Por Julio Blanck
El lunes 14 de julio, quien hasta entonces era conocido como Ignacio Hurban se presentó en la sede del Banco Nacional de Datos Genéticos, en el hospital Durand del barrio porteño de Caballito, para sacarse sangre en cumplimiento de una disposición judicial. La muestra fue tomada en presencia de la doctora Belén Rodríguez Cardozo, directora del Banco desde 2006. Dos semanas más tarde, el martes pasado, con la firma de la doctora Rodríguez Cardozo, el BNDG le informó a la jueza María Servini de Cubría que con un 99,9% de certeza Ignacio Hurban era hijo de Laura Carlotto y Walmir Oscar Montoya, ambos secuestrados y asesinados durante la dictadura militar. Servini se comunicó con Estela Barnes de Carlotto, la citó a su juzgado y le confirmó que después de 36 años de búsqueda al fin su nieto había sido encontrado. Le obsequió una copia del informe de BNDG. Y las dos mujeres lloraron juntas.
Hasta aquí, los hechos que resumen una conmovedora y feliz noticia que merece ser celebrada -al igual que la recuperación de los 113 nietos anteriores a este caso- como un logro formidable de la democracia argentina y en especial de quienes lucharon de modo incansable, y lo siguen haciendo, por la verdad y la justicia. Un logro ante el que no deberían tener espacio las mezquindades ni las miserias, ni de un lado ni del otro.
Por eso mismo resulta cuando menos curioso que en el sistema de difusión del oficialismo se haya opacado notoriamente el papel decisivo del Banco de Datos Genéticos. Y que quienes aparecieron dando explicaciones sobre la recuperación de la identidad de Guido Carlotto hayan sido funcionarios del área de Ciencia y Tecnología de sólida trayectoria e indudable mérito académico, como el doctor Víctor Penchaszadeh, pero que no forman parte del BNDG y por lo tanto no participaron de este proceso pericial.
El Banco de Datos Genéticos es un organismo estatal, fue creado en 1986 y desde entonces depende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Durante veinte años estuvo dirigido por la doctora Ana María Di Lonardo. Los profesionales que lo integran, así como sus “primos hermanos” del mundialmente afamado Equipo Argentino de Antropología Forense, una ONG que trabaja para el Estado a partir de convenios, bien pueden ser llamados los guerreros silenciosos de la verdad. Son quienes, desde la ciencia, dan certeza a la identificación de restos humanos y lazos familiares que traen a cuestas, siempre, historias trágicas.
El prestigio del trabajo de estos científicos se edificó en el necesario contexto de fuerte prescindencia del interés político, incluso de la ansiedad natural de las familias involucradas, sin que esto hubiese disminuido un ápice el compromiso de sus integrantes con la búsqueda de verdad y justicia.
Algo de ese espacio incontaminado de parcialidad podría estar en riesgo a partir de una ley votada en 2009 por la cual el BNDG debe pasar a la órbita del gobierno nacional, más específicamente al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ya tiene preparados para ello dos pisos en un edificio de la avenida Córdoba.
Organismos de derechos humanos interpusieron varios recursos judiciales para frenar esa mudanza física y jurisdiccional, afirmando que lo que se pretendía era poner al Banco bajo el control político del kirchnerismo y por extensión de las Abuelas de Plaza de Mayo cuya titular, Estela de Carlotto, es una notoria defensora del Gobierno y de la Presidenta.
El traslado del Banco a Ciencia y Tecnología tenía fecha para marzo de este año, pero se demora porque, aunque algunas objeciones judiciales fueron rechazadas, otras aún siguen sin resolverse. Por ejemplo, un recurso de inconstitucionalidad de artículos de la ley votada en 2009 quelimita la acción del BNDG solamente a los casos de lesa humanidad.
Fuentes del Banco señalan que históricamente el 75 por ciento de las verificaciones de identidad que ellos realizan se refieren a cuestiones de familia con estado judicial, desde adopciones a herencias, que requieren aclarar filiaciones para resolver sobre asuntos personales o patrimoniales.
Quienes cuestionan el pase del Banco al gobierno nacional señalan que restringir su tarea sólo a los temas vinculados a los derechos humanosfavorecerá el negocio de laboratorios privados dedicados a la genómica humana. Al limitarse la acción del organismo público con capacidad para hacer esa tarea, esos laboratorios serían los únicos en condiciones de llevar adelante la mayor parte de los estudios genéticos demandados.
Esta inquietud sobre una supuesta partidización y privatización de las búsquedas genéticas se refleja en la acción de los organismos de derechos humanos que no forman parte del sistema de poder kirchnerista. Y también tiene expresión en el Congreso a través de iniciativas de la senadora cordobesa Norma Morandini, del Frente Amplio UNEN.
Una de las disposiciones de la ley de traslado del BNDG es la designación de un nuevo director. Debe hacerse por concurso y ya hay impugnaciones. Organismos de derechos humanos cuestionaron, por ejemplo, la postulación de la doctora Mariana Herrera. Aducen sus vínculos con laboratorios privados de genética y el que haya integrado el comité que reglamentó la ley. La doctora Herrera, de estrecha relación con Abuelas de Plaza de Mayo, fue también perito de parte de la familia Lanouscou-Miranda, que reclamaba como nieta a Marcela Noble Herrera, hija de la directora de Clarín.
Como se recordará, el BNDG determinó en 2011 y 2012 que los hermanos Noble Herrera no son hijos de desaparecidos.
Bajo custodia del BNDG quedan hoy 253 muestras vinculadas a otras tantas búsquedas de nietos probablemente nacidos en cautiverio durante la dictadura militar. De ellas, 106 corresponden a causas abiertas en la Justicia federal, y 147 a denuncias efectuadas ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que todavía no han avanzado en causas específicas.
La recuperación de la identidad del nieto de Estela de Carlotto es parte de una historia y un legado del que los argentinos podemos sentirnos orgullosos. Sería bueno que lo peor de la política no contamine su futuro.
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