El Ministerio Público Fiscal pidió al intendente de Mar del Plata, Gustavo Pulti, que "se rechace la habilitación de una sucursal del prostíbulo Cocodrilo” en la ciudad balnearia, ya que “generaría una violación inminente de los derechos de las mujeres, en especial el de preservar su dignidad frente a situaciones de explotación”.
La solicitud fue realizada por el fiscal Daniel Adler, en coordinación con el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación Sexual (Protex), Marcelo Colombo, y la responsable del Programa de Políticas de Género, Romina Pzellinsky, que aportó documentación sobre las causas en las que está involucrado el local ubicado en el barrio porteño de Recoleta.
“La apertura generaría una violación inminente de los derechos de las mujeres, en especial el de preservar su dignidad frente a situaciones de explotación”, sostuvo Adler en su escrito. Además indicó que el funcionamiento de este establecimiento entraría en “palmario enfrentamiento con normas del derecho nacional e internacional”. Adler citó la ley 12.331 que prohíbe “el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella” y el Protocolo de Palermo de Naciones Unidas que sanciona el delito de trata e insta a su prevención.
“Las leyes nacionales, pactos y convenios internacionales invocados no esperan a que los daños se produzcan. Los bienes jurídicos son de tal magnitud que las normas no sólo obligan a sancionar la trata de personas sino también a prevenirla, y sin dudas la instalación de un lugar que está inequívocamente señalado como de explotación sexual de mujeres provoca exactamente un efecto contrario”, explicó el fiscal.
La documentación también apuntó a que “quien dice ser el dueño de Cocodrilo Buenos Aires, Omar Suárez, es la misma persona que promociona la llegada de Cocodrilo a Mar del Plata desde el año pasado”. El sitio Fiscales.gob.ar recordó que Cocodrilo fue denunciado en 2010 por la la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (el antecedente de lo que hoy es la Protex), instancia que disparó una investigación en la que “se comprobó la falsedad ideológica de numerosas actas de inspección que debían labrar las comisarías”.
El informe presentado por Adler señala que, en al caso de Cocodrilo, aunque los reportes policiales no registraban irregularidades, tareas de inteligencia realizadas por Prefectura y Gendarmería Nacional “arrojaron como resultado que en dicho local se ofrecían servicios sexuales, lo cual daba muestras de una operatoria de presunta connivencia policial”.
Fuente: Télam.
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