Por Julio Blanck
El Gobierno pudo percibir ayer cuánto esfuerzo y desgaste políticos deberá insumir para cerrar la hemorragia que se produjo a sí mismo con el manejo del acuerdo por el Correo Argentino con el Grupo Macri. Actuando con torpeza y lentitud de reflejos le ha cedido por ahora la iniciativa a sus opositores, en el comienzo mismo del año electoral.
En la Cámara de Diputados la oposición saltó por encima de sus diferencias, que son profundas, para unirse -aún con matices- en un largo cuestionamiento al Presidente y a los funcionarios involucrados. Ahora vendrán convocatorias parlamentarias a todos cuantos puedan ayudar a estirar en el tiempo este debate. En paralelo irá el trámite judicial, donde el fiscal ya pidió investigar al propio Macri. Todo apunta a ensanchar y hacer más profunda la herida política del Gobierno.
Entre las ofertas especiales que el oficialismo puso en vidriera, ocupa un lugar destacado la notable oportunidad que le cayó del cielo al kirchnerismo duro. Que no pretenderá recuperar ahora su condición virginal, perdida allá en el fondo de los tiempos patagónicos. Pero buscará mostrar que “todo es igual, nada es mejor” en el Cambalache de la corrupción. Eso quizás no cambie su destino, marcado por las causas que involucran a Cristina y todo lo que tenga que ver con ella, empezando por sus hijos. Pero puede ayudar a arruinar el del enemigo.
Lección amarga para Macri: no alcanza con parecer distinto, hay que ser distinto.
Esto funcionará así, bajo las reglas implacables de la política, aún si el acuerdo por la millonaria deuda del Correo con el Estado se hubiese efectuado de modo impecable, que es justamente lo que está en cuestión.
La convicción de haber hecho lo correcto, ajustado a la ley y a la conveniencia del Estado, es la conclusión del informe de 22 páginas que el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, llevó a la reunión que mantuvo el martes con el presidente de Diputados, Emilio Monzó; el jefe del interbloque de Cambiemos, el radical Mario Negri; y el diputado Fernando Sánchez, voz parlamentaria de Elisa Carrió.
Ese texto hace un repaso histórico desde que en setiembre de 2001 el Correo privatizado en manos del Grupo Macri se presentó a concurso preventivo, pasa por la reestatización que dispuso Néstor Kirchner en 2003 y llega hasta las cuestionadas negociaciones de hoy, que son defendidas a rajatabla. Sirve para darles letra a los que tengan que sacar la cara por el Gobierno. Pero el cachetazo se lo van a comer igual. Ya lo sufrieron ayer.
Curiosamente, esa sesión de Diputados que fue propicia para el largo desfogue opositor por el Correo, había sido convocada para completar la aprobación de la ley que reforma el régimen de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART). Ese proyecto es fruto de un acuerdo original entre la CGT y el Gobierno. Y no se hubiese aprobado ayer sin el concurso de buena parte de la oposición -massistas, peronistas disidentes y otros- que aún absteniéndose a último momento reeditó su disposición a colaborar con el oficialismo en la sanción de leyes capaces de reunir el interés mayoritario.
La nueva ley fue cuestionada por la izquierda, el kirchnerismo y algún sector peronista. Pero según la conducción de la CGT, “no le quita derechos a nadie y le da más certidumbre al compañero que sufre un accidente” al acortar el plazo para que se pronuncien las comisiones médicas. Sostienen también que ayuda al trabajador a “salir del enjambre judicial” donde siempre es el eslabón más débil.
De hecho, se apunta a cortar el círculo del negocio armado en base a la litigiosidad permanente que se había impuesto en los últimos años. Los grandes ganadores de ese juego eran los abogados laboralistas, dicen en la CGT. Se apoyan en números: aseguran que de un pasivo de 5.000 millones que está hundiendo al sistema de las ART, unos 2.000 millones serían honorarios de abogados.
Incentivo extra para algunos gremios fue la posibilidad de sacar a las ART propias del colapso. Fuentes de la central sindical apuntan que Moyano habría vendido a tiempo la de los camioneros, pero la de los porteros de Victor Santa María se habría fundido sin remedio.
A todo esto los empresarios -si se permite la figura- aplaudieron en silencio la sanción de esta ley. Aunque también habían festejado en 2013, cuando Cristina presidenta aceptó la postura de la Unión Industrial y subió los montos de indemnización por accidente laboral si el trabajador optaba por renunciar al juicio.
Dato final para agregar a la zigzagueante y bipolar relación entre Gobierno y oposición. El proyecto se había votado en el Senado a fines del año pasado. Como había dudas en Diputados, Macri lo sancionó por decreto en el receso parlamentario. La CGT pataleó: un decreto se modifica con otro, una ley tiene otra solidez. De ese pantano se salió cuando el senador Miguel Pichetto le propuso a Monzó mediar para un rápido acuerdo en Diputados. Delante de Monzó, Pichetto lo llamó a Sergio Massa. Cuando todo estuvo listo se le avisó a Macri, que convocó a la sesión extraordinaria de ayer.
Donde le aprobaron la ley. Y lo zamarrearon por el Correo.
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