ESTAN ARMANDO UNA FUERZA DE CHOQUE CON PRESOS

GRAVE ACUSACION CONTRA LA CAMPORA

Sergio Schoklender, ya en libertad, continuará este martes declarando ante la Justicia para rechazar su responsabilidad en el desvío de fondos millonarios de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, mientras que la Fiscalía comenzará una ronda de medio centenar de indagatorias para establecer si hay más responsables en las maniobras.

En las últimas horas, en declaraciones a diversos medios, entre ellos el programa La Cornisa que conduce el periodista Luis Majul, Schoklender lanzó diversas acusaciones y denuncias, descalificó al juez Oyarbide (al tratarlo de "títere" de funcionarios del Gobierno), vinculó al vicepresidente Amado Boudou en los manejos de la Fundación y acusó a Bonafini y su hija Alejandra -también imputada- en la desaparición de unos 130 millones de pesos cuando él y su hermano abandonaron la entidad.

"Estos presos, como militantes de La Cámpora en la cárcel, deciden si alguien tiene privilegios o recibe visitas", aseguró

Pero la acusación más grave la hizo al asegurar que la La Cámpora estaría "armando una fuerza de choque formada por presos". Según Sergio Schoklender, la organización que dirige el hijo de la Presidenta, "destinó algunas mujeres que van a la cárcel a reclutar militantes y a organizarlos. Van por los pabellones con total libertad". El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo detalló también el nombre de dicho grupo: el "batallón militante", que respondería y reportaría al diputado nacional Andrés "El Cuervo" Larroque, uno de los líderes precisamente de La Cámpora. "Estos presos, como militantes de La Cámpora en la cárcel, deciden si alguien tiene privilegios o recibe visitas", aseguró. Según manifestó, "la estrategia es que cuando estos muchachos salgan irían a las villas a seguir reclutando gente".

LA CAUSA CONTRA SERGIO SCHOKLENDER

La investigación judicial se centra en si existió una asociación ilícita encabezada por Sergio Schoklender que habría malversado unos 280 millones de pesos de los 760 millones que el Gobierno le entregó a la Fundación liderada por Hebe de Bonafini para construir viviendas sociales.

Más allá de las palabras de Schoklender, el juez Oyarbide y el fiscal Di Lello se centrarán a partir de este martes en la serie de indagatorias a unas 45 personas que aparecían como sospechosas para el Ministerio Público.

Entre ellos, se encuentran personas que hicieron retiros o depósitos de entre 40 y 100 mil pesos de cuentas de la compañía, así como sospechosos de haber usado materiales -comprados por las Madres para construir casas- en el country El Patacón, la misma imputación que se le atribuye a Schoklender y su ex esposa, Viviana Sala.

A fin del año pasado, el fiscal Di Lello había incluido esos nombres en una lista de casi 70 personas para llamar a indagatoria, pero Oyarbide decidió convocar a menos de la mitad y comenzó los interrogatorios el 15 de mayo pasado, con Sergio Schoklender, a quien resolvió detener en ese momento.

La misma suerte corrieron Pablo Schoklender y Alejandro Gotkin -contador de Meldorek-, a quienes se consideró presuntos organizadores de la asociación ilícita que habría liderado Sergio.

En los últimos días, la Cámara Federal cuestionó la decisión de esos arrestos y dispuso excarcelarlos bajo fianza, pero fueron tan altas las sumas impuestas por el juez (de 4 millones de pesos para los Schoklender y 2 millones para Gotkin) que los camaristas tuvieron que volver a intervenir para bajar la cifra a 40 mil pesos. Esa reducción permitió que los detenidos salieran en la noche del viernes de la cárcel de Ezeiza