por Miguel A. Brevetta Rodriguez.-
El Presidente Mauricio Macri, nos recordó hace unos días que existe una norma en desuso conocida como la ley de ética pública con más de tres lustros de existencia y decidió reglamentar su art. 18 por lo que firmó el Decreto 1179/2016 referente al régimen de obsequios a funcionarios públicos, que ya había sido reglamentado por decreto No. 164/99.-
Al efecto se dispuso que los regalos que reciben los funcionarios ya sea por cortesía o costumbre diplomática, pasan a ser propiedad del Estado para ser destinados a fines de acción social. Asimismo, tanto los detalles de esos regalos como así la información de viajes de funcionarios públicos, financiados por terceros "estarán disponibles" en el sitio web de la Oficina Anticorrupción y en el Portal de Datos Abiertos del Ministerio de Modernización.
Es decir que la norma prohíbe a los funcionarios recibir regalos de personas o entidades que realicen actividades reguladas por el organismo; que gestionen o exploten concesiones y franquicias; que sean contratistas o proveedores; o que procuren una decisión del organismo y/o tengan intereses.
Esta reglamentación del artículo 18 de la Ley de Ética Pública, que establece que "los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones", salvo obsequios de cortesía o comestibles en casos en que sean entregados en eventos, actos, visitas o actividad oficial pública, estuvo esperando 17 años que alguien la “caiga en cuenta”.
La Ley N° 25.188 de Ética en el ejercicio de la función pública, es una más de las tantas leyes inútiles que integra el digesto judicial argentino. Sancionada en setiembre de 1999 previó en su creación una Comisión Nacional de Ética Pública, organismo que nunca fue integrado, pero en su lugar se creó la Oficina Anticorrupción, un instituto totalmente dependiente del Poder Ejecutivo, todo lo contrario al espíritu de la norma, impidiéndose así que el poder central, sea controlado por un ente independiente.
Un vez más se incurrió en el abuso cotidiano de “borrar con el codo” lo escrito a mano alzada. Así la Ley No. 26.097 por la que adherimos a la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción” deja de tener sentido, al no contarse con un órgano encargado de prevenir la corrupción, toda vez que la oficina del mismo nombre, carece de la independencia necesaria que exige el mencionado tratado.
Con las reforma introducida por las Ley No.26.857 de mayo del 2013 a la ley de origen, las declaraciones juradas de los funcionarios a las que en principio se podía acceder libremente, pasaron a estar protegidas por una especie de intríngulis informático, muy difícil de conocer. Se trata de otro engendro normativo que no hizo más que empeorar la legislación anterior.
Confieso que jamás pude plasmar mi inquietud por conocer los patrimonios de dos funcionarios eternizados en el poder, como son Juan Schiaretti y Eduardo Fellner quienes desde que abandonaron Santiago del Estero -después de una Intervención Federal- pasaron a integrar la lista de los funcionarios más ricos del país.
Pareciera que nadie está en condiciones de aportar a la creación de una ley de transparencia, de fácil acceso, para que se pueda observar el manejo de los fondos públicos que es preocupación nacional. La mentada ley de ética pública no cumple para nada con el objeto de su creación y es momento de una revisión profunda, para que sea despojada de tanto ornamento inútil, carente de eficacia y ejecutividad.
En una Argentina moderna, con leyes operativas de cambio, nunca habría sucedido un “caso Baez”, tampoco que un funcionario de primer nivel posea acciones propias en empresas que contratan con el Estado y que lo tienen como principal negociador.
Por otra parte, en esta materia se debe legislar con la imposición del orden público cuando se tratan de leyes atinentes a la transparencia y protección de los bienes del Estado, sin que se les tenga que pedir su adhesión a las provincias. Las leyes dubitativas, que precisan comisiones numerosas para ponerse en movimiento, o que requieran la incidencia de elementos del poder para su concreción, lisa y llanamente, no sirven.
La ley que comentamos de la ética pública me distrajo en esta nota, porque el Presidente reparó, con un nuevo decreto, en la reglamentación de “los regalos” a los funcionarios. Por los laterales y las puertas traseras, nos desapoderan a diario, de millones de millones, mientras los que mandan reparan en pequeñeces, y nosotros nos seguimos preguntando: que es la ética…?
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