Por Daniel Santoro
Luego del dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, que pidió la indagatoria de Cristina Kirchner por presunto encubrimiento a Irán, quedó atrás una larga lucha judicial a través de la cual el kirchnerismo intentó archivar la denuncia del ex fiscal de la AMIA Alberto Nisman.
En marzo del 2015, a poco de la muerte violenta y misteriosa de Nisman, Pollicita había solicitado la indagatoria de Cristina y otros acusados, pero en tiempo récord el juez federal Daniel Rafecas, primero, y luego el miembro de la Cámara Federal, incluido Eduardo Freiler –hoy suspendido y con un juicio político en danza– archivaron la denuncia. Mientras, Pollicita era amenazado de muerte e insultado por los kirchneristas.
Después, con el apoyo del fiscal de cámara Germán Moldes, Pollicita –que había sido el jefe de Nisman en el juzgado federal de Morón- llegó a la Cámara de Casación, pero el fiscal de este tribunal penal, Javier De Luca, apoyó el archivo.
Tuvieron que pasar más de dos años para que una sala de la Cámara de Casación –constituida por Mariano Borinsky y Gustavo Hornos- desarchivara la causa y se permitiera nada más y nada menos que investigar.
En el camino, el kirchnerismo metió a abogados afines como jueces subrogantes y otras maniobras sin precedentes para tratar de tapar este caso, uno de los que más preocupa a la ex presidenta y actual candidata Cristina Kirchner.
Aún hoy se desconocen los verdaderos motivos por los que Cristina firmó el pacto con Irán ni cuál fue el rol del ex presidente venezolano Hugo Chávez en este giro de 180 grados en la política exterior argentina.
El fiscal Pollicita fundamentó ese giro, entre otras pruebas, en declaraciones del ex canciller y actual candidato a senador de Unidad Ciudadana, Jorge Taiana, que demuestran que Néstor Kirchner rechazó propuestas parecidas de Irán durante su presidencia.
El compañero de fórmula de Cristina fue echado del Gobierno por la propia ex presidenta, enojada porque hablaba con medios "opositores".
"Tenés que ser leal como [Amado] Boudou", le enseñó entonces. Hoy sus caminos vuelven a cruzarse.
Respecto de la nueva resolución, el fiscal remarca que el pacto con Irán “implicó el desarrollo de negociaciones ocultas con los representantes iraníes, por más de un año y medio, a las que se sumaron otros cuatro meses de negociaciones oficiales, que culminaron en la suscripción del Memorando de Entendimiento, que constituyó el medio para materializar el plan delictivo, con la apariencia de legalidad necesaria que la maniobra requirió para ser efectiva”.
En las 241 páginas del dictamen, Pollicita desgrana cómo fue la maniobra -no una negociación diplomática-, para permitir hacer caer las alertas rojas de Interpol sobre los cinco iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado contra la AMIA de 1994. Ese siempre fue el único objetivo de Irán. No alcanzar la verdad.
Por estas y otras razones, se observa hoy con claridad que fue clave la decisión del ex director de Derechos Humanos de la Cancillería Leandro Despouy cuando renunció a ese cargo y fue nombrado miembro de la comisión de ficheros de Interpol, donde aún hay pruebas de la maniobra de Timerman y sigue fuerte el lobby iraní para tratar de que caigan esas advertencias que obligan a capturar a los acusados por la Justicia argentina, entre ellos el ex agregado cultural en Buenos Aires Moshé Rabbani, si salen de Irán.
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