LO QUE OCULTAN LAS ESCUCHAS

Por Julio Blanck

Convendría no confundirse ni dejarse confundir. El festival de escuchas telefónicas que enchastra a Cristina Kirchner y a su ex jefe de espías Oscar Parrilli tiene un claro sentido político. Podría incluso constituir un delito menor, si se lo asimila a la violación de correspondencia y comunicaciones privadas como alguna interpretación jurídica cree posible. Pero no está allí la sustancia de lo que se está ventilando en los tribunales. Es un árbol, si se quiere escandaloso, con el que se pretende tapar un bosque, más escandaloso y grave todavía.

Lo más consistente ocurrido en estos días no fueron los maltratos y opiniones despectivas de Cristina respecto de sus colaboradores y la dirigencia del peronismo. Ni siquiera las indicaciones para apretar jueces, la mención de causas o carpetazos que se armaron. Lo trascendente, por el hecho mismo y sus alcances potenciales, fue el procesamiento de Parrilli por encubrimiento agravado del entonces prófugo Ibar Pérez Corradi, considerado autor ideológico del triple crimen de la efedrina; aquel caso de 2008 donde los negocios del narcotráfico y la política kirchnerista se mezclaron de manera tenebrosa.

El juez determinó que teniendo toda la información disposible para buscar y detener a Pérez Corradi, Parrilli jamás ordenó hacerlo. Tras el cambio de gobierno, y ante el reclamo del fiscal por oficios que la AFI no había contestado, las autoridades de Inteligencia hallaron en el departamento de Asuntos Legales toda la información que se había reunido sobre el paradero de Pérez Corradi y que nunca fue utilizada. Los datos, literalmente, habían quedado escondidos en la dependencia que comandaba Parrilli.

El entonces director de Legales de la AFI, Emiliano Rodríguez, fue sobreseído en esta investigación. Pérez Corradi, prófugo durante cuatro años, había sido finalmente detenido en junio pasado en Paraguay. La jueza María Servini le dictó falta de mérito en la causa de triple crimen a fines de diciembre. Sigue detenido por tráfico de efederina.

Parrilli resultó procesado por el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal Guillermo Marijuan. El abogado de Pérez Corradi le puso el moño: reconoció que su cliente había sido ayudado por agentes de la SIDE para salir del país. Puede creérsele o no. Como fue una declaración periodística y no una testimonial ante el juez, no estaba obligado a decir verdad.

Instalado el escándalo y agravada la situación de Parrilli, con sagacidad los operadores kirchneristas buscaron torcer el sentido de la polémica poniendo en el centro la difusión de las escuchas. En buena parte lo lograron, porque la espectacularidad de esas revelaciones y la altisonancia de las acusaciones dirigidas a la presunta responsabilidad del Gobierno, de la Justicia o de los servicios de inteligencia, seducen fácilmente a los medios, a los periodistas y al público. Pero no deja de ser una maniobra distractiva.

Lo que se soslaya en esa discusión es que las escuchas fueron perfectamente legales, ordenadas por un juez y realizadas según manda la ley, en el marco de la causa por la que Parrilli fue procesado. Y más allá del cuestionamiento legal que pueda tener la difusión y de la utilización política evidente de esa herramienta, las señoras y señores que aparecen en las grabaciones son quienes son y dijeron lo que dijeron.

Los hechos judiciales avanzan con la densidad de su propio peso. Al procesamiento de Parrilli siguió una apelación del fiscal Marijuan pídiendo la inmediata detención del ex jefe de Inteligencia. Lo hizo bajo la presunción de que sifue estando en capacidad de “llevar adelante acciones que entorpezcan o comprometan esta investigación”.

La decisión sobre la detención de Parrilli debe tomarla la sala de la Cámara Federal que integran el presidente de ese cuerpo, Martín Irurzun, junto a los camaristas Horacio Cattani y Eduardo Farah. La resolución podría demorar dos o tres meses, porque hay que resolver recusaciones y apelaciones previas. Los tiempos procesales no son los de la política, ni los de la prensa.

Igual, es de esperar que pronto se sume presión en el sentido de detener a Parrilli. El fiscal de la Cámara Federal, Germán Moldes, respaldaría el pedido de Marijuan y agregaría más elementos acerca de la eventual capacidad de Parrilli de operar sobre la Justicia. Por ejemplo, la última escucha conocida -registrada en abril del año pasado- donde Parrilli le dice a Ricardo Echegaray, ex jefe de la AFIP, que el juez Sebastián Casanello “es un flojito, es presionable”, y agrega que quien tiene relación con ese magistrado es “Julián”, en obvia alusión a Julián Alvarez, ex secretario de Justicia y dirigente de La Cámpora, comprometiéndose a hablar con él.

Aunque con quien finalmente habló Parrilli ese día fue con Juan Martín Mena, quien fuera su segundo en la AFI y operaba sobre jueces y fiscales. Mena dice, de acuerdo a la desgrabación de la conversación, que “Casanello manda un mensaje pidiendo y diciendo presenten y llénenme de medidas de prueba, pídanme que le pida hasta el vestido de quince de la abuela de Macri”. Linda posición en la que queda el juez, que tiene al Presidente investigado en el caso de los Panamá Papers, sin haber logrado en un año avances sustanciales.

De todos modos, Macri no debería abusar de la ventaja comparativa que le dan las crecientes dificultades judiciales de Cristina y su grupo. Cualquier pronóstico sensato supone que la situación de ella, de sus hijos y de sus colaboradores cercanos seguirá agravándose día tras día. Pero el Presidente también tiene sus buenos entuertos que ordenar.

Macri puso al frente de la AFI al escribano Gustavo Arribas, un amigo personal, con la misión de controlar la caja. A Silvia Majdalani, una peronista sumada desde el comienzo al macrismo, la colocó en el segundo escalón para dirigir las operaciones. No puede decirse que los movimientos de esos funcionarios hayan sido discretos.

En el último mes Arribas fue noticia por el dinero de la venta de un departamento en Brasil, que le fue girado por una financiera que también hizo circular millones de dólares en coimas desde ese país. Y Majdalani resultó dos veces acusada: Elisa Carrió denunció en la Justicia que ella la estaba espiando y ahora altas fuentes de la Justicia la señalan como responsable de la filtración a los medios de las escuchas de Cristina y Parrilli. Majdalani se defiende con énfasis y rechaza las acusaciones. No le queda otro camino.

El fiscal Federico Delgado pidió en enero un peritaje sobre la computadora de Carrió para saber si la líder de la Coalición Cívica era espiada. Carrió volvió a señalar que Majdalani tiene “estrechísimas relaciones” con Francisco Larcher, quien fuera subjefe de la SIDE por decisión de Néstor Kirchner y a quien Cristina echó luego de descabezar a Jaime Stiuso en el espionaje estatal.

Majdalani no niega la relación con Larcher: sus hijos van al mismo colegio privado, en Quilmes. Dice no conocer a Stiuso, pero asegura que en la AFI “todos me hablaron de él como un muy buen profesional”.

Carrió estaría convencida de que se ha trabajado para reunir información en su contra. Fuentes políticas dan crédito a esa presunción, aunque no culpan directamente a la inteligencia estatal. La información que preocupa a Carrió estaría vinculada a sus viajes, a inversiones y a actividades comerciales de miembros de su familia. Teme que le monten una maniobra de descrédito.

Enemigos no le faltan, empezando por Cristina y el ultrakirchnerismo. Además, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y el titular del club Boca Juniors y amigo presidencial, Daniel Angelici, son trofeos que Carrió quiere cobrarse como resultado de una cruzada de higiene política que sólo de a ratos consigue ser moderada por el mismísimo Macri.

Si la difusión de las escuchas de la ex Presidenta y Parrilli revela cierto descontrol en los sistemas de inteligencia, o en todo caso un descontrol perfectamente programado, no menos preocupantes son las versiones sobre la actividad de grupos residuales que no encajaron en el esquema de inteligencia armado por Macri.

Algunos de esos hombres, vinculados históricamente al radicalismo, estarían trabajando en el segundo piso de una notoria dependencia oficial. Habrían tomado contacto con algún jefe a la deriva de la antigua SIDE kirchnerista y esperarían su turno, si es que la actual conducción de la AFI se desgasta demasiado. No operan contra el Gobierno y se asegura que hasta acercarían información sensible a Carrió por vías indirectas.

Detrás de todo ese universo opaco e impenetrable campea siempre la sombra de Stiuso. Hace bien Cristina en estar obsesionada con él, como muestran las escuchas. Ese hombre quiere cobrarse la muerte del fiscal Alberto Nisman, a quien consideraba uno de los suyos. Y tiene el firme propósito de verla presa algún día. No es el único.