Por Silvia Pisani
Funcionarios del gobierno de Barack Obama siguieron ayer "con atención" la audiencia en la que el juez Thomas Griesa declaró "ilegal" todo intento por cambiar la jurisdicción de los bonos de deuda argentina y reiteraron que "no es ésta una cuestión política", y que la mejor manera de superar el litigio es un acuerdo entre las partes afectadas, dijeron a la nacion voceros del Departamento de Estado. "Los tribunales de Estados Unidos toman sus decisiones basados en la interpretación de las leyes y de un modo independiente del Poder Ejecutivo".
"Seguimos la cuestión con interés", añadieron fuentes de la cartera que lidera John Kerry. En igual sentido, reiteraron la posición que esa agencia viene teniendo desde que, por abstención, la Corte Suprema de este país ratificó en su totalidad el fallo adverso al país que produjo Griesa.
"El mejor camino para la solución de este problema es un acuerdo de partes", dijeron. "Es en el interés de la Argentina que entendemos que debe normalizar su relación con los acreedores". Más allá de esos comentarios, la nacion recogió ayer una impresión ambivalente en agencias de la administración a la hora de evaluar el impacto de la audiencia de ayer.
Una fue la gran dificultad que esa declaración implica para el plan de canje anunciado por la presidenta Cristina Kirchner y la interpretación de que, si al momento de presentarlo ya sonaba difícil, con la declaración de ilegalidad de ayer quedó muy gravemente afectado en sus posibilidades reales. Por el otro, sin embargo, hubo una señal de aliento ante la actitud de Griesa de no declarar al país en desacato "para no entorpecer más las cosas".
El giro alimentó en esas fuentes la impresión de que el juez quiere colaborar en la búsqueda de una solución. Una salida que, sin embargo, se vislumbra lejana.
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