Hace cinco años, el entonces presidente argentino, Néstor Kirchner, convenció a Repsol, que poseía el 97% de las acciones de YPF, de la conveniencia de que entrase capital local en la petrolera argentina. Kirchner favoreció la entrada del Grupo Petersen, de la familia Esquenazi, que no tenía experiencia en el sector, pero sí una estrecha relación con el mandatario. La familia, originaria de Santa Cruz, la provincia que presidió Kirchner, había financiado la campaña electoral que lo llevó a la Casa Rosada.
Ernesto Eskenazi y sus hijos debieron de pensar que hacían el negocio del siglo cuando firmaron un acuerdo para hacerse con el 25% de las acciones de YPF sin poner un dólar sobre la mesa. Kirchner convenció a Repsol de que financiase, a través de créditos, la compra de sus propias acciones por parte de los Eskenazi, que irían pagando su deuda a través de los dividendos que diese la compañía.
El acuerdo se selló en 2008, cuando el Grupo Petersen compró el 15% de las acciones; en 2011 se haría con otro 10%. En las dos operaciones, Repsol aportó unos 1.500 millones de euros, y la banca puso otros mil millones. Además, el trato incluía el compromiso de que Repsol YPF distribuiría en forma de dividendos un 90% de sus beneficios.
El arreglo funcionó para los Eskenazi mientras la relación fue buena con los Kirchner. Pero, tras la muerte de Néstor, y en paralelo con el descontento del Gobierno por la situación de déficit energético, las tornas cambiaron. Y el futuro no se presenta tan halagüeño para la familia Eskenazi.
El gobierno de Cristina Fernández sostiene que solo expropiará las acciones de Repsol, pero también ha anunciado que cambiará la política de dividendos, para que YPF realice inversiones que redunden en un aumento de la producción de petróleo y gas. La pregunta es, entonces, cómo pagará su deuda el Grupo Petersen, que para cumplir con sus acreedores depende de los dividendos. Solo a Repsol le debe 1.900 millones de dólares, según el presidente de la empresa, Antonio Brufau.
Algunos especulan ya con una probable suspensión de pagos por parte del Grupo Petersen. En 2008, la agencia Moody´s ya advirtió de que cualquier cambio en los términos el acuerdo –esto es, del compromiso de distribuir un 90% de los beneficios hasta que se pagase la deuda- redundaría "en una cesación de pagos bajo las condiciones del préstamo".
¿Vuelta de Repsol a YPF?
Para complicar aún más las cosas, el acuerdo suscrito en 2008 obligaría a Repsol a recomprar las acciones de los Eskenazi en caso de que, como ha sucedido, la firma que preside Brufau dejase de ser accionista mayoritario de YPF. Esa cláusula estaba entre las facilidades crediticias que Repsol dio a los Eskenazi, a pedido de Kirchner. Y los Eskenazi ya han declarado que Repsol está obligada a comprar su participación en YPF.
La multinacional de origen español opone que no es así, pues, según el acuerdo, esta cláusula no tendría que ser activada en caso de que Repsol dejase de ser el primer accionista por causa de fuerza mayor, como un desastre natural. Así que la batalla legal que está por venir en YPF –una de ellas- se centrará en demostrar si la expropiación puede considerarse causa de fuerza mayor.
Por el momento, Brufau ha declarado que los Eskenazi podrán cumplir con sus obligaciones de pago si consiguen vender su participación accionarial. El problema es que las acciones de la petrolera no dejan de desvalorizarse en los mercados.
Poco halagüeña para los Eskenazi parece la actitud del ministro de Planificación y nuevo interventor de YPF, Julio de Vido, para quien el futuro de la familia en la compañía está en el aire: "Veremos cuál es su actitud", señaló. Para algunos analistas, la intención de la presidenta, al retirarle su trato de favor a los Eskenazi, seríabeneficiar al empresario Cristóbal López, quien controla en el país el lucrativo negocio de los casinos.
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