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| Añadir leyendaCRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER Y EL JUEZ ARIEL LIJO |
La Justicia federal tramita una causa en la que se investiga si la presidenta Cristina Fernández y otros altos funcionarios supuestamente cometieron irregularidades con los fondos de la Administración de Programas Especiales (APE), que hoy fue disuelta por el Gobierno Nacional al mismo tiempo que reemplazó a la plana mayor de laSuperintencia de Servicios de Salud (salvo a la titular, la ultra K Liliana Korenfeld, que asumió en el cargo a principios de julio).
El denunciante pide que se informe cuánto dinero hay, qué se hizo con el resto y dónde está depositado. Y, ante la sospecha de actos de corrupción en el manejo público de esos fondos, sostiene que cerrar la APE no soluciona nada.
Desde FortunaWeb publicamos el 19 de marzo pasado que el presidente de la comisión de Salud del Senado presentaría una denuncia penal para que se investigue un grave fraude entre el Estado y las obras sociales.
La causa está caratulada “Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/ Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario publico”y lleva el número 3010/12 en el juzgado federal de Ariel Lijo, con intervención de la secretaria Andrea Santos.
Fuentes vinculados a la causa informaron hoy a DyN que “hasta ahora el juez libró dos oficios: uno al Banco Nación para que informe cuánta plata de las obras sociales en el APE tiene depositada y otro a la propia APE para que declare cuánto dinero les reintegró a aquellas”.
El sostén financiero de la APE se nutre de porcentajes descontados a las cargas sociales de cada trabajador y su empresa, y los fondos deben ir destinados a programas especiales para pagar tratamientos de enfermedades especiales, HIV, drogas, prótesis, entre otros.
Los fondos que no lleguen a gastarse en esos rubros deben ser reintegrados a las obras sociales y es por ello que el líder de la CGT, Hugo Moyano y otros dirigentes gremiales vienen reclamando al Gobierno el reintegro a esas entidades de entre $ 12 mil y 20 mil millones , según el sector sindical.
Para Jorge Vitale, abogado denunciante en la causa, el Gobierno “le debe a las obras sociales $ 25.960.millones” mientras que “lo que figura en el Banco Nación como cuenta de este rubro es $ 6.200 millones”. ¿Dónde está el resto?”, se preguntó.
Para el letrado “no existe información adecuada sobre estas cuentas” y es de presumir que al dinero “se lo utilizó para otras cajas, como son subsidios, caja negra, y en el mejor de los casos hay títulos o bonos de nuestra deuda, lo que implica que es otro vaciamiento”.
“Haber disuelto el APE no soluciona el problema, es más de lo mismo”, concluyó el denunciante.
Fuente: DyN
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