Por Jorge Lanata
Los actos electorales de Cristina: inauguraciones, reinauguraciones, discursos y cortes de cintas de empresas privadas a los que asiste tomando de la mano a Martín Insaurralde no violan –según el director nacional electoral– la prohibición de hacer campaña con los actos de gestión. Tampoco es irregular para Alejandro Tullio el afiche que, firmado por Enrique Albistur, de Equipos de Comunicación, muestra al Papa, Cristina e Insaurralde, en el marco de una campaña un poco obscena en la que el candidato utiliza su cáncer como método de promoción política. Ya se sabe: hay elecciones y los políticos cumplen con su obligación de besar a niños y ancianos, dar esperanza a los enfermos incurables y conseguir sus votos. Tullio, ex radical K y ahora K definitivo, fue, también, aportante financiero a la campaña de Cristina. Es, para decirlo de algún modo, Director Nacional de un Sector Electoral.
La manifiesta parcialidad de Tullio y el empecinamiento del Gobierno en mantener a César Milani a cargo del Ejército –que debe custodiar las urnas– alimentan la natural paranoia preelectoral de la oposición. En el caso del subteniente Milani (algún día se aprobará su ascenso), se preguntan en el Estado Mayor por el cambio en el mecanismo de entrega de urnas: los uniformados ya no se las darán a otros militares, sino a un empleado de correos que no le dará recibo alguno a cambio. Así como Tullio donó parte de sus ahorros al cristinismo, recordemos que Milani se definió como un hombre del Proyecto Nacional y Popular.
“Hay un nivel de fraude e irregularidades mucho más alto de lo que el ciudadano piensa, incluso del que yo vi siendo candidato a presidente en 2007. No va a haber un 2015 normal si el 2013 sale mal”, dijo Roberto Lavagna a FM Identidad.
“El Gobierno se juega la vida en esta elección. No descarto que intenten modificar el resultado de los votos”, opinó el denarvaízta Gustavo Ferrari.
“La competencia es desleal porque el 92% de los fiscales del oficialismo eran empleados públicos, se utilizan recursos del Estado en función de la fiscalización”, dijo Gerardo Milman, del GEN.
“El sistema de boletas está hecho para la trampa. Roban las boletas, las esconden, las cambian de lugar y por último está el escrutinio final”, dijo Humberto Tumini, de Libres del Sur.
Martín Hernández, diputado, presidente del Comité Provincial de la UCR, presentó en abril ante la Fiscalía Federal Número 1 de Formosa una denuncia penal por los votantes paraguayos con domicilio binacional que cobran pensiones y otros beneficios sociales argentinos a cambio de votos. En la última elección de 2011 se produjeron denuncias por falta de boletas, sobres no habilitados para votar en el Colegio Carlos Pellegrini, sellos ilegibles, telegramas manipulados, boletas falsas de Duhalde y robo de votos en los telegramas de Pergamino, entre otras localidades.
La convicción general de distintas fuentes consultadas por este diario es que el fraude nunca puede llegar a ser de tal entidad que dé vuelta un resultado nacional, pero todos, a la vez, aceptan que “pequeños” o “medianos” fraudes forman parte del panorama electoral. Y esa definición de “pequeños” o “medianos” bien puede ser varios concejales o un legislador, según los distritos.
Pablo Olivera da Silva, coordinador nacional de capacitación de la Red Ser Fiscal, afirmó a Clarín que, puesto a investigar sobre las denuncias judiciales, “son muy pocas las que llegan al Juzgado Electoral Número 1 con competencia electoral de La Plata, a cargo de Manuel Blanco”. “Por ejemplo, de 2007 no hay una sola denuncia. En 2009 había alrededor de 200, de las cuales el ochenta por ciento eran personas que denunciaban en comisaría que habían ido a votar y en la mesa les decían que ya lo habían hecho: sustitución de identidad de votantes, algo que en política podría definirse como picardía pero es en realidad un delito serio, tiene de uno a tres años de condena”. Da Silva aporta otro dato insólito: si se busca en la página web de la Justicia Electoral, el lector podrá encontrarse con dos pdf con padrones masculino y femenino de electores que tienen 99 años y más. Suman diez mil los electores con más de 99 años.
“La alternativa al ‘no te metas’ es construir ciudadanía”, afirma Olivera da Silva, quien comenta que hasta el cierre de esta edición 37.853 fiscales voluntarios se anotaron en la red (casi 8.900 más que en las elecciones de 2009), pero que el crecimiento demográfico más el padrón de los chicos de 16 años hace necesaria la presencia de 60 mil fiscales más (pueden anotarse en www.redserfiscal.com.ar, no es necesario afiliarse a ningún partido político y se trata de un día de trabajo voluntario más una capacitación presencial o virtual de una hora y media).
La Red tipifica de este modo los delitos electorales: 1) Irregularidades preelectorales: manipulación de urnas o padrones, interceptación de telegramas para designación de autoridades de mesa, violación de veda, adulteración de padrones o cambio del escrutinio provisorio efectuado por la empresa española INDRA.
2) Irregularidades de apertura: toma del centro de votación por parte de un puntero político bajo la figura apócrifa de “dueño, encargado o jefe de escuela”, ausencia deliberada de autoridades de mesa, voto cadena (cuando se roban sobres de la mesa con la firma del presidente y los fiscales, se lo llena afuera y al volver a entrar se lo cambia por un nuevo sobre, así sigue luego la cadena), sustitución de identidad del votante, rellenado de urnas con sobres con votos adicionales.
3) Irregularidades de clausura: cierre anticipado de la mesa, adulteración del resultado del escrutinio, bloqueo a fiscales, reemplazo de urnas por otras ya adulteradas.
4) Irregularidades post electorales: reemplazo de urnas o de telegramas de camino al destino final, manipulación informática, demora en la entrega del material informático para los partidos, hallazgo de material de rezago en vía pública.
Investigación: JL / María Eugenia Duffard / Amelia Cole
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