Por Eduardo Van der Kooy
En ese mamarracho no me voy a meter”. Cristina Fernández fue contundente delante de la facción de diputados, intendentes y ex funcionarios que aún la escoltan, con los cuales departió aquí. ¿A qué refirió? No está dispuesta a participar en las luchas internas que hacen demasiado evidente la distancia entre kirchnerismo y peronismo. Incluso entre sus fieles hay desencanto. La idea del Frente Ciudadano esbozada en abril, en su primer regreso a Buenos Aires, parece haber ingresado en un paréntesis.
Nadie sabe si la ex presidenta es consciente de todo lo perdido en dos meses de refugio en El Calafate. No sólo sobre la aceptación social que, en fuerte descenso, seguiría siendo su puntal. Asoma cada vez más aislada en un espacio heterogéneo que supo conducir y congregó en el 2011 el 54% de los votos. En esa cima comenzó su perdición.
Las comparaciones en la brevedad de sesenta días resultan elocuentes. No hubo mitin ni discurso en Comodoro Py, donde otra vez debió comparecer ante Claudio Bonadio. En abril juntó a 51 de los 55 intendentes del peronismo bonaerense. En esta ocasión ese número no alcanzó los dos dígitos. También había arengado a 71 de los 79 diputados del FpV. Ahora debió conformarse con una módica quincena. Reflejo, al fin, de los desgajamiento que se producen en Diputados y el Senado y la autonomía que, con excepción de Alicia Kirchner, tomaron los gobernadores pejotistas.
Habría más en su extravío. También los movimientos sociales iniciaron reacomodamientos. El Movimiento Evita no sólo rompió en Diputados otro pedazo del FpV. Una de sus figuras, Fernando Navarro, promueve un acercamiento con Sergio Massa y el regreso del líder del Frente Renovador al peronismo. Una daga clavada en la silueta de la ex presidenta. Massa se exhibe, como nunca antes, muy cerca de Margarita Stolbizer. La diputada del GEN es una topadora con las denuncias de corrupción contra la familia Kirchner.
No se trata de la única novedad amarga. Emilio Pérsico, también del Movimiento Evita, frecuenta más de lo que se sabe a Carolina Stanley. La ministra de Desarrollo Social poseería de parte de Francisco, el Papa, una consideración espontánea que no le dispensa a Macri. Aquella mujer maneja una centena de planes sociales heredados de la era kirchnerista. No canceló ninguno y los tiene casi al día. Jamás se olvida, por las necesidades de María Eugenia Vidal, de la precaria Buenos Aires. El tránsito es sencillo: Federico Salvai, su marido, es ministro de Gobierno bonaerense.
Cristina disciplinaba a muchas de aquellas organizaciones con la billetera. Ya no la tiene, salvo la personal. Tampoco convence con su forma de conducir a través de las redes sociales.
Su estilo no alcanza para explicar el derrumbe que se produjo a su alrededor. Las revelaciones sobre corrupción de su época hacen estragos. Los bolsos de José López con millones de dólares, como admitió ella, fueron un golpe al estómago. Pero no existe correspondencia entre dicha aceptación y el mensaje envejecido que sigue divulgando. No hay persecución a la vista. Más bien, el descubrimiento de boquetes generales y personales en sus ocho años de ejercicio del poder. Se comprende la dimensión de la estampida en el universo kirchnerista peronista. Nadie tiene certezas sobre lo que todavía está por venir.
¿Cómo admitir el impacto que causó el escándalo del ex secretario de Obras Públicas y desentenderse de la mínima responsabilidad política? ¿Cómo no hallar un discurso más atractivo que el del escape o la negación? Esos interrogantes explican, en buena medida, su declinación como conductora de un espacio que alcanzó a ser arrollador. Muchos de cuyos componentes aspiran a una reconciliación con la sociedad y un retorno a la pelea por el poder, con las legislativas del año próximo. Será difícil con el libreto de Cristina.
La ex presidenta pretende enfocar la presunta persecución en la figura del controvertido Bonadio. Con ese juez batalla por la causa de la compra de dólares a futuro del Banco Central. Permanece procesada y con inhibición de sus bienes. Pero hay más. Está en trámite la ruta del dinero K, con Lázaro Báez en la cárcel, en la cual fue imputada por el fiscal Guillermo Marijuan. También el rastreo en la sociedad Los Sauces que se sospecha fue utilizada de pantalla para su enriquecimiento ilícito. Y la investigación por Hotesur, la empresa que administra una cadena hotelera en El Calafate propiedad de la familia Kirchner, que comanda el juez Julián Ercolini.
Cristina fracasó con la recusación de Bonadio en la causa de los dólares. Pero el combate continúa para apartarlo de Los Sauces. El magistrado produjo once allanamientos en inmuebles de la ex presidenta en Santa Cruz. La defensa sostiene que tal investigación se superpone con la que sustancia Ercolini. La definición debe estar a cargo de la Sala I de la Cámara Federal. De allí salió la semana anterior Eduardo Farah, que como juez subrogante tuvo en los últimos tiempos votos disidentes respecto de sus colegas, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, en causas muy críticas para Cristina. Entre ellas la propia de Hotesur. O la que impidió reabrir la denuncia de Alberto Nisman, efectuada días antes de su muerte, sobre encubrimiento terrorista contra Cristina por el atentado en la AMIA. Existieron en la renuncia de Farah, sin embargo, razones más valederas que aquellas diferencias.
El peronismo no desea tener ningún vínculo con todo aquel chiquero. Varios gobernadores e intendentes dictaminaron el fin del liderazgo de Cristina. La facción que no la abandona posee un motivo existencial: se perderían, tal vez, en la nada política si se alejaran de la ex presidenta. Revisando el recorrido de la historia de Cristina en el poder se puede comprender su pronunciado aislamiento. Ella fue sólo la heredera de una maquinaria que había articulado Néstor Kirchner. Donde el pejotismo convivió con un kirchnerismo digerible. En una escena compartida con sindicatos y movimientos sociales. Hasta hubo una fugaz simulación de transversalidad política.
Cristina respetó ese sistema hasta que murió el ex presidente. Luego fue tajeando cada hilván hasta quedar recostada en La Cámpora y los ultras. Le alcanzó para sobrevivir en el Gobierno. Pero fue incapaz de imaginar una sucesión. En el llano, casi todo se desperdiga sin remedio.
Nadie supone que con esa conducta política esté dispuesta a favorecer a Macri. Pero objetivamente lo hace. El Presidente sigue siendo extremadamente cuidadoso cuando refiere a ella. Quizá porque entiende que ese proceder de la mujer y su protagonismo lo ayudan cuando el segundo semestre amanece sin los resultados pregonados. La corrupción lascera a Cristina y a los ultra K. Toda comparación con ellos resulta provechosa. La fragmentación en el peronismo tampoco sería una noticia ingrata. Le sirvió para atravesar en minoría el primer tramo del año parlamentario.
El Gobierno enfrenta dificultades de toda índole que sólo el horrible espectáculo de la corrupción kirchnerista ayuda a enmascarar. Surge a la vista la impericia para aplicar el ajuste tarifario de los servicios. En especial del gas. El malestar social es profundo y era previsible. Pero nadie en el macrismo pareció calibrarlo de manera adecuada.
Un fallo de la Cámara Federal de La Plata congeló los aumentos. ¿No era factible, con el antecedente de la frustrada “sintonía fina” K, que así pudiera ocurrir? Alfonso Prat-Gay, el ministro de Hacienda, le arrimó en su momento a Juan José Aranguren una carilla con reflexiones en esa dirección. El ministro de Energía le respondió con una confianza incomprensible: “No pasará nada”, dijo. Se equivocó.
El macrismo reaccionó ante la adversidad recurriendo a la Corte Suprema. Hay en ese sentido una apelación que tramita el ministro Germán Garavano, pero que responde a la idea del Presidente. Ese recorrido podría resultar tortuoso. El máximo Tribunal está en la antesala del receso de invierno. En su próxima acordada podría avenirse a considerar el conflicto. Pero no habrá una salida expeditiva como requiere el Gobierno. Antes debería someterse a las audiencias públicas que, en la premura, fueron soslayadas. Hará falta también un dictamen de la Procuración General. El macrismo tuvo a mano una baraja que no supo explotar. Alejandra Gils Carbó produjo ahora ese dictamen pero relacionado con la “sintonía fina” K del 2011. Opinó que no sería materia judiciable el tema de las tarifas que establece el Poder Ejecutivo.
El Presidente corre peligro de meterse en un laberinto. Defendió su política tarifaria en el mensaje del Bicentenario que pronunció en Tucumán. Pero no habría seguridad sobre el camino tomado para saldar el pleito. ¿Se trata de un asunto judiciable o político? En esas aguas el macrismo debería bucear, tal vez, una solución. Todo el tiempo que demore en hallarla redundará en su perjuicio. Sucedió una mala praxis de origen: Aranguren priorizó con el ajuste imprescindible un ordenamiento de la macroeconomía, sin reparar que existe un tejido social muy dañado. El propio Presidente lo describió en la celebración en Tucumán.
Aquella desatención reflejaría hasta una falla superficial. Resulta menos comprensible que el ministro de Hacienda no tenga injerencia sobre la estrategia en los ajustes de tarifas. Prat-Gay relojea obsesivamente la evolución del déficit fiscal que en siete meses creció en vez de disminuir. Una mala noticia para la inflación que, según Macri, muestra evidencias de descenso. ¿Quién deberá encargarse de cubrir el bache fiscal que dejaría el incremento de tarifas demorado o paralizado? ¿Prat-Gay o Aranguren?
El desacople estaría descubriendo a lo mejor una ingeniería fallida en la exagerada partición de Economía que pergeñó Macri para gobernar. Allí podría estar el verdadero nudo de la cuestión.
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