la confianza. ¿La confianza de quien? Tal vez, ni Julián Alvarez ni el diputado Eduardo De Pedro tendrían un parecido sentimiento. Ellos debieron hacer malabarismos la semana pasada para que un pedido de juicio político contra Oyarbide, detonado desde diferentes frentes, fuera pospuesto en el Consejo de la Magistratura. Ambos camporistas se convirtieron en recientes integrantes del organismo.
El dilema deberá comenzar a resolverse mañana. La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo abordará el caso Oyarbide.
Esa comisión es controlada por el kirchnerista Carlos Moreno.
El consejero adujo la semana anterior que no podía darse curso a la acusación sin contar antes con la notificación al juez. Esa falta le hubiera permitido a Oyarbide plantear la nulidad del procedimiento. Habrá que ver cómo se comporta Moreno en las próximas horas.
La Cámpora, sin embargo, més allá del destino que tenga el nuevo escándalo, se siente incómoda por la situación. Debió proteger a Oyarbide al mismo tiempo que un integrante de la vanguardia intelectual –Ricardo Forster, de Carta Abierta– calificó al juez de“impresentable”. No es la primera vez que los camporistas reprochan a Zannini cierta impericia por sus enjuagues judiciales. Y este enjuague no es cualquier cosa: se trata de Oyarbide, que alimenta su historia con una veintena de pedidos de juicio político de los cuales sólo uno prosperó, en la década de los 90, aunque resultó absuelto.
Oyarbide, con la descripción de lo ocurrido en aquel trunco allanamiento, desnudó como pocos la injerencia K en la Justicia. ¿Lo hizo para enviarle un mensaje al poder? ¿Se animará ese poder a mandarlo definivamente al matadero? Dependerá únicamente de lo que resuelva Cristina cuando olvide París y aterrice en Buenos Aires
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