Por Guillermo Villarreal
Como los huéspedes de los hoteles de la familia Kirchner, alojados en los registros contables sin haber estado en las lujosas habitaciones con vista a las calmas aguas del Lago Argentino, en Mar del Plata la Justicia investiga el caso de trabajadores de empresas de transporte de pasajeros que, sin embargo, nunca se sentaron al volante de ningún colectivo. Aquí los llaman los “choferes fantasma”.
Al engrosar su caudal de empleados en blanco a través de sus declaraciones juradas, las empresas obtenían millones de pesos extra en subsidios y además, según contó a este diario el abogado de los damnificados, la maniobra la llevaron adelante en el momento en que pedián un aumento del precio del boleto, que finalmente consiguieron.
“En marzo el boleto pasó a costar de $ 5,90 a $ 6,86. Los concejales se taparon la nariz y votaron, no les importó que hubiera casi 400 desocupados que las empresas usaron para aumentar sus costos operativos ni que hayan cobrado millones de pesos en subsidios”, explicó a Clarín Julio Hikkilo, abogado de La Casa del Trabajador, una asociación civil sin fines de lucro orientada a asistir a trabajadores.
Los medios de noticias locales llamaron “fantasma” a los desucupados que fueron declarados como empleados por las empresas de transporte. Ellos se enteraron de la peor manera de la maniobra en la que fueron usados: algunos cuando fueron a cobrar la Asignación Universal por Hijo, otros yendo en busca de la mensualidad del seguro de desempleo, y en las ventanillas de pago les informaron que no iba a ser posible que cobrasen porque fuguraban en los registros de la Anses y AFIP como empleados de líneas de colectivos del transpote público marplatense con sueldos promedio de 20 mil pesos.
En la mayoría de los casos los choferes habían acercado su currículum, algunos llegaron a dar una prueba de trabajo, pero nunca fueron convocados. De allí se tomaron sus datos. En total son 392 desocupados los que las empresas hicieron figurar en sus declaraciones juradas ante la AFIP, y casi 12 millones de pesos los que cobraron en concepto de subsidios. Algunos figuraban como choferes en más de una empresa.
Las empresas investigadas en la maniobra que denuncia la Casa del Trabajador son “25 de Mayo SLR”, “12 de Octubre SLR”, “Transportes Peralta Ramos SA” y Libertador SLR”; entre ellas controlan más del 90% del transporte público marplatense.
La investigación comenzó en abril pasado a partir de la denuncia de Hikkilo, que reclama que la investigacion sea de competencia federal. La causa está en manos del fiscal de Delitos Económicos Fernando Berlingeri, quien sobre el pedido dijo que “aún se encuentran pendientes de producción diligencias útiles en orden de delinear el objeto procesal”.
El abogado César Sivo, por parte de las empresas transportistas, sostiene que la pretensión de que un fiscal federal sea quien lleve adelante la investigacion, “es, como mínimo a esta altura procesal, evidentemente prematura en tanto el pedido únicamente se basa en la ambigua y genérica referencia de que ‘podrían’ (en sentido potencial) los hechos investigados guardar relación una materia de injerencia investigativa federal”. Pero argumenta el abogado de La Casa del Trabajador que la competencia debe ser de la Justicia Federal “por tratarse de una defraudación al Estado nacional”.
Todavía no hay delito definido ni imputados en la causa. Quienes firmaron las declaraciones juradas fueron los empresarios Juan Inza (25 de Mayo, 12 de Octubre, Libertador) y Diego Basilico (Peralta Ramos), y el contador Federico Pomero. Por lo pronto, se sabe que por ahora el caso continuará en la obita de la Justicia provincial, tal como resolvió a mediados de octubre la jueza de Garantías Rosa Frende.
“Los empresarios reconocieron lo que hicieron, pero dicen que se trató de un error involuntario, ¡Es decir que tuvieron 392 errores de tipeo, es un escándalo!”, dijo Hikkilo. En estos días los empresarios del transporte en Mar del Plata reclaman un nuevo aumento del precio del boleto. “Piden un aumento cuando no devolvieron los millones que cobraron y ni siquiera repararon el perjuicio a las víctimas, que son estas personas que de un día para otro dejaron de cobrar sus planes asistenciales. Es una burla”.
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