Cristina Fernández le reprochó la semana pasada a Axel Kicillof y a Juan Carlos Fábrega, el titular del Banco Central, las nuevas turbulencias económicas. No se estaría cumpliendo la paz con el dólar que le había prometido después de la devaluación de enero, sobre todo, el ministro de Economía. Sin embargo, no constituye ése, ahora mismo, el principal desvelo presidencial: le teme más a las que considera frecuentes rebeliones en el Poder Judicial. ¿De qué se trata? De varios fallos adversos contra funcionarios de su Gobierno y contra ella misma –el caso Chevron– por denuncias de corrupción. Le inquieta el desarrollo de la transición aunque, en especial, el futuro. Será su tiempo de regreso al llano.
El caso más llamativo, quizás, es el de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal. La integran Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky. Siempre se la consideró, con matices, afín al kirchnerismo. En un puñado de días rechazó el pedido de sobreseimiento de Amado Boudou por el escándalo Ciccone. Ordenóreabrir la causa por enriquecimiento ilícito en la cual Julio De Vido había resultado perdonado. Dispuso una condena de prisión (en suspenso) de seis meses contra el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por intentar robar pruebas durante un allanamiento. Podría ir preso no bien tenga otro fallo adverso, en alguno de los tantos juicios en que permanece involucrado.
No fueron aquellos los únicos reveses. Otro tribunal afín a los K declaróinconstitucional el pacto con Irán por el atentado a la AMIA que causó 85 muertos. Sobre ese veredicto existen dos miradas. Una, que podría interpretarlo como un nuevo golpe judicial contra el Gobierno. Otra, que indicaría la posibilidad de una salida decorosapara Cristina del laberinto en que estaba atrapada. Pero la inconstitucionalidad no le quita vigencia al pacto: haría falta su denuncia en el Congreso por incumplimiento.
La Cámara Federal de Tucumán resolvió continuar la investigación contra César Milani, el jefe del Ejército, por presunta violación de los derechos humanos durante la dictadura. La Corte Suprema falló a favor de una empresa que litigó por restricciones a la importación en los años 90. Se estaría confeccionando una lista de empresas dispuestas a tomar igual camino, perjudicadas por el cepo cambiario.
El kirchnerismo habría resuelto tomar al Poder Judicial como una de las trincheras para cuando llegue la época de la resistencia. La reforma judicial del año pasado le permitió expandir las Cámaras de Casación y cubrir cargos con propia tropa. La semana pasada el Senado comenzó con la nominación de más de 350 conjueces, de primera y segunda instancia, la mayoría de ellos ungidos por la organización Justicia Legítima, que comanda Alejandra Gils Carbó, la procuradora General. Varias provincias con administraciones K realizan trámites similares. Aunque los ojos públicos quedaron enfocados sobre la decena de conjueces que los senadores K votaron para la Corte Suprema. El oficialismo impuso su criterio de votarlos por mayoría simple. La oposición reclamó la proporción de los dos tercios, como le cabe a los magistrados. La historia entrecruzó posiciones de ambos bandos. Cuando en el 2004 Cristina presentó como senadora la reforma al alto Tribunal, para que termine conformado con cinco miembros, se debatió la situación de los conjueces. La entonces legisladora Vilma Ibarra planteó que sus nombramientos debían seguir igual procedimiento que el de los jueces, incluso con la aprobación por los dos tercios.
Cristina la respaldó con énfasis. Pero esa norma nunca resultó reglamentada.
La ofensiva kirchnerista en la cima judicial tendría, de todas formas, sus límites. Cinco de los jueces de la Corte –Raúl Zaffaroni se abstuvo– precisaron que de ser necesario un voto más en alguna causa empatada, se recurrirá a los titulares de las Cámaras Federales. Esa coincidencia está basada en la letra del Código Civil. Los conjueces podrían actuar en caso de que se excusaran todos los camaristas. Los antecedentes demuestran que la intervención de algún conjuez sólo fue necesaria para dirimir causas ligadas a cuestiones salariales del Poder Judicial.
La batalla por el control de la Justicia empieza también a perfilarse fuera del Palacio.
A fin de este año deberán renovarse las autoridades del Consejo de la Magistratura.
Es el organismo encargado de proponer, sancionar o destituir a los jueces. Su futura conformación coincidirá con dos ciclos distintos: el epílogo del kirchnerismo y los tres años siguientes del nuevo Gobierno. A partir de septiembre se esperan tres elecciones.
Una en la Asociación de Magistrados, con casi 100 mil afiliados, para definir los tres jueces del Consejo. Otra en el Colegio de Abogados para ungir dos representantes. La restante en las Universidades Nacionales de todo el país (carrera de Derecho) para determinar el próximo consejero académico. El kirchnerismo viene armando listas en los tres frentes. Eintenta filtrarse, incluso, en aquellas que a priori parecen dominadas por opositores. Los senadores y diputados deberían completar aquella renovación.
Esa pretendida avanzada kirchnerista envuelve otros estamentos del Estado. El cuerpo diplomático es uno de ellos. Se busca eliminar el tope para la designación de los embajadores políticos y cubrirlos con verdaderos militantes. Los defensores de la profesionalización no la estarían pasando nada bien. Un delegado interno de los diplomáticos de carrera fue alejado a la representación argentina en Australia. Se trata de Eduardo Angeloz, hijo del ex gobernador radical de Córdoba. Los K saben, de todas formas, que esa invasión en la Cancillería no tendría el mismo valor que el pretendido copamiento judicial. El Gobierno que alumbre en el 2015 podría reordenar con cierta facilidad el servicio exterior. La tarea sería mucho más ardua –y hasta en algún punto imposible– en la estructura de la Justicia.
Casi nada de lo maquinado por los K en ese campo tendría que ver con la actualidad de Boudou. El vicepresidente está aislado en el Gobierno y sobrevive únicamente por la obstinación de la Presidenta. Lo manda, a veces, a defender porque cree que así se defiende a ella misma. Pero esa decisión suya de fin de año de designar al senador radical K, Gerardo Zamora, como presidente provisional del Senado (primero en la línea sucesoria ante una eventual ausencia de Boudou), constituiría un anticipo de su previsión sobre el futuro.
La causa Ciccone estaría denunciando ahora varias cosas. No parece similar la dinámica del fiscal Jorge Di Lello, dispuesto a definir el caso, que el manejo de los tiempo de Ariel Lijo. El juez tendría ya (aunque sigue juntando evidencias) razones suficientes para citar al vicepresidente a una declaración indagatoria. Ese paso podría significar la desestabilización política del vice guitarrista. Lo sabe y lo sufre, porque las presiones del poder no son menores. También lo sufren los testigos, cuatro de los cuales fueron amenazados. El último, José Guillermo Capdevila, decidió dejar el país. Fue el ex jefe de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, que le aconsejó a Boudou que no opinara sobre el pedido de moratoria de la empresa Ciccone a la AFIP para salvar su quiebra. El ahora vice hizo lo contrario y aportó una prueba importante en su contra.
El viaje de Capdevila también encerraría sus bemoles. Pese a que denunció las amenazas recibidas no recibió trato de testigo protegido. El juez Sebastián Cassanello le otorgó esa condición recién luego de su salida. Cassanello investiga la ruta K del dinero clandestino que involucra a Lázaro Báez. Pero el empresario patagónico viene a la cola, al parecer, del interés del magistrado. Capdevila fue un antiguo funcionario de carrera del ministerio, que supo tener vínculos con el peronismo. Junto a su padre asistió por años a un gremio poderosoque comanda un conocido dirigente cegetista, alineado ahora con el metalúrgico Miguel Caló. Los enigmas son muchos, las intenciones, indescifrables.
La causa tendería a enchastrarse cada día mas.
Esa mancha parece extenderse, a veces, hasta fronteras inimaginables. ¿Alguien podía suponer que Francisco, el papa, quedaría enmadejadocon el Gobierno por el envío de una carta de salutación a Cristina y a la sociedad por el 25 de Mayo? El kirchnerismo (Oscar Parrilli, secretario General de la Presidencia) aprovechó la ocasión para decir que Su Santidad se había sentido molesto por la interpretación que dieron a la misiva algunos medios de comunicación. Al menos así lo comunicó el embajador Juan Pablo Cafiero. La carta tomó formato de noticia y de escándalo porque el jefe de protocolo del Vaticano, monseñor Guillermo Karcher, la calificó de “trucha”. De otro modo hubiera pasado casi fríamente sobre la fogosa realidad argentina. El mismo Karcher le otorgó más tarde a esa carta absoluta veracidad y abonó infinidad de conjeturas.
La novela vaticana no desentonó con una cronología semanal en la cual la política, como desde hace demasiado tiempo, pareció transitar los caminos de un submundo. Milani, el jefe del Ejército, se defendió con falsedades en una causa sobre derechos humanos. Un testigo que compromete a Boudou, debió huir amenazado. Eduardo Duhalde y Carlos Reutemann se trenzaron en una polémica degradante.
El ultra K Carlos Kunkel ostentó vulgaridad al embestir contra el diputado Martín Insaurralde y su mujer.
Le haría falta a este país un poquito de piedad.
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