Por Eduardo Van Der Kooy
La intensa fiebre de la campaña electoral ha colocado al escándalo que protagonizó el candidato K Juan Cabandié en el centro de la escena. Las conjeturas afloran en todos los bandos. ¿Podrá Daniel Filmus, por la onda expansiva de ese episodio perder su banca de senador porteño? ¿Afectará también a Martín Insaurralde en Buenos Aires? ¿Lograrán Elisa Carrió y Pino Solanas dar el golpe en Capital? La política argentina suele extraviarse en esos pequeños bosques mientras otras cosas, de la dimensión de un elefante, penetran con un tranco arrasador.
En lugar de aquellos interrogantes electorales, que quedarán exhaustos en sólo una semana, los gobernantes y dirigentes, bajo la lupa de recientes acontecimientos, podrían reparar en otra pregunta: ¿El Estado nacional ha sido ya infiltrado por el narcotráfico? ¿Qué hacer para evitarlo o detenerlo?
Las evidencias dejan escaso margen para las dudas. La casa del gobernador socialista de Santa Fe, Antonio Bonfatti, fue atacada con 14 balazos disparados con impunidad. Semanas atrás, José Manuel de la Sota, el gobernador de Córdoba, debió descabezar a la cúpula policial acusada de proteger a narcos y participar de secuestros. Se repiten crímenes sin explicación en Buenos Aires y en Capital. En suelo porteño ocurrieron seis en los últimos diez días.
Eso habría llevado a De la Sota a preguntarse en las últimas horas: “¿Acaso el problema de la droga es sólo de Córdoba y Santa Fe?” En Rosario han ocurrido 184 crímenes en lo que va del año.
No existe, al parecer, ocultamiento informativo. La presunción inicial de que la casa del gobernador había sido atacada por narcotraficantes que se movilizaron en moto empezó a virar hacia una connivencia con sectores policiales.
Se dedujo, entre varias razones, por la libertad con que actuaron los agresores. También por el modo: sembraron balas de diferente calibre, como para ayudar a la confusión. Aquella connivencia sería indicativo claro de que un organismo del Estado ha sido perforado. Hay en Santa Fe 9 policías detenidos y un ex jefe procesado por supuestos lazos con uno de los grupos narcos más poderosos, que ha sido desmantelado sólo en parte. Sin caer en dramatismos, con eslabones de ese tipo empezó el encadenamiento del narcotráfico en naciones asoladas por el flagelo. Lo saben México, Brasil y Colombia.
Ha pasado con aquel grave episodio lo que pasa casi siempre. La Policía hizo una rápida redada, detuvo a cuatro personas y secuestró un montón de armas.
Los cuatro apresados fueron con el paso de los días liberados por falta de mérito.
La posibilidad del esclarecimiento del ataque parece diluirse. Ahora la casa de Bonfatti es custodiada por la Gendarmería.
El Gobierno de Cristina Fernández se comporta siempre como si esos episodios sucedieran en otro país. Posee una natural incapacidad para separar la política doméstica de las cuestiones de Estado.
El gobernador recibió la solidaridad del ministro de Defensa, Agustín Rossi; del secretario de Seguridad, Sergio Berni; del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina y de Daniel Scioli, cuando se cruzaron en el coloquio de IDEA en Mar del Plata. Pasado el flash emotivo, Rossi embistió contra Hermes Binner y le endilgó culpas en la escalada del delito narco en Santa Fe. Binner, candidato del FAP, se encamina a ganar las legislativas provinciales. El peronismo asoma en retroceso frente a Miguel Del Sel. ¿Aspira Rossi a querer encaramarse otra vez sobre las ruinas del PJ santafecino después de octubre?
Santa Fe y Córdoba son provincias administradas por fuerzas políticas enfrentadas con el cristinismo. Los socialistas tuvieron dos tiempos. Acompañaron un buen trecho a Cristina, incluso después del conflicto con el campo. Pero el vínculo se quebró desde el 2011. Fue cuando asumió Bonfatti y luego que la Presidenta proclamó aquel célebre“vamos por todo”, en un acto en el Monumento a la Bandera.
Desde el Ministerio de Seguridad, antes con Nilda Garré y ahora con Arturo Puricelli –siempre con Berni–, y la Justicia se iniciaron investigaciones en torno a la Policía de Santa Fe sin conocimiento del gobierno provincial. Con respecto a la Justicia, habría una coincidencia con lo ocurrido en Santa Fe y Córdoba. La procuradora Alejandra Gils Carbó designó en Rosario a un fiscal subrogante –Juan Patricio Murray– que parece haber espoleado conflictos políticos con el gobierno socialista. De la Sota denunció a Gils Carbó por haber promovido la acción contra la cúpula policial cordobesa a través de otro fiscal cercano, Enrique Senestrasi.
Los socialistas vienen reclamando la separación de Murray. Una delegación partidaria de legisladores reclamó, a propósito, un encuentro con Gils Carbó. La procuradora General accedió de inmediato. Las sorpresas de los visitantes fueron varias. La mujer recibió a los socialistas en su despacho sentada al lado de Murray. Se mostró atenta a la exposición sobre los narcos que actúan en Santa Fe y prometió toda su colaboración. Pero se habría despedido con una frase infortunada: “Haré lo que haga falta hacer. No importa a quién afecte. Mi principio como funcionaria del Estado es la independencia”, recalcó. Los socialistas entendieron que la reunión habría sido en vano.
Berni, en cambio, no promete aquello que sabe que nunca podrá dar. La decisión de arrear hacia Buenos Aires a los gendarmes del interior fue adoptada por Cristina. El secretario de Seguridad se limitó a cumplirla. La dotación de Santa Fe superaba los 500 agentes.
Ha quedado reducida a un lote de 70.
El problema no radica en el resguardo de la seguridad en las ciudades importantes, a cargo de la Policía provincial. La cuestión sería el desguarnecimiento de las rutas. Una de ellas es la 34 que se extiende por Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. Fuentes de inteligencia provincial señalan que por otro trazado circula gran parte de la droga que viene de Paraguay, continúa por Corrientes y haría base en el sur del Chaco. Cabría recordar el informe del auditor general, Leandro Despouy, que alertó sobre la ausencia de controles en la hidrovía Paraguay-Paraná. Se trataría apenas de tres de una infinidad de vías de ingreso. Esas mismas fuentes aseguran que sólo en el norte del país entrarían diariamente de manera clandestina más de 60 aeronaves que trasladan droga.
Para correr el foco puesto sólo en Santa Fé y Córdoba, valdría detenerse en un relevamiento del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Según ese trabajo del 2012 –realizado en Capital, conurbano y 20 ciudades del interior– el 64% de los habitantes de villas de emergencias saben de la existencia en esos asentamientos de vendedores de droga. En los núcleos de clase media ese conocimiento orillaría el 22%. La filtración no respetaría ninguna condición social, aunque unos parecieran más acechados que otros.
Frente a un problema de semejante magnitud, los arrestos individuales parecerían condenados al fracaso. El gobierno de Santa Fe impulsacon dificultad una reforma policial y judicial. La Legislatura aprobó el presupuesto que elevó al 20%, sólo por debajo del destinado a Educación, el gasto para la seguridad. De poco serviría de no existir una acción mancomunada del Estado. Parece ser el Estado, un ícono del relato K de esta década, el que asomaría anémico e ineficiente para dar batalla al delito, a la violencia y al narcotráfico.
No sólo por eso. El nuevo accidente ferroviario de ayer en Once desnuda la profundidad de la atrofia estatal.
La palabra oficial, en este campo, debería moderarse para no ser tomada como burla.
La inseguridad, al menos en Buenos Aires, se ubicó como eje en el final de la campaña. Esa constituye, según todas las encuestas, la principal inquietud popular en el país. Sergio Massa, el candidato del Frente Renovador, martiriza a Scioli y a Insaurralde con propuestas de policías municipales y reformas en la Justicia. El intendente ha levantado la guardia en las últimas horas ante un rumor intenso de campaña: la posibilidad de algún episodio desagradable y resonante en Tigre.
El gobernador y el candidato K aceptan la existencia del problema. Es todo lo que pueden. Promueven gestos de endurecimiento –que el cristinismo no comparte– que nadie sabe si sobrevivirán a los resultados del domingo 27.
Scioli e Insaurralde, sin embargo, estuvieron la semana pasada más ocupados con Cabandié que con Massa. El desborde del candidato a diputado K porteño cuando fue sometido a un control vehicular en Lomas de Zamora, se extendió como una nube tóxica en Capital y Buenos Aires. El episodio marcará para siempre esta campaña aunque, hurgando en el fondo, trasuntaría síntomas más graves que el simple arrebato.
El de Cabandié no ha sido un hecho aislado.
Lo prologaron, de distinta forma, Mariano Recalde, el titular de Aerolíneas Argentina y los diputados Andrés Larroque y José Ottavis. Todos son integrantes de La Cámpora, una de las columnas que sostiene el sistema de poder de Cristina. En esos sucesos existió un patrón común: la prepotencia, la descalificación, el abuso.
Los camporistas son jóvenes que crecieron e ingresaron a la vida política en democracia. Aunque varios de ellos tengan estragada su historia familiar por la dictadura. Esa realidad sería tan reveladora como inquietante. Interpelaría, por un lado, sobre las enseñanzas dejadas por 30 años de esa democracia. Sembraría pesimismo sobre el destino de una política ya pobre, que aquellas conductas hundirían en la indigencia.
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