El enfrentamiento entre la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, está en el centro del huracán que ha tenido de sufridas víctimas a casi un millón de personas, por día, durante la huelga de metro más larga de la historia. El paro, a lo largo de dos semanas, cesó ayer tras un acuerdo –circunstancial- que incluye elaumento de un 23 por ciento de los sueldos de los trabajadores y que tuvo, entre bambalinas, la intervención de la Casa Rosada. La indiferencia, por intereses políticos, permitió que durante la crisis no se acatara la conciliación obligatoria y los servicios mínimos brillaran por su ausencia.
El telón de fondo de este conflicto, que convirtió la capital argentina en un caos de circulación desde el viernes 3 de agosto, se encuentra en ladisputa de competencias, por la administración del servicio, que sostienen el Gobierno central y el capitalino. Los elementos en juego están directamente relacionados con la economía, la seguridad y la modernización de un transporte público obsoleto y peligroso en buena parte de sus tramos.
La Casa Rosada, en respuesta a una demanda histórica de Buenos Aires,le cedió el «subte» como se conoce en Argentina el metro, a Macri. Éste aceptó en un pre acuerdo, sin valor jurídico pero con peso político, pero lo rechazó cuando descubrió que el regalo era un caballo de Troya:No venía acompañado, como es obligatorio, de los recursos financieros necesarios y, además, la presidenta anunciaba que retiraba a la Policía Federal de las estaciones.
En este contexto se atraviesan las demandas de los trabajadores a Metrovías, la concesionaria. El terreno es tan farragoso que ni los interlocutores están claramente definidos y la patata caliente del «subte» se la pasan, ardiendo, Cristina Fernández de Kirchner, que apela al pre acuerdo, y Mauricio Macri aunque, los que están quemados son, una vez más, los pasajeros que se temen, con razón, que esto no sea más que una tregua. No en vano recuerdan que los «metro delegados» advirtieron que la suspensión del paro era un «gesto de buena voluntad» con los pasajeros e insistieron en que los problemas de fondo seguían sin resolverse.
Macri apuntó uno de ellos en días anteriores al declarar, «Prefiero que la gente no viaje en subte a que tenga un accidente». Metrovias, empresa que operaba correctamente hasta hace unos años, ahora necesita una inyección mensual, en forma de subvención, de sesenta millones de pesos al mes (al cambio oficial cerca de once millones de euros) para pagar sueldos. Eso, sin contar el mal estado de buena parte de los convoys. Prueba de ello es que recientemente se vió obligada a retirar veinte trenes porque no podía garantizar su mantenimiento.
Testigos de la negociación reconocían esta mañana que la medida de fuerza se suspendió después de que los huelguistas recibieran una señal de la Casa Rosada. También Ezequiel Sabor, subsecretario de Trabajo porteño (de Buenos Aires), reconocía la intervención de la Casa Rosada que, hasta ese momento, se había lavado las manos, «hubo algunas llamadas para destrabar este conflicto», declaró.
El Gobierno de Cristina Fernández aprovechó el caos de tráfico, pese a que Macri puso un servicio de emergencia de autobuses, para difundir un anuncio, como si estuviera en campaña, contra el jefe de Gobierno haciéndole responsable absoluto de la situación. Macri respondió con un vídeo en YouTube donde desmontaba, una por una, las acusaciones. A lo largo del conflicto, sin precedentes por su duración, el Gobierno de la ciudad, que insiste en no aceptar el traspaso de competencias en los términos que quiere la presidenta, denunció en el Ministerio de Trabajo de la Nación el incumplimiento de los metro delegados a acatar la Conciliación.
En este escenario de egoísmos políticos e insensibilidad social, la vida para los porteños las dos últimas semanas han sido un infierno pero, sobre todo, para los que menos recursos tienen. Mientras tanto el jefe de Gobierno de Buenos Aires sigue, pese a pedirlo hasta publicamente, sin poder sentarse en una mesa con la presidenta: Cristina Fernández no le recibe. Una ex ministra suya, Graciela Ocaña, ha recurrido a la Corte (Tribunal Supremno) para que obligue a la jefa del Estado a abrir las puertas del diálogo de la Casa Rosada al jefe de Gobierno de la capital de Argentina. Increíble pero cierto, la Justicia tiene la última palabra.
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